México, 21 de julio (Reforma).- A dos años y medio de operar, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) debe adaptarse a las necesidades que presentan las organizaciones sociales que trabajan en zona de riesgo.
Así lo solicitaron integrantes de 40 organismos internacionales, organizaciones sociales y académicos que participaron ayer en una mesa de trabajo con Eunice Rendón Cárdenas, encargada de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Clara Jusidman, presidenta de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social), sostuvo que los retos más importantes son lograr que los recursos para los programas se entreguen a tiempo y que cada proyecto tenga continuidad.
“En años anteriores, los recursos llegaban hasta julio, agosto o en noviembre había mucha apuración para que se hicieran acciones porque ya iba a terminar el año. El problema que enfrenta el programa nacional es por las disposiciones de la Secretaria de Hacienda. Al final, la Secretaria de Hacienda es la que define cómo se hace la política social de este País.
“De aquí a que restaura la confianza en una comunidad que ha sido agredida bajo violencia crónica, donde la gente está metida en sus casas y no quiere saber de nada, uno tiene que reconstruir la confianzas y el tejido social y eso no se hace con programas anuales”, dijo.
La activista criticó que por la falta de recursos hay planes de cultura o deportes para niños y jóvenes que duran seis meses y luego se terminan sin tener un impacto contundente en las zonas catalogadas como de alto riesgo.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), consideró que la política de prevención del delito no ha logrado impactar en todo el País, si se consideran los polígonos que definió como prioritarios el Gobierno federal.
“El programa debió empezar de una forma más instrumental, entendiendo, focalizándolo y concentrando todos los esfuerzos en regiones cerradas y no en tantos espacios abiertos. Insisto, son pocos recursos para tanta población”.
Rivas expuso que los resultados de la política de prevención se podrán ver hasta dentro de 5 o 10 años, por ello les preocupa que el Gobierno federal considere los planes actuales son un éxito en reducción de violencia.
Georgina Tello, de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) en San Antonio Texas, afirmó que el reto más importante es que cada sexenio continúe los programas sociales que dan buenos resultados.
José Antonio Enríquez, de la organización Mesa de Seguridad y Justicia, que trabaja en Ciudad Juárez, enfatizó que es obligación de cada organización medir el impacto que tienen con sus programas.
Entre los asistentes a la reunión estuvieron representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México, Fondo de Población de las Naciones Unidas México (UNFPA) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
Así como académicos del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
Buscan institucionalizar programas sociales
Lograr que los programas sociales para la prevención del delito continúen después de cada Administración municipal, estatal o federal es uno de los retos que enfrenta la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob.
Así lo expuso Eunice Rendón, encargada de la subsecretaría, luego de participar en una mesa de trabajo con representantes de 40 organizaciones sociales, representantes de organismos internacionales y académicos.
“Hay que institucionalizar la política pública para que no sea cosa solamente de un sexenio o cosa de voluntad política, sino un tema de Estado y un tema en el que se pueda seguir trabajando más adelante.
“Lo que es una realidad es que el 100 por ciento de los diagnósticos han mejorado con respecto a su primer año, eso muestra parte de otro reto de tener diagnósticos mucho más puntuales”, agregó.
La funcionaria explicó que para mejorar los proyectos se han modificado 40 reglas de operación, lo que impactan en la meta de los programas que es propiciar alternativas de empleo, sociales y de desarrollo para los jóvenes en situación de riesgo.
La funcionaria explicó que para fortalecer el diseño, implementación y evaluación de los planes cada mes se reunirá con representantes de las ONG, académicos y organismos internacionales.
Arcelia Maya
0 comments for “Plantean ajustes en plan antidelito”