México, 8 de octubre.- La tragedia de Iguala pudo evitarse si la autoridad federal, si el gobernador de Guerrero, si los dirigentes del PRD hubiesen hecho su parte.
Todos, absolutamente todos, supieron por una y otra fuente confiable, por testimonios notariales, por investigaciones del CISEN, por la realidad incuestionable que José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, estaba ligado a un grupo criminal encabezado por su cuñado.
Todos, estos mismos todos que tienen poder, mando y obligaciones legales, supieron que había indicios fuertes para investigarlo por el asesinato en 2013 de un líder local.
Y, también estos todos, autoridades incluidas, supieron que el señor Abarca utilizaba a la policía municipal como “brazo armado” de sus tropelías y crímenes.
¿Por qué no lo detuvieron?
¿Cómo puede suceder esto en el país?
¿Cuántas autoridades locales están vinculadas con criminales y no se hace nada?
La esposa del señor Abarca, ahora también prófuga de la justicia, tiene tres hermanos, dos muertos y uno que cumplió su condena por narcotráfico antes de convertirse en jefe de “Guerreros Unidos”, abiertamente reconocidos como criminales. Quería ser candidata, por el PRD obvio, a suceder a su marido en el puesto.
Y todo comenzó porque los normalistas querían llegar al parque central de Iguala, frente a donde la señora Abarca encabezaría su informe de labores. De esta realidad partió la orden del alcalde para detenerlos. A como diera lugar.
Por eso los disparos contra los autobuses, los seis muertos de esa noche infernal, por eso los subieron a las patrullas y los llevaron (al menos a una parte de los desaparecidos) a las instalaciones de la policía municipal. Por eso de ahí los llevaron a un cerro, frente a fosas clandestinas que eran reconocidas por los lugareños como tales, a “ultimarlos”.
¿En qué momento desapareció todo Estado de Derecho, todo apego a la legalidad en Iguala frente a la mirada de toda la autoridad federal y estatal?
Abarca tuvo siempre el apoyo de “Los Chuchos”, de los líderes del PRD que se han apurado en salir en defensa del gobernador Ángel Aguirre. Y de acuerdo a las declaraciones de un tipo nefasto, conocido como “el señor de las ligas”, René Bejarano, los testimonios de la participación de éste en un asesinato llegaron a las más altas autoridades del país sin respuesta alguna.
¿En qué momento se privilegió la razón política, la necesidad de fortalecer una alianza con dirigentes del PRD protectores de criminales, por encima de la obligación legal?
¿Por qué si todos sabían, si el CISEN tenía elementos suficientes para vincular al presidente municipal de Iguala con criminales, no se procedió como ordena la Ley?
De tanto malo, de tanto inadmisible, eso es lo peor. Que todos supieran. Y que no se actuara en su momento.
Toda la policía municipal, una institución legal que tendría que dedicarse a proteger a la ciudadanía, estaba al servicio de criminales y nadie hizo nada. La Sedena sabía y no retiró la licencia colectiva de armas de Guerrero. Los responsables de evaluar federalmente a las policías del país no hicieron nada. ¿Cómo puede un grupo de delincuentes, sus jefes incluidos, ser criminales y que el Estado Mexicano lo permita?
La omisión cómplice tiene muchos protagonistas. El gobernador de Guerrero, con su cinismo extremo que lo hace politizar su realidad, el primero de tantos. Porque es, justamente, el gobernador. Es el responsable de lo que sucede en la entidad federativa que gobierna. No pudo ignorar hechos tan contundentes, no pudo no ver la realidad de Abarca.
Hoy tenemos una tragedia nacional que marca al Gobierno de la República, que nos hace avergonzarnos a millones de mexicanos, que obliga a medidas extraordinarias que solamente vendrán a esclarecer legalmente lo que ya
sabemos.
El Gobierno federal está volcado en Iguala, la policía municipal está detenida o sujeta a investigación después de haber sido desarmada, el mismo procurador está en funciones de Ministerio Público, el nuevo líder del PRD está presente. Es tarde. Todo pudo haber sido diferente.
Y esto nos hace reflexionar sobre lo que pudo haber sucedido en Michoacán si no se hubiese enviado un “Comisionado” que ha tenido el talento para una contabilidad en contrario.
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor