México, 13 de octubre.- Los señores dueños del partido político que dice aglutinar la “Izquierda” mexicana pidieron perdón por haber “impuesto” como candidato en Iguala a un criminal. No es suficiente. Porque su pecado va mucho más allá de entregar a una posición sin conocimiento de la historia personal del candidato, se trata de una infinita complicidad con criminales a sabiendas.
Porque tendrían que haber sido retrasados mentales, todos ellos, para no darse cuenta de la imposición que estaba haciéndose de la esposa del alcalde, José Luis Abarca, para convertirse en “heredera” de la Presidencia Municipal.
¿De qué manera podrían explicar haber hecho a la señora Pineda de Abarca, hermana de criminales asesinados por su traición a Beltrán Leyva unos y otra que purgó una condena por narcotráfico, consejera del PRD propuesta por la corriente Nueva Izquierda?
Lo que sucedió en Iguala tuvo como “pretexto” que los estudiantes secuestrados y asesinados irrumpirían en un evento multitudinario, que de informe de actividades en el DIF municipal se habría de convertir en un “destape” electoral.
En Iguala se suman todas las aberraciones de nuestra realidad, las peores pesadillas que analistas hemos venido denunciando por separado. Lo que convierte los hechos violentos de Iguala en un agravio nacional es, justamente, esta forma de ligarse todos los vicios provocados por la aparición del crimen organizado en las instituciones públicas.
Y lo que hace totalmente diferente a cualquier otro evento violento, además del número de las víctimas, es la utilización que hicieron políticos, los señores Abarca, del crimen organizado para sus fines de poder.
Es decir, no fueron los criminales quienes se incrustaron en la presidencia municipal sino que la pareja dueña del poder durante un trienio utilizó a criminales, a sicarios, para fines políticos.
Esto nos habla de la peor corrupción a imaginar.
En Michoacán lo que vimos fue a presidentes municipales que eran llamados por “La Tuta” y presuntamente obligados a darle comisiones de negocios o de contratos oficiales. Una complicidad diferente, igual de grave, pero distinta. Que lesionaba las instituciones, pero nunca al nivel de Guerrero.
La relación entre el gobernador Ángel Aguirre y los señores Abarca, todos miembros del PRD, impidió que actuase como lo que es, autoridad estatal. Resulta imposible admitir que desconociera lo que sucedía en un municipio tan importante. Tendría que haber estado ciego para ignora que toda una policía actuaba bajo órdenes criminales. Su relación personal, como tanto se ha argumentado, con la señora Pineda de Abarca pudo haber influido en esta omisión.
Sigue siendo un misterio qué pudo descomponerse tanto entre la orden de Abarca para que los estudiantes fuesen “detenidos” en su avance hacía el lugar del Informe de su esposa, y el asesinato de los estudiantes antes secuestrados por la policía. De igual forma se desconoce si los asesinatos fueron perpetrados por los policías municipales o por estos y sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, donde presuntamente el liderazgo es de la esposa de Abarca.
Lo cierto, hay videos de esto, es que muchos estudiantes hoy desaparecidos fueron subidos en camionetas de la policía municipal y que hubo una orden del director de ésta, hoy también prófugo.
Admitir esto, que policías secuestren y asesinen por una orden de su director, que puede venir de un criminal, de un servidor público electo, o por una instrucción de ambos, es inadmisible en un Estado de Derecho.
Esto es lo que provoca que Iguala sea la peor crisis del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto. Y la profunda indignación, rabia diría yo, que se advierte en las expresiones del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que encabeza las investigaciones en Iguala.
No se lo merecen, como no nos lo merecemos millones de ciudadanos respetuosos de las leyes.
Y en el origen está la postulación que hizo el PRD de José Luis Abarca. Su necia ceguera y todavía peor sordera frente a las evidencias de que éste hubiese asesinado a un líder social cercano a otra corriente del mismo partido político.
Algo que tiene que agobiar, angustiar incluso al primer mandatario, además de toda la tragedia de Iguala es pensar en cuántos de los más de 2 mil alcaldes del país tienen este tipo de vínculos criminales.
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor