Plan piloto de seguridad en Michoacán, copia del “Modelo Coahuila”

Militares en Michoacán. Foto: EspecialMéxico, 23 de agosto.- El gobierno de Michoacán anunció que diez jefes militares serán responