México, 6 de enero (Reforma).- Padres de los jugadores del equipo de futbol “Los Avispones” acusaron al Ministerio Público del Fuero Común de Iguala de que bajo presión obligaron a sus hijos a rendir su declaración sobre la agresión que sufrieron por parte de individuos armados en donde murió un futbolista y el chofer del autobús en que viajaban la noche del 26 de septiembre.
Ante un grupo de integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) encabezados por el comisionado de este organismo, Julio Hernández Barroso, varios familiares aseguraron que durante la madrugada del sábado 26 el representante social amenazó con no dejar salir de las instalaciones a los futbolistas y cuerpo técnico si no firmaban el acta de su declaración.
Facundo Serrano Urióstegui, director de cultura física y del deporte del Ayuntamiento de Chilpancingo y quien ese día acompañó al equipo a su encuentro de futbol en Iguala, relató que el Ministerio Público ordenó que a todos los muchachos que son menores de edad se les practicara la prueba de Harrison para determinar si habían realizado o no disparos de arma de fuego durante el ataque.
“Fue algo verdaderamente terrible porque las autoridades de la Procuraduría de Justicia pretendían establecer que lo que había ocurrido había sido un enfrentamiento y no un ataque artero contra nosotros”, señaló el funcionario.
En los hechos del 26 de septiembre, luego de los dos ataques contra los normalistas de Iguala por parte de sicarios del grupo delictivo “Guerreros Unidos” y de policías municipales, otro comando agredió a tiros a los futbolistas de este equipo de tercera división profesional en el crucero de Santa Teresa, en la carretera federal Iguala-Chilpancingo.
En esta agresión murió el futbolista de 15 años de edad, Josúe David García y el chofer del autobús, Víctor Lugo Ortiz.
En otros hechos de ese día en Iguala, los integrantes de este grupo criminal aliados con la policía municipal mataron a un taxista y a tres normalistas de Ayotzinapa e hirieron a 22 personas más.
Además, desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En su intervención, Julio Hernández Barroso reveló que la Fiscalía General de Guerrero se negaba a proporcionar copia de la averiguación previa a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de Secuestro de la PGR y a los familiares de los jóvenes agraviados.
En los próximos días, un grupo de agentes del ministerio público federal estarán en Chilpancingo para tomarles la declaración a los futbolistas agraviados y cuerpo técnico para que ratifiquen o modifiquen lo que dijeron en su primera declaración ministerial.
En la reunión que se realizó en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde estuvo el presidente interino de este organismo, Ramón Navarrete y el Alcalde de esta capital, Mario Moreno, Hernández Barroso dijo que los padres de los jóvenes podrían interponer una denuncia contra la Fiscalía General de Guerrero si se comprueba de que hubo presión por parte del representante social cuando les tomó la declaración.
En esta nueva reunión con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se acordó continuar con el proceso de reparación del daño que contempla una compensación económica, becas para los jóvenes agraviados, ayuda psicológica y pago de los gastos médicos.
El pago económico de reparación del daño, gastos médicos y otros apoyos materiales se les entregará a los familiares de las víctimas cuando el juez federal de la causa dicte una resolución de sentencia contra los inculpados de estos hechos o bien la CNDH emita su recomendación.
Jesús Guerrero