México, 20 de febrero.- Desde antes de la tragedia de Iguala, de la subsecuente campaña política contra el Ejército, las encuestas mostraban una tendencia hacia abajo en la aceptación social de la sociedad a los hombres de uniforme.
Nunca habíamos vivido la crítica severa, en todos los medios de comunicación, que ha tenido el Ejército. Ni tampoco imaginamos que turbas de ciudadanos tomasen cuarteles con gritos ofensivos y violencia.
Menos pudimos imaginar que se exigiese castigo a militares acusados de asesinar a civiles en Tlatlaya.
Y, como si todo lo anterior fuese poco, en las entidades donde se ha entregado el mando en seguridad pública a jefes militares, hay un fracaso enorme que se mide en violencia, inseguridad y muerte.
En los hechos el Ejército, que cumple este febrero 102 años de su inicio, vive los peores días de su historia.
¿Por qué?
Tal vez el origen de todo sea la inclusión forzada en labores que no le corresponden cabalmente, su participación en el combate al crimen organizado a modo del mandatario en turno. Eso les ha traído un desgaste inmenso, tanto en la escasez de resultados como en la confrontación cotidiana con civiles.
Todo ello en un marco legal confuso. Donde no existe claridad suficiente para definir dónde comienza y dónde termina su papel.
Los militares, los soldados que como bien dice el general Cienfuegos son pueblo, están entrenados para utilizar sus armas, para defender la integridad del territorio nacional y no han sido educados en materias de investigación y respuesta policiacas. Que son temas muy distintos.
Cuando se dio a conocer, desde el extranjero, que en Tlatlaya había habido varios “fusilamientos” y la PGR, bajo el mando de Jesús Murillo Karam, inició un investigación que llevó a varios militares a la cárcel, la sociedad se aterró, verdaderamente espeluznó, de que pudiesen suceder hechos tan salvajes, tan fuera de la Ley.
Versiones van y vienen, lo cierto es que hay un grupo de muchachos, presuntos criminales, muertos de manera sospechosa después de un presunto “enfrentamiento”.
Esto hacía dentro de las fuerzas armadas tiene que haber afectado su ánimo, por más que obedezcan con lealtad. Porque no se ha llegado a la cadena de mando, hasta el jefe superior que dio las ordenes o que, en su lugar, estuvo enterado de lo que sucedía en Tlatlaya.
¿Haba necesidad? Los mandatarios recientes han visto la necesidad de que el Ejército participe en el combate a criminales. En esto no intervienen los militares que ni siquiera son consultados al respecto.
Y tal vez esto deba cambiar.
Lo cierto es que algo no es favorable en los sentimientos de la sociedad hacía las Fuerzas Armadas. Y, también, lo todavía más cierto es que la Secretaría de la Defensa Nacional debe analizar cuáles son las causas de esto.
No se trata, no hay forma de simplificar, de asumir que hay personas que buscan distanciar al Ejército del pueblo, sino de replantearse muchos temas de fondo en la relación, cada día más viva y demandante, entre Ejército y sociedad civil.
A la celebración de este 102 Aniversario en adversas condiciones habrá que agregar el homenaje que hiciera el primer mandatario, Enrique Peña Nieto, a los miembros del Estado Mayor Presidencial, como si fuesen una entidad muy distinta. De hecho establecer una fecha para su magnificación, con la inauguración de una escultura conmemorativa, tiene que haber herido muchas susceptibilidades dentro de las Fuerzas Armadas.
No importa que el número de quejas que ha recibido el Ejército en estos primeros años del sexenio de Peña Nieto haya disminuido, comparado con años anteriores, en cualquier porcentaje. Las quejas de grandes sectores sociales, las críticas en medios de comunicación, la utilización política de señalamientos graves relacionados con Iguala, todo lo que vivimos hoy tiene una trascendencia mucho mayor.
No hay espacio, sobre todo dentro de las fuerzas armadas, para hacernos los sordos…
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor