México, ¿un estado de excepción?

La bandera mexicana. Foto: EspecialMéxico, 20 de octubre.- Según la teoría política, un estado de expectación puede entenderse como una situación extrema del Estado, en la cual el soberano -Presidente, en el caso mexicano- ejerce su facultad de determinar al enemigo público y en caso de ser necesario trasciende el Estado de Derecho, lo cual significa que se disuelven los poderes establecidos y se suspenden las garantías individuales, por el tiempo que la amenaza persista.

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En México, dicha situación extrema está prevista en el Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual versa así:

En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en un lugar determinado, las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

 

Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, estados sin Estado.

A lo largo de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto, los ciudadanos han sido testigos de como las instituciones democráticamente fundamentadas están perdiendo terreno ante la ilegalidad y corrupción de sus funcionarios.

En el primer caso se puede observar al estado de Michoacán, el cual empezó el sexenio con señalamientos de colusión entre los familiares del entonces gobernador Fausto Vallejo y el crimen organizado. Posteriormente, el surgimiento de grupos armados civiles conocidos como autodefensa dejaron de manifiesto la incapacidad de las autoridades para proveer de seguridad a sus habitantes.

A partir del fenómeno de las autodefensas, se destapó la cloaca de ingobernabilidad sobre la cual vivía Michoacán y poco a poco fueron publicados videos de diversos funcionarios en reuniones privadas con los cabecillas de Los Caballeros Templarios, periodistas en la misma situación y un sinfín de acusaciones, inclusive entre los mismos integrantes de las autodefensa.

El resultado, fue a todas luces devastador para Michoacán: el nombramiento de un comisionado para la seguridad y desarrollo integral de la entidad, en la persona de Alfredo Castillo, quien actúa como un gobernador de facto y la renuncia del gobernador Fausto Vallejo, a unos días de que su hijo fuera evidenciado -mediante un video-  de haber asistido a una reunión con La Tuta, aunque la versión oficial dice que su renuncia se debió a problemas de salud.

La situación en Tamaulipas, si bien no requirió de la designación de un comisionado especial, sí obligó a la federación a mover toda la maquinaria hacia el estado fronterizo, lo cual incluyó constantes visitas del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y constantes reuniones del gabinete de Seguridad, con el fin de diseñar y evaluar la estrategia para poner fin a los embates del crimen organizado.

A pesar de los mensajes optimistas publicados por las instancias oficiales, con respecto a los resultados de las diversas acciones llevadas a cabo en el interior de Tamaulipas, basta con revisar las primeras planas de los principales diarios del país o echar un vistazo al hashtag #reynosafollow en la red social conocida como Twitter para ver que las balaceras, cuerpos encontrados sin vida a plena luz del día y asesinatos, son el pan nuestro de cada día. Las constantes amenazas en contra de los colaboradores del perfil de Facebook dedicado a dar cuenta de las situaciones de riesgo al interior del estado “Valor por Tamaulipas”, son prueba de lo anterior.

El caso de lo acontecido en Guerrero el pasado mes de septiembre parece ser sacado del más oscuro cuento de terror del cual tenga registro la sociedad. Una familia perteneciente al crimen organizado y cuyo trabajo era el de gobernar el municipio de Iguala, ordenó a las fuerzas municipales encargadas de velar por la seguridad de sus habitantes acribillar a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, por el simple motivo de la megalomanía que despierta el poder y el sentirse intocable por sus nexos con el mundo criminal.

Al día de hoy, seis familias lloran a sus hijos, padres y esposos, quienes no pudieron encontrar refugio de la lluvia de plomo vertida sobre ellos y otras 43 familias deambulan por todo el estado e inclusive algunas por la capital del país, esperando respuesta por parte de las autoridades, las cuales al parecer simplemente no pueden dar con el paradero de los normalistas desaparecidos. Nuevas fosas se encuentran, casi a ritmo diario, y de los estudiantes no se sabe nada, mientras el gobernador Ángel Aguirre se debate entre instaurar o no una consulta ciudadana para “ver si es recomendable dejar su puesto como funcionario”, para coadyuvar a las investigaciones.

 

Otros casos que no hay que olvidar

Por supuesto, y en honor a la víctimas, no se pueden hacer de lado casos como los de el Estado de México, en donde al verse rebasados por la cantidad inadmisible de feminicidios y de delitos en contra de la sociedad, los gobernantes se vieron obligados a permitir la implementación de operativos encabezados por el Ejército y la Marina y a la remoción de la encargada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por orden directa de la Secretaría de Gobernación.

Tlatlaya es otra palabra que quedará grabada en el inconsciente colectivo de todos los mexicanos como la prueba misma de que la salida del Ejército a las calles para cumplir funciones de policía sin un marco jurídico pertinente, solo traerá una serie de violaciones a los derechos humanos, las cuales polarizarán la percepción de los ciudadanos sobre sus soldados, con opiniones tan disímiles que van desde el grado de “héroes” hasta la degradación de “asesinos”.

 

¿México vive en us estado de excepción?

Regresando al punto inicial de este escrito, bien vale reflexionar a partir de los casos señalados con anterioridad si es que en el país se vive ya bajo la figura del estado de excepción sin ser legalmente implementado por el poder Ejecutivo. Las interpretaciones jurídicas y hasta sociológicas se pueden cargar tanto a la respuesta positiva como a la negativa.

Sin embargo, para evitar entrar en cualquier especie de discusión filosófica-argumentativa, se considera prudente analizar la situación del país bajo los conceptos redactados en la Constitución Política necesarios para la declaratoria de una situación extrema:

Situación Michoacán Tamaulipas Guerrero
Invasión Extranjera NO NO NO
Perturbación grave de la Paz Pública
Sociedad en grave peligro o conflicto

Si solo se hiciera caso a la tabla mostrada arriba, sería evidente que el país se encuentra dentro las circunstancias necesarias para la declaratoria oficial de estado de excepción. No obstante, cada vez que el concepto le es mencionado a cualquier autoridad de índole federal, estatal o municipal, el mismo es desechado y se apela siempre a la conservación de los poderes y del inexistente Estado de Derecho.

Las razones, sin ser explicadas oficialmente, pueden entenderse en dos vertientes: se tiene la esperanza de que las estrategias implementadas cambien la situación o el saber que dicha declaratoria es la aceptación por parte del gobierno de su incapacidad para dotar a sus gobernados de algo tan básico como sus garantías individuales.

 

¿No hay seguridad?, entonces más policías

Lo único cierto, es que aunque la promesas de campaña con respecto al tema de seguridad de Enrique peña Nieto se inclinaban a privilegiar las labores de inteligencia sobre las acciones de “fuerza Bruta” o ataque frontal al crimen, las acciones de los gobernadores demuestra exactamente lo contrario.

En fechas recientes Jalisco, Nuevo León, Michoacán y próximamente Veracruz han creado cuerpos policiales especializados de corte estrictamente militar, con un equipamiento, entrenamiento y armamento digno de cualquier guerra emprendida en la última década…¿no se suponía qué no estamos en guerra?

Por su parte, la federación también colaboró con esta nueva moda de militarización de las fuerzas del orden y creó la Gendarmería Nacional, quienes dan la impresión de ser los bomberos no oficiales de la nación, ya que aparecen en cualquier zona del país donde la situación rebasé a las autoridades locales.

Mientras tanto los muertos siguen aumentando.

Angel Silva Juárez

@Usul16

Estado Mayor

 

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