El sometimiento de los tribunales militares a los designios del alto mando den turno ha vuelto a colocar al fuero de guerra como escenario de violaciones continuas a los derechos de los militares. El fantasma del juicio contra Alfredo Beltrán Leyva, capturado en un operativo del ejército considerado “ilegal”, pues no había flagrancia ni orden de aprehensión, probaría cómo se armó el montaje judicial contra un jefe militar que, mientras estuvo de servicio, golpeó en sus bienes y propiedades al narcotráfico en Sinaloa.
México, 31 de mayo.- El tono de la carta es directo y claro. Son 10 hojas fechadas en marzo pasado, dirigidas al presidente de la República Enrique Peña Nieto, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, donde el mayor de justicia militar Francisco Pérez Chávez, le dice que ha decidido no enviar la misiva por medio de la oficina de atención ciudadana de la secretaría de la Defensa Nacional, pues por experiencias previas tiene la certeza de que ese procedimiento aparte de lento, resultará inútil.
De ahí que se haya ahorrado el trámite y se decidiera a escribirle para ponerlo al tanto de lo que ocurre con su caso en los juzgados militares. Dice que después de poco más de seis años preso, cinco en el penal federal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, más año y medio en la cárcel castrense de la tercera región militar en Mazatlán, Sinaloa, la sospecha cada vez mas fundada de que su caso responde a una consigna política queda en evidencia pues su labor contra el narcotráfico, mientras se desempeñó como ministerio público militar en Culiacán, afectó intereses que han “presionado” para que continué preso sin prueba alguna de que haya cometido los dos delitos que le imputan.
Le recuerda que su caso comenzó días después del 22 de enero del 2008, cuando en la madrugada una unidad de élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del ejército, detuvo en Culiacán, en una casona de la colonia Burócratas, a Alfredo Beltrán Leyva, señalado como jefe del narco en la capital sinaloense, y miembro del clan encabezado por su hermano Arturo, uno de los principales operadores de la entonces Federación de Sinaloa. La captura, atribuida a una delación de gente ligada a sus socios Joaquín “el Chapo” Guzmán e Ismael “el Mayo” Zambada, detonó una sangrienta ruptura que se prolongaría varios años con choques armados contra el grupo de los hermanos Beltrán Leyva.
Cinco días después de que el GAFE se llevara a Alfredo Beltrán, apodado “el Mochomo”, la policía judicial militar detenía en las instalaciones de la novena zona militar en Culiacán a cinco efectivos acusados de pasar información al capo. Eran cuatro tenientes, un sargento, y el mayor Pérez Chávez, abogado de formación, de servicio en el área de justicia militar, quien se desempañaba desde año y medio atrás como ministerio público de la tercera región militar.
El 26 de enero del 2008 Pérez Chávez fue detenido dentro de las instalaciones del cuartel general de la novena zona militar, en la capital sinaloense. Ese día quedó, junto a los otros coacusados, a disposición de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), acusado de delitos contra la salud teniendo como pruebas una relación anotada en un libreta, supuestamente hallada en la casa donde fue capturado Alfredo Beltrán, donde aparece su nombre. “Fue todo lo que señaló el ministerio público, y que consideró suficiente para acreditar los cargos”, escribe. Suficiente para quedar detenido y sometido a arraigo por 60 días, disposición judicial que era inconstitucional por no estar vigente como medida en ese tiempo.
El juez séptimo de distrito en Guadalajara, Jalisco libró orden de aprehensión en su contra y le dictó formal prisión basado la lista donde está anotado su nombre en aquella libreta, un casete con un audio de una intervención telefónica donde se escucha que mencionan sus apellidos sin que se refiera a algún hecho en particular o ilícito, y sin que se conozca quiénes son los que hablan.
Con estos dos objetos nació la nada jurídica, escribe. De estas supuestas pruebas se desconoce qué autoridad las aportó al juicio, no se sabe cómo llegaron a manos del ministerio público quien, sin aclarar este punto, les dio fe, les dio vida pese a que “legalmente son la nada jurídica pues nadie demostró la autoría de las mismas”. El juez sumó el testimonio del teniente Pedro Sergio Jongitud Barragán, escolta del general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, quien durante el año 2007 y parte del 2008 se desempeñó como comandante de la novena zona militar en Culiacán. Jongitud se convirtió en “testigo protegido” para declarar que le habían comentado de los posibles vínculos del la mayor Pérez Chávez.
