Inaceptable la omisión de autoridades en Baja California Sur

México, 19 de septiembre.- Las escenas, horripilantes, de hombres armados presuntamente defendiendo mercancía en tiendas de Los Cabos son un foco rojo para todas las instituciones.

Tanto las fuerzas armadas como las policías federales que fueron enviadas a Baja California Sur, después del paso del huracán “Odile”, demostraron total incapacidad y brutal omisión.

Lo que no es admisible.

Habrá quien diga que los damnificados tenían prioridad pero la emergencia había pasado sin muertes a lamentar, por lo tanto había que proteger los comercios, las propiedades privadas, los escasos bienes de los afectados.

Es obligación de las autoridades federales evitar la rapiña y el saqueo. Esto de cara ante la incapacidad de las autoridades locales.

Porque aquí se juntan dos omisiones graves, la de los mandatarios locales y la de los enviados federales. Tanto el presidente municipal como el gobernador y todos los que llegaron uniformados a Baja California Sur dejaron de cumplir con su obligación de proteger a los ciudadanos.

¿Cómo puede permitirse el saqueo tan tremendo que las fotografías y las crónicas muestran?

Más del sesenta por ciento de los mexicanos hemos sido afectados en algún momento de nuestra vida por un desastre natural, tanto terremotos como huracanes e inundaciones nos han obligado a desarrollar una cultura de prevención que suele salvar muchas vidas. Excepción de lo sucedido el año pasado en Guerrero.

Ante el aviso de la llegada del huracán “Odile” a Baja California Sur se tomaron todas las precauciones necesarias, por lo que el saldo de víctimas fue blanco. Lo que debemos felicitar. Pero a todos se les olvidó el “después”. Y esa omisión, imperdonable, devino en robos de todo tipo. Y en algo todavía peor, en ciudadanos armados para evitar estos delitos.

Ciudadanos armados protegiendo sus bienes sin policías, sin soldados, sin marinos, sin federales de ninguna corporación presentes. ¿Dónde están?

El Plan DNIII prevé hasta cómo montar un quirófano en situaciones de emergencia, ¿por qué no tomar en cuenta los robos? Que en mucho son rapiña de comida que viene a entorpecer todavía más la recuperación de la zona, que provoca un desabasto artificial.

El Gobierno de Baja California Sur, perredista, no tiene ninguna capacidad de respuesta ante esto. Menos todavía el municipal.

La respuesta puede estar en una de las divisiones de la nueva policía de Veracruz, llamada “Plan Tajín”, y que no es sino un grupo grande de policías entrenados por la Marina-Armada para actuar en situaciones de emergencia. Y que lo hacen de una manera integral, cargando palas y con las armas en la mano.

Son policías-rescatistas, autoridad que actúa en dos vertientes urgentes de protección ciudadana.

Tiene que haber una alternativa. No hay perdón para las imágenes de ciudadanos armados con rifles apuntando a otros ciudadanos que buscan robarse pan o cervezas de una tienda. Con la misma disciplina con la que se acude a rescatar a la gente, a proporcionar albergues, comidas, atención médica se debe proporcionar seguridad.

A final de cuentas esa es la función básica, principal, primaria, esencial de las autoridades: Dar seguridad.

Incluso existe para las fuerzas armadas un mandato constitucional que no se está obedeciendo en Baja California Sur.

Cuando los militares se quedaron callados, parados, cruzados de brazos frente, junto a la rapiña cometieron un delito de omisión grave. Que salgan, eso dijeron, con que tienen órdenes “no confrontar a la población” no los exculpa. La única orden, constitucional, legal, del mando supremo, es la de proteger a la ciudadanía.

Con esto se repiten errores cometidos por los militares en los días posteriores al sismo del 85 que los mexicanos todavía no olvidan.

Así que por favor, a quien corresponda, hay que hacer las cosas como tienen que hacerse en un país de leyes e instituciones.

Isabel Arvide

@isabelarvide

Estado Mayor