México, 2 de diciembre (Reforma).- Diputadas de la Comisión Especial sobre el caso Tlatlaya exigieron conocer la cadena de mando de los militares involucrados en la matanza, así como modificar el delito por el que son acusados.
En una reunión con Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, la Comisión repitió su exigencia por conocer quién ordenó la ejecución de personas que ya se habían rendido ante el Ejército.
Además, pidieron que los siete soldados que enfrentan un proceso penal sean procesados por ejecución extrajudicial, y no por homicidio calificado.
“Ella lo que dijo es que, como ya están detenidos, y como se reconoce la responsabilidad del Estado mexicano (…) que con eso ya no iba a haber responsabilidad de Estado”, detalló después de la reunión la diputada Loretta Ortiz.
“Eso es falso, porque no es lo mismo que se detenga a una persona por homicidio calificado que por ejecución, ni la penalidad va a ser la misma”, dijo, “si lo hacen de manera sistemática incluso representa un crimen de lesa humanidad”.
La diputada Elena Tapia agregó que pedirán una reunión con el Ombudsman Luis Raúl González, para aclarar ciertas imprecisiones presentes en la recomendación por violaciones graves de derechos humanos en el caso Tlatlaya, emitida por el entonces titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia.
Por ejemplo, expuso Ortiz, la recomendación no deja claro quiénes son las víctimas, lo cual, para efectos de reparación del daño, las deja en indefensión.
Asimismo, no especifica, a su percepción, cuántas personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por los militares, ni cuál fue la cadena de mando.
La legisladora señaló que se reunirán con la esperanza de adquirir mayor información sobre los hechos, puesto que las autoridades no han proporcionado los detalles suficientes para esclarecer todas sus dudas.
Las diputadas confían en poder elaborar un informe para el Pleno de la Cámara y la sociedad en general, en el cual se detalle el caso, y el cual impulse una legislación en materia de ejecución extrajudicial.
En cuanto a la responsabilidad que tiene el Estado ante los familiares de la víctima, Ortiz explicó que sólo se está brindando información sobre la investigación a quienes se han acercado a las autoridades.
No obstante, no reportó avances en el cumplimiento de otras obligaciones, como una reparación que incluya atención médica, psicológica y económica.
Tapia añadió que las medidas cautelares emitidas en favor de un sobreviviente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se están cumpliendo.
A las otras dos sobrevivientes, quienes se encuentran presas a pesar de haber denunciado tortura y encarcelamiento ilegal, “se les está dando la atención correspondiente”.
Al salir de la reunión, Limón se limitó a asegurar que la reunión fue productiva y que no se pueden dar detalles porque es un asunto de Estado que sigue en proceso.
Diana Baptista
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