México, 12 de septiembre (Reforma).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene la búsqueda de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, capo del Cártel de Sinaloa, de quien circularon entre sus familiares y narcotraficantes versiones de su muerte.
La oficina norteamericana reiteró ayer el ofrecimiento de una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto del delincuente.
Ante informes extraoficiales de la muerte del capo, agencias de inteligencia de México y de Estados Unidos centraron su atención en un video de monitoreo interno de un hospital de Zapopan, Jalisco, ubicado el 8 de junio, donde aparece una persona parecida al narcotraficante.
La oficina estadounidense envió ayer un boletín en el que indica que también compensarán por datos sobre Rafael Caro Quintero.
Asimismo, informó que impuso sanciones contra tres abogados mexicanos, José Aviña Bribiesca, Ignacio González Hernández y Janette Iliana González Linares, por sus presuntos vínculos con los capos de la droga.
Las sanciones a los litigantes, con sede en Guadalajara, son congelamiento de sus activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición a los ciudadanos estadounidenses para que hagan negocios con ellos.
Estados Unidos acusó a los abogados de actuar en nombre de Juvencio Ignacio González Parada, un abogado mexicano que fungió durante mucho tiempo como asesor de Caro Quintero y Esparragoza Moreno.
“La designación de hoy (ayer) fue tomada en coordinación cercana con la DEA (la agencia antidrogas) y con autoridades mexicanas y es parte de una esfuerzo mayor para sancionar organizaciones mexicanas del tráfico de drogas”, indicó un comunicado del Departamento del Tesoro.
Apuntó que González Parada sobornó y ayudó a administrar activos y propiedades obtenidas de manera ilícita por ambos capos.
González Hernández y Aviña Bribiesca, hijo y yerno respectivamente de González Parada, así como González Linares administraban propiedades de los narcotraficantes y tenían puestos oficiales en la compañía de bienes raíces Bona-Habitat, también sujeta a sanciones, según la información.
“Los narcotraficantes acuden a menudo a abogados corruptos para encubrir y facilitar sus actividades ilícitas”, dijo el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Adam J. Szubin.
“Continuaremos eliminando el financiamiento de cualquier representante que permita las transacciones ilegales de las organizaciones de tráfico de droga”, agregó.
Las penalidades por violar la ley estadunidense van desde cargos civiles hasta multas de más de un millón de dólares.
Para empleados corporativos el castigo podría ir desde 30 años de prisión, hasta multas por cinco millones de dólares, mientras las empresas pueden ser multadas hasta por 10 millones de dólares.