Guerrero un “modelo” de narco-estado

Ángel Aguirre. Foto: EspecialSon 13 municipios de la región norte y Tierra Caliente de Guerrero donde el gobierno federal asumió el control de las policías a partir del domingo 19 de octubre. Días antes varios alcaldes de estos lugares fueron señalados como “sospechosos” de brindar protección al narco. La decisión de la entrada de fuerzas federales era esperada desde días atrás, después de que se anunció la detención de Sidronio Casarrubias Salgado, considerado líder del grupo criminal al que se le acusa de haber autorizado el plagio que mantiene desaparecidos a 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. La añeja estructura de protección política al servicio del narco, exhibida por sus torpezas criminales, marca un hito a nivel nacional al mostrar que arropados por la impunidad, seguirán al frente del estado con o sin la figura decorativa del gobernador.

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México, 20 de octubre.- La mañana del 5 de abril pasado las alertas sonaron en las comandancias de las policías municipales de Iguala y Teloloapan. Primero fue un llamado de auxilio, después otro más y al paso de las horas no se veía alguna movilización en ninguno de los dos lados. Las peticiones de ayuda venían de un grupo de familias de los pasajeros de un autobús de línea, quienes habían sido secuestrados cuando fueron detenidos en un retén instalado en la vía que comunica ambos municipios a la altura del crucero hacia la comunidad de Ixcateopan.

El retén era de un grupo de pistoleros identificados con la organización “guerreros unidos”, quienes se llevaron a 20 personas, entre profesionistas, estudiantes y comerciantes, cuyas familias demandaban ayuda. Al paso de los días algunos fueron liberados, tras el pago de cierta cantidad después de que los parientes de las víctimas habían sido contactados, de otros no se supo nada sino tiempo después, cuando reportes de la prensa local informaron del hallazgo de cadáveres en caminos cercanos a donde se había instalado el retén.

El episodio era uno de tantos que la población de las comunidades cercanas a los municipios de Telolopan y Apaxtla de Castrejón, habían denunciado a la policía estatal sin que tuvieran respuesta. Cada denuncia tenía un elemento en común, en todas aparecía la policía municipal de Iguala con efectivos o con algunas de sus unidades, presentes en los retenes que por esos días los grupos armados tenían instalados en las vías que comunicaban éste municipio con los de la Tierra Caliente guerrerense.

Por esos días la 35 zona militar, con cuartel general en Chilpancingo y jurisdicción en parte de la Montaña, norte del estado y Tierra Caliente, había girado instrucciones a los batallones 27 de Iguala y 40 de Ciudad Altamirano, que incrementaran los patrullajes pero evitando hacer “contacto” con grupos armados, señala un oficial que estuvo adscrito hasta hace unos meses al estado mayor de ese cuartel. La razón fue que toda la policía municipal de varias comunidades del norte y de la región calentana de Guerrero, trabajaba para el narcotráfico y algunos de los presidentes municipales estaban en la lupa de las autoridades federales.

Poco tiempo después la PGR anunció la detención del alcalde de Cuetzala del Progreso, el perredista Feliciano Álvarez Mesino, quien era investigado desde diciembre del 2013 ya que como máxima autoridad del municipio enclavado en la zona serrana colindante con Apaxtla, formaba parte de un grupo delictivo al que se le acusó al menos de 15 secuestros en municipios distantes de su zona como Arcelia y Tecpan, y otros más próximos como Teloloapan.

Golpe a estructura de protección policiaca

Primero fue una manta aparecida el jueves 16 de octubre al oriente de Iguala donde se señalaba a siete alcaldes de la zona norte y Tierra Caliente al servicio del grupo autodenominado “guerreros unidos” junto con el delegado federal de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el estado de Guerrero.

El mensaje acusaba a los hermanos Adán, Ángel y Sidronio Casarrubias Salgado, fundadores de la organización que en otro tiempo fue un apéndice del grupo Beltrán Leyva, de estar detrás junto con una banda apodada “los Peques”, de la desaparición de los normalistas. Y remataban con señalamientos a quienes acusaban de cómplices.

