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México, 2 de septiembre.- El Primer Informe de Gobierno es un balance de las principales acciones emprendidas por el Ejecutivo Federal, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de agosto de 2013. En estos nueve meses de administración, se han impulsado reformas, políticas públicas, programas y acciones con un objetivo muy claro: mover y transformar a México, para llevarlo a su máximo potencial.
Aquí te presentamos el documento oficial sobre las acciones y políticas llevadas a cabo durante estos primeros nueve meses de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto:
MÉXICO EN PAZ
Alcanzar un México en Paz es una de las demandas más sentidas de la sociedad y una condición indispensable para desplegar el potencial, tanto de nuestra Nación como de cada mexicano en lo individual. El Estado Mexicano tiene la obligación irrenunciable e intransferible de hacer efectivo el imperio de la ley en todo el territorio nacional.
Asimismo, tiene el reto de gobernar en la pluralidad, de actuar con eficacia en el marco de la amplia diversidad social, cultural y regional que nos caracteriza y que se expresa en múltiples fuerzas políticas que nos representan como ciudadanos. En este sentido, lograr la reconstrucción de la paz exige un gobierno que actúe con base en el diálogo, la formación de acuerdos, el fomento de una ciudadanía más activa y una coordinación estrecha con los otros Poderes de la Unión y órdenes de gobierno. Esto conlleva lograr una convivencia ciudadana regida por valores democráticos, el pleno ejercicio de los derechos y la seguridad jurídica.
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
Al iniciar esta administración se concretó uno de los acuerdos políticos nacionales más trascendentes de las últimas décadas. El 2 de diciembre de 2012, el Presidente de la República y los dirigentes de las principales fuerzas políticas del país suscribieron el Pacto por México.
Con base en este gran consenso se acordó una agenda compartida de 95 Compromisos en torno a cinco Acuerdos: Sociedad de Derechos y Libertades; Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; Seguridad y Justicia; Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, así como Gobernabilidad Democrática.
A partir del Pacto por México, se han concretado diversas reformas transformadoras, algunas incluso constitucionales. Destaca la aprobación de la Reforma a la Constitución en Materia Educativa, que promueve la calidad en la formación integral de nuestros niños y jóvenes.
En cumplimiento de ella, el Titular del Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión las iniciativas para reformar la Ley General de Educación y expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, además de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Igualmente se aprobó la Reforma en Materia de Telecomunicaciones y de Competencia Económica, que permitirá una mayor y mejor oferta de productos y servicios de radiodifusión, comunicación y banda ancha.
En el marco del Pacto por México, también se presentó la Reforma Financiera. Al aprobarse, se tendrán las bases para incrementar el crédito y que éste sea más barato para los emprendedores, los micro, pequeños y medianos empresarios, así como para las familias mexicanas.
El Pacto por México es el mejor ejemplo de que los mexicanos podemos dialogar y llegar a acuerdos en temas esenciales para el desarrollo y la prosperidad del país. La pluralidad y las legítimas diferencias no han sido obstáculo para privilegiar las coincidencias e impulsar la agenda de transformación nacional.
El logro de los grandes objetivos del país requiere del esfuerzo compartido de todas las partes, en un marco de respeto y corresponsabilidad. En este sentido, el Gobierno de la República ha estrechado sus vínculos con los gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales, bajo los principios de un federalismo articulado.
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el México democrático y plural de nuestros días las decisiones públicas deben contar con un sólido sustento ciudadano. A partir de una amplia consulta a la sociedad se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Al trazar objetivos, estrategias y acciones, el PND establece la ruta para conducir a México por el camino de la paz, la inclusión y la prosperidad; es la estrategia general para lograr que todos los mexicanos gocen, en su vida diaria, de todos los derechos que reconoce nuestra Constitución. Para mover y transformar a México es imperativo planear a partir de las necesidades de los mexicanos; pero también contar con su colaboración activa en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Con ese fin, el Ejecutivo Federal consolidó y amplió los mecanismos de vinculación y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil.
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
La paz, la seguridad y la justicia que se merecen los habitantes del país sólo pueden alcanzarse con instituciones y leyes eficaces, con el trabajo corresponsable y coordinado de los tres órdenes de gobierno. Por eso, una de las primeras acciones de esta administración fue la puesta en marcha de la nueva política de seguridad y justicia.
Se trata de una política que enfatiza la prevención del delito, que privilegia el uso de la inteligencia y la tecnología en el combate a la delincuencia, que abre espacios para la participación ciudadana y que establece esquemas regionales y focalizados para lograr una mayor eficacia operativa. Es una estrategia integral que sitúa al individuo y a su familia en el centro de las decisiones y acciones de seguridad. Su prioridad es salvaguardar la vida, la libertad y los bienes de los mexicanos.
En esta política, se alinean los programas, esfuerzos, acciones y presupuestos con que hoy cuenta el Estado, a fin de recuperar la paz y la tranquilidad en las zonas con mayores índices delictivos.
Prevención social del delito
En lo concerniente a la prevención, se han iniciado transformaciones de fondo. Uno de los principales cambios en materia de seguridad es la decisión de atender, con mayor amplitud, las causas estructurales de la criminalidad. Para lograrlo, se han desarrollado políticas orientadas a reconstituir el tejido social en las comunidades afectadas. Este año, se cuenta con un presupuesto de más de 118 mil millones de pesos para programas de prevención.
En este sentido, se creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y se instaló su respectiva Comisión Intersecretarial, así como 32 comisiones interinstitucionales en cada una de las entidades federativas.
Este programa transversal es un esfuerzo integral que fortalece la cohesión social y comunitaria. En 2013 cuenta con 2 mil 500 millones de pesos para aplicarse en 82 programas metropolitanos, municipales y delegacionales de 57 demarcaciones prioritarias.
Protección y respecto a los Derechos Humanos
En lo que se refiere a la protección y respeto a los Derechos Humanos, el Gobierno de la República trabaja para asegurar que la actuación de la autoridad salvaguarde, en todo momento, los derechos fundamentales de las personas.
En este marco, la Policía Federal (PF) puso en práctica una nueva estrategia de capacitación y difusión de la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención entre sus más de 36 mil elementos.
Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha logrado reducir 38.8% el número de quejas interpuestas en su contra ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Un aspecto relevante es que hoy el país cuenta con dos instrumentos innovadores para garantizar el respeto a los Derechos Humanos: la Ley General de Víctimas y la nueva Ley de Amparo, ambas recientemente publicadas. Asimismo, dentro de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se creó un área específica para instrumentar la Reforma Constitucional en Derechos Humanos y los convenios internacionales que México ha suscrito en la materia.
En respuesta a una sentida demanda social, la Procuraduría General de la República (PGR) creó la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual coordina y supervisa las investigaciones tendientes a ubicar víctimas y detener a los presuntos responsables.
Además, se suscribieron convenios de colaboración con organismos internacionales y nacionales, incluidos la CNDH, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En materia de migración, se fortalecieron los programas de atención a migrantes en los tres órdenes de gobierno y se impulsaron acuerdos con organizaciones civiles en favor de mexicanos repatriados.
Respuesta coordinada en materia de seguridad
En lo que respecta a la coordinación impulsada por la política de seguridad y justicia, se trabaja para lograr una eficaz colaboración entre las propias instituciones federales, así como entre éstas con los estados y municipios.
Sin duda, la seguridad pública del país demanda soluciones específicas para cada región. Por eso, un elemento clave de esta política ha sido crear cinco regiones operativas: noroeste, noreste, occidente, centro y sureste. Con esta regionalización se establece un sistema de coordinación y colaboración que genera orden, certidumbre y confianza entre los tres órdenes de gobierno.
En este marco se inscribe la renovada coordinación y complementariedad entre la Secretaría de Gobernación y sus órganos administrativos desconcentrados, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Procuraduría General de la República.
Durante los primeros 9 meses de gobierno, la estrategia ha comenzado a dar resultados:
• El número de homicidios vinculados con delitos federales, ocurridos de diciembre de 2012 a juliode 2013, es 20% inferior a los registrados en el mismo periodo del año anterior.
• Con el Programa Ciudades Seguras, mediante operativos conjuntos en las 10 ciudades que presentaban el mayor índice de violencia, de diciembre de 2012 a julio de 2013, la tasa de homicidios dolosos vinculados al crimen organizado disminuyó 46.8% con respecto al mismo periodo del año anterior.
• A la fecha, de los 122 presuntos responsables más buscados, el Gobierno de la República ha logrado la captura de 56, 9 más fallecieron al resistirse con violencia a la acción de la ley.
A partir de esta nueva coordinación interinstitucional, la SEDENA y la SEMAR desarrollan, por primera vez, la Política Nacional de Defensa y el Plan Militar de
Defensa Nacional Conjunto. En ellos, se establecen lineamientos de operación, adiestramiento, información e intercambio académico, entre otros.
La renovada coordinación entre las dependencias federales también ha permitido mejorar la seguridad carretera. Desde marzo de 2013 opera el Programa Cuadrantes Carreteros con el objetivo de prevenir accidentes, reforzar la atención oportuna y eficaz a la ciudadanía, así como reducir los delitos en carreteras federales.
A fin de fortalecer la relación entre nuestras instituciones militares y la ciudadanía, en el marco de la celebración de los 100 años del Ejército Mexicano, se han realizado diversas acciones y eventos de difusión y vinculación, con el propósito de reconocer a una de las instituciones de mayor prestigio y estima entre la población.
En correspondencia con los valiosos servicios que prestan a los mexicanos, el Estado vela por el bienestar –personal y familiar– de policías, soldados y marinos. En apoyo a las Fuerzas Armadas de México, esta administración continúa con el Programa Integral de Becas para hijos de personal militar en activo.
Asimismo, se creó el Programa Nacional de Vivienda para Agentes de Seguridad Pública, que ofrece créditos para la adquisición, mejoramiento, remodelación y autoconstrucción de una casa.
Transformación del Marco Legal e Institucional
Por otra parte, se agilizó y profundizó la renovación integral de diferentes instituciones del Gobierno de la República.
Derivado de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la SEGOB experimentó cambios importantes. Destacan: coordinar el gabinete, por acuerdo del Presidente de la República; asumir, a través del Comisionado Nacional de Seguridad, las atribuciones, funciones y recursos de la Secretaría de Seguridad Pública; conducir las políticas relativas a la prevención social de la violencia y la delincuencia, participación ciudadana, así como la protección y promoción de los derechos humanos, y construir acuerdos políticos para el impulso de la agenda legislativa del Ejecutivo Federal.
Por su parte, la PGR emprendió un proceso de reestructuración y modernización para mejorar sustancialmente su desempeño y resultados. En una primera etapa se trabaja en la creación de un nuevo órgano que concentre y coordine las funciones de inteligencia, investigación y los servicios periciales.
Asimismo, se avanza en el diseño del nuevo sistema para el desarrollo humano y profesional de ministerios públicos, agentes investigadores y peritos. Para ello, se ha lanzado un nuevo programa de reclutamiento de egresados de las mejores universidades e institutos tecnológicos del país, para que formen parte de la nueva generación de investigadores.
Por otro lado, la PGR trabaja en un nuevo esquema de operación y despliegue de sus delegaciones en todo el país, conforme al nuevo modelo de regionalización.
Para fortalecer la infraestructura penitenciaria, se puso en operación el Centro Federal de Readaptación Social No. 13 “CPS-OAXACA”. Este Centro tiene capacidad para más de 2 mil 500 internos; ya se han trasladado a sus instalaciones más de mil 800 internos, despresurizando así 26 penales estatales.
Además, se ha fortalecido la estructura institucional para combatir con mayor eficacia el lavado de dinero.
En apego a lo dispuesto en la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la PGR creó la Unidad Especializada en Análisis Financiero.
La efectiva coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las unidades de investigación de la PGR han generado buenos resultados. De diciembre de 2012 a julio de 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó 48% más denuncias, que involucran a 110 individuos como probables responsables de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El fortalecimiento institucional también es clave para avanzar en la puesta en operación del nuevo Sistema de Justicia Penal (SJP). Al respecto, el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal canaliza recursos a las entidades federativas, a fin de que adopten los espacios, tecnologías, sistemas, normatividad y esquemas de planeación y capacitación necesarios.
En esta materia, el Congreso de la Unión aprobó la reforma al Artículo 73 de la Constitución, que lo faculta para legislar un Código Penal Procesal Único.
Lo que permitirá contar con un solo modelo procesal de justicia penal en toda la República Mexicana y favorecerá la instauración homogénea del nuevo SJP.
Finalmente, en lo referente a la evaluación y retroalimentación comprometida en la política de Estado de seguridad y justicia, el Gobierno de la República ha innovado en la metodología y periodicidad de la publicación de información, para que los mexicanos cuenten con información veraz e integral de la seguridad en la Nación.
PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
Por la importancia que tiene el cuidado de la población, la protección civil ocupa un lugar prioritario en la agenda de esta administración. Al respecto, se adoptó una nueva estrategia que enfatiza la prevención, para transitar del enfoque reactivo ante emergencias y desastres, a un sistema que anticipa los riesgos y minimiza los costos y pérdidas, a partir de mayores inversiones en la materia.
Por primera vez en 27 años de vida del Sistema Nacional de Protección Civil, se instaló el Consejo Nacional respectivo, presidido por el Titular del Ejecutivo Federal, el cual agrupa y coordina el trabajo corresponsable de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de consolidar las instituciones para la correcta, oportuna, ágil y transparente prevención y atención de las emergencias y desastres.
Con apego a la estrategia de protección civil, la SEDENA, a través del Plan DN-III-E, y la SEMAR, por medio del Plan Marina de Auxilio a la Población Civil en Casos y Zonas de Emergencia o Desastre, apoyaron a la población afectada por el huracán Bárbara y por la tormenta tropical Barry, así como por las fuertes lluvias que se presentaron, instalando albergues y realizando labores de evacuación y traslado en las zonas de riesgo.
Finalmente, la SEDENA apoyó en tareas de combate a incendios forestales, así como en la supervisión de las rutas de evacuación y monitoreo de la actividad del volcán Popocatépetl, en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).
Redacción
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