México, 22 de diciembre (Reforma).- La operación de la Fiscalía General de la República (FGR) quedó indefinida dentro de la reforma política-electoral que aprobó el Congreso.
La nueva instancia suplirá a la Procuraduría General de la República (PGR) y fue una de las principales demandas del PAN y el PRD en las negociaciones con el PRI y el Gobierno.
Pese al logro de transformar a la PGR en un órgano autónomo, en los artículos transitorios de la reforma política no se estableció una fecha para que entre en vigor.
A diferencia de otras reformas, donde se pone un plazo para el inicio de funciones, en este caso se dejó abierta la fecha y sólo se colocaron condicionantes.
Con ello, podría transcurrir todo el sexenio sin que se concrete la creación del órgano.
En el artículo transitorio 16 se indica que la Fiscalía entrará en vigor hasta que se aprueben y entren en operación las leyes secundarias que regularán a la nueva instancia.
Sin embargo, los legisladores tampoco pusieron un plazo para que el Congreso emita tales leyes secundarias.
Lo anterior contrasta con los plazos fatales que sí se pusieron, por ejemplo, en las reformas en materia de telecomunicaciones y educativa.
“Las reformas, adiciones y erogaciones (sobre la Fiscalía General) entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso, necesarias por las modificaciones realizadas, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”, cita el artículo transitorio.
La reforma al artículo 102 de la Constitución establece que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.
Indica que corresponde al MP la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, y que para ello deberá buscar y presentar las pruebas que acrediten la participación de los imputados en los hechos señalados.
También procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad, para que la impartición de justicia sea pronta y expedita.
Otra atribución es que deberá pedir la aplicación de las penas e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción.
En este sentido, cualquier incumplimiento o atraso de los legisladores para sacar adelante las leyes secundarias sobre la Fiscalía, también afectará la constitución de las dos fiscalías especializadas.
Claudia Salazar
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