“¿Señor presidente, quiere nombres? Taxco: Salomón Majul González y Eruviel Salado Sánchez; Ixtapan de la Sal: Ignacio Ávila Navarrete y Efraín Pedroza Flores; Iguala José Luis Abarca Velázquez y Francisco Valladares; Huitzuco: Héctor Vicario Castrejón, Norberto Figuera Almozo, Javier Duarte Núñez y Marcelo Villalba Adame; Tepecoacuilco: Antonio Galarza Zavaleta; Cocula: César Miguel Peñaloza; Teloloapan: Ignacio Valladares; Apaxtla: Efraín Peña Damasio. Estos son el grupo que conforma Guerreros Unidos”, decía el mensaje.

Salvo Huitzuco y Tepecoacuilco, al resto de municipios señalados en el mensaje se les sumó Arcelia, Buena Vista de Cuellar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlapehuala y en el Estado de México, Ixtapan de la Sal, donde este domingo fuerzas federales tomaron el control de la seguridad pública.

Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad, anunció el domingo pasado que el ejército y la policía federal asumieron labores de vigilancia en estos 13 municipios donde se sospecha que la policía está infiltrada por la delincuencia organizada. Todos los agentes de la policía municipal, fueron llevados a la zona militar de Tlaxcala, donde serán sometidos a pruebas de confianza. Es el mismo lugar donde se encuentran desde hace días los policías de Iguala y desde hace un mes los efectivos de los nueve municipios de la Tierra Caliente mexiquense.

Oscar Chávez Pineda, síndico de Iguala fue detenido por la PGR para que declarara sobre el caso de los seis asesinatos de la madrugada del sábado 26 de septiembre, además de que será interrogado sobre la desaparición de los normalistas, añadió en la conferencia el titular de la CNS.

Sobre la búsqueda de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, explicó que se han desplegado 16 equipo de inteligencia, 16 binomios caninos, 17 helicópteros, 6 buzos, cuatro laboratorios móviles y hasta el domingo 19 se habían efectuado 500 recorridos de búsqueda, así como 70 sobrevuelos de reconocimientos para revisar cuevas, pozos, cerros, túneles, minas, ríos, lagunas y presas. Todo este despliegue hasta la fecha, ha resultado infructuoso.

Un gobernador de papel

Ángel Aguirre Rivero, el priista reconvertido en perredista, dejó de ser un interlocutor válido de cara a la sociedad guerrerense, no solo frente a los estudiantes, pues ya no tiene ninguna legitimidad ante otros actores en la entidad. Las palabras del senador del PRD Alejandro Encinas, desentonaron con el dicho de sus correligionarios agrupados en “Nueva Izquierda”, quienes refrendaron su apoyo al hombre que al que se acusa de “negligencia criminal” y de estar “coludido con el narcotráfico”.

Encinas dijo ante varios medios de comunicación que hizo la petición junto a otros perredistas durante la celebración del Consejo Nacional que el gobernador presente a la brevedad su renuncia, la cual sería un factor de distensión en el estado.

Sin embargo varios analistas y actores políticos han señalado que la ingobernabilidad que se prevé crezca en los siguientes días, ante el anuncio de marchas, paros, plantones y bloqueos, podría continuar aunque Aguirre deje la gubernatura. Hay una confluencia de factores donde el descontento, el hartazgo social y la demanda de que aparezcan los 43 jóvenes con vida, se unen para crear un escenario donde la radicalización puede ir de la mano con la ingobernabilidad, señalaron.

Pese a la declaraciones del senador Encinas, la cúpula perredista copada por el grupo de “Nueva Izquierda”, conocidos como “los Chuchos”, quienes apoyaron a José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala prófugo y acusado de formar parte de la delincuencia organizada, refrendaron su apoyo al aun mandatario.

“Es evidente que el gobernador Aguirre ya no es un interlocutor válido, no con los estudiantes normalistas, sino con muchos sectores de la sociedad guerrerense. Hay una situación de ingobernabilidad. Ya no es la desaparición de los 43 muchachos normalistas o los 6 homicidios que se presentaron esa noche de terror en Iguala. Es el surgimiento todos los días de fosas con cadáveres y muertos que dan cuenta de un clima de ingobernabilidad en el estado y una vez que prácticamente el estado sea ocupado por la autoridad federal, pues el gobernador ya no tiene las riendas del estado. (…) También hay que decirlo con toda claridad y no veo por qué incurrir en una simulación cuando hay que tomar decisiones fuertes, firmes, para enfrentar de cara al pueblo de Guerrero la investigación, rendir cuentas pero también generara espacios que permitan un mínimo de normalidad democrática en la entidad”, concluyó Encinas.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

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