Con el juicio en marcha el juez de Jalisco se declaró incompetente y mandó a trámite la competencia del caso para que fuera un juez de Sinaloa el que se hiciera cargo del proceso. “El procedimiento fue lento y tortuoso”, escribe Pérez Chávez, duró alrededor de un año y finalmente el caso pasó a un juzgado federal en Culiacán mientras él seguía preso en Puente Grande, Jalisco.
“Las diligencias se desahogan a cuenta gotas con el obstáculo de la misma secretaría de la Defensa Nacional al ocultar y negar a proporcionar las pruebas solicitadas a través de la Procuraduría de Justicia Militar, es decir, obstaculizaron siempre la administración de la justicia para evitar que Alfredo Beltrán Leyva saliera favorecido ya que se probaría que fue detenido ilegalmente dentro de su casa, sin contar siquiera con orden de cateo, por parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales que actuó al margen de la ley, siendo protegido siempre por la secretaría de la Defensa Nacional”.
“Ahora que estoy detenido injustamente tengo la sospecha fundada que algún líder del narcotráfico a quien el suscrito afectó sus intereses, es el principal interesado en que se me hunda en la cárcel, no creo que el gobierno federal tenga interés en desprestigiarse al cometer violaciones a mis derechos humanos de manera descarada sin el mínimo beneficio, esta acción detestable coloca a la propia administración federal a ser cuestionada como un gobierno que no respeta los derechos humanos”, escribe.
El trasfondo
Durante su estancia en Sinaloa como ministerio público, añade, “ataqué sin descanso a los grupos criminales de la región bajo las órdenes directas del general de división Roberto Miranda Sánchez, comandante en ese tiempo de la tercera región militar que comprende los estados de Sinaloa y Durango. Recibí amenazas de muerte sin embargo continué con mi trabajo sin descanso”. (Ver: Cuando dos generales se detestan. Estado Mayor 17/12/2013).
“Ahora que estoy detenido injustamente tengo la sospecha fundada que algún líder del narcotráfico a quien el suscrito afectó sus intereses, es el principal interesado en que se me hunda en la cárcel, no creo que el gobierno federal tenga interés en desprestigiarse al cometer violaciones a mis derechos humanos de manera descarada sin el mínimo beneficio, esta acción detestable coloca a la propia administración federal a ser cuestionada como un gobierno que no respeta los derechos humanos”.
Durante el juicio hubo tres momentos en los que la defensa del mayor Pérez Chávez demostró que todo era un montaje. El primero cuando el principal acusador, el teniente Jongitud Barragán que se había acogido al programa de testigos protegidos bajo la clave de “Emiliano”, declaró que sus imputaciones eran de oídas, no señalaba tiempo, lugar ni circunstancia respecto a que el jefe militar pasó información de manera directa al “Mochomo” a cambio de dinero. El segundo fue el propio Beltrán Leyva, quien aseguró no conocer a ninguno de los militares con los que se le relacionaba. Decía en su declaración de mayo del 2009, que no reconocía la libreta que en fotocopias le había sido mostrada pues esa escritura no era de él ya que no sabía escribir más que su nombre. Y tercero cuando el general Noé Sandoval Alcázar, en su calidad de comandante de la novena zona militar, declaró en agosto del 2010 que por las funciones de ministerio público castrense el mayor Pérez Chávez no tenía acceso a información de operaciones militares.
Con estos antecedentes en la misiva el mayor pide al presidente Peña Nieto que se haga una investigación profunda “de quién está detrás de esta infamia, que se investigue qué militar en realidad si está coludido con estos grupos delictivos, que se investigue qué fines persiguen en mantener al suscrito recluido sin causa ni motivo alguno…”. Solicita que haya una investigación de todo el entramado de funcionarios públicos de la Siedo, donde se mostraría cómo varios de los acusados de estar al servicio de Arturo Beltrán Leyva, como el titular de la oficina de delitos contra la salud en 2008 el señor Mario Trujillo Alzabe, casi todos huyeron y tienen órdenes de aprehensión por estos motivos.
Recuerda que tres años después de que se inició su juicio se decretó que las pruebas “sembradas” no eran suficientes para ser sentenciado. Pese a ello el juez federal de Culiacán le dictó 25 años de prisión, copiando de manera íntegra las conclusiones del ministerio público quien “no aportó ninguna prueba sólida”.
Con las “supuestas pruebas” se les buscó acreditar dos delitos, delincuencia organizada y fomento para posibilitar delitos contra la salud. Esto pese a que existe jurisprudencia donde se señala que con las mismas pruebas no se puede acreditar dos delitos, además de que el principal autor en este caso Alfredo Beltrán Leyva, no está siendo procesado por ningún delito contra la salud. “¿De dónde sacó el juzgador los elementos para acreditar tales ilícitos?”, pregunta el abogado militar.
El juez acusó al mayor Pérez Chávez de proporcionar información confidencial a Beltrán Leyva. El acusado solicitó que le especificaran qué información entregó, no hubo respuesta pues esto nunca ocurrió. El juicio se basó en esa hipótesis, en que pasaba información a uno de los mandos de la organización criminal de Sinaloa. En octubre del 2013, cinco años después de su detención, un tribunal ordenó reponer el juicio debido a que el juez federal de Sinaloa era incompetente en razón de fuero, y éste se tiene que desahogar en un juzgado militar. Había una sentencia previa donde un tribunal federal ya había resuelto que el fuero federal era el conducto competente, pese a ello lo enviaron al fuero militar.
El juez castrense en la prisión de la tercera región militar en Mazatlán recibió el caso y en lugar de emitir un nuevo fallo tras revisar el expediente, pasó por alto este procedimiento y siguió con el juicio a partir del auto de formal prisión que dictó el juez federal de Culiacán, quien ya se había declarado incompetente.
Desde el 2 de octubre del 2013 cuando quedó preso en el penal militar de Mazatlán, se promovió un recurso judicial debido a la ausencia de una sentencia del juez militar a partir de que recibió el caso. El paso que debió seguir era una nueva valoración de las pruebas. No lo hizo y desde entonces, asegura el mayor Pérez Chávez, lo tienen privado de manera ilegal de su libertad. Los cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud no están contemplados dentro de la competencia de los tribunales militares, escribe.
“He recurrido a todos los recursos que se establecen en la ley, nunca se han respetado los principios de inocencia, de debida valoración de la prueba, oportunidad procesal, equidad, se trata de un acto de consigna política”. Es consigna, asegura, pues no existe ningún indicio de que el acusado se haya reunido o tratado con Alfredo Beltrán Leyva que es la persona con la que se le vincula.
Como antecedente, explica que cuando el caso pasó de un juzgado federal a uno del fuero militar, lo que seguía era que el nuevo juez dictara un auto de plazo, es decir, tenía que decretar la prisión formal o la libertad. Desde el otoño pasado nada de esto ha ocurrido, van siete meses de estar en el limbo judicial, no se le decreta ni libertad ni prisión preventiva.
El pasado 28 de febrero un amparo a su favor le ordenó al juez militar que se pronunciara. El amparo dice en uno de sus puntos específicos que el juez que asuma la competencia, en este caso el fuero castrense, dentro del plazo establecido por el artículo 19 de la Constitución dejará insubsistente tanto los autos de formal prisión impugnados como las actuaciones realizadas posteriormente; por lo que, considerando los hechos así como los elementos de prueba que a su juicio continúen siendo válidos, resolverá con plenitud de jurisdicción sobre la situación jurídica de los indiciados, al tenor de la normativa nacional e internacional que considere aplicable al caso. Nada de eso ha hecho. Se trata de una privación ilegal de la libertad, escribe Pérez Chávez, al no haber un auto judicial que justifique el encarcelamiento. Por todo ello solicitó al presidente Peña Nieto poner alto a esta situación “vergonzosa”, que usa el chaleco de fuerza del fuero de guerra, herencia del gobierno de Felipe Calderón.
Juan Veledíaz
@velediaz424
Estado Mayor
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