México, 22 de abril.- ¿Qué sucedió en Apatzingán la pasada noche de Reyes? Definitivamente, no lo que se informó oficialmente. Y eso es lo grave, que como sucedió en Tlatlaya, haya una versión oficial que no puede sostenerse.
Michoacán ha estado, literalmente, hirviendo. Primero por la ausencia de la autoridad, en todos los ámbitos, y luego por la actuación a “modo” de las fuerzas rurales.
La creación de esos grupos paramilitares, uniformados y armados como policías, está arraigada en el resultado violento. El gobierno de la República, por decisión de Alfredo Castillo, les otorgó permiso para delinquir a cambio de la promesa de “pacificar”.
En Apatzingán quienes habían tomado control pertenecían a Los Viagra. Eran parte de la nueva “fuerza rural” pero actuaban como criminales. Castillo perdió el control y pidió la llegada de la policía federal, con quien no estaba en buenas relaciones.
¿Qué sucedió esa noche?
Lo que tenemos hoy, como sucedió en Tlatlaya, gracias a una investigación periodística son muchos cadáveres, de civiles, o si se prefiere de presuntos criminales, literalmente masacrados.
Como si fuese una población de Afganistán, el testimonio de cuerpos ensangrentados, amontonados, no puede ignorarse.
La policía federal, según algunas versiones con la participación de militares, les disparó. Están los audios donde se escucha el grito de “mátenlos como perros”. También otros audios donde un hombre pide auxilio, que dejen de dispararles porque “no traigo más que puros palos y mujeres y niños”.
Aparentemente las víctimas, que protestaban por sus salarios caídos ya que Castillo había desbaratado este grupo sin pagarles, no llevaban armas largas. Las fotografías de los cadáveres que salieron a la luz este fin de semana muestran balazos a corta distancia.
Fueron dos “enfrentamientos” en la misma noche. En el segundo murieron 7 muchachos menores de veinte años.
Los heridos no fueron auxiliados y murieron desangrados, según testimonios de vecinos.
Los pocos que llegaron al hospital Ramón Ponce, según testimonio de su director, el doctor Carlos Torres Vega, llevaban heridas de bala con tatuaje, la huella de pólvora que queda cuando los disparos son a corta distancia.
Al día siguiente la misma policía federal impidió que los heridos fueran trasladados a Morelia.
Y posteriormente detuvo a cuarenta y cuatro personas, veinticinco de ellas integrantes del grupo “Los Viagras” y diecinueve personas ajenas a su protesta. Días después, el 14 de enero, el juez de Uruapan, Jorge Wong Aceituno ordenó su liberación porque quedó establecido que no accionaron armas ni calificaban el delito de “asociación delictuosa”.
Las declaraciones oficiales, de Alfredo Castillo, afirmaban que estos muertos eran por “fuego amigo”.
El saldo fue de dieciséis muertos.
Y cientos de miles de mexicanos estamos profundamente indignados.
El sábado pasado, 18 de abril del 2015, la oficina del comisionado de seguridad y jefe directo de la policía federal, envió un comunicado afirmando que habían recibido, de manera “anónima”, un video donde podía haber elementos de una actuación con “exceso de fuerza” por lo que se pidió a la PGR una investigación.
Este lunes, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong aseveró que habrá dos investigaciones, una de la autoridad penal y otra interna para deslindar responsabilidades.
De estas indagatorias depende que el Estado nos garantice, como sociedad, que las autoridades actuarán con apego a las leyes y que su papel será el de protegernos.
Lo que se rompió en Apatzingán fue el Estado de Derecho que debe garantizar el Gobierno de la República. La capacidad de respuesta que tengan, gobierno, Estado Mexicano, ante estos hechos significa un parteguas vital. El mensaje que vendrá es de impunidad al asesinato de civiles o de castigo a los policías asesinos….
Aceptar que la policía tiene permiso para matar es un suicidio social.
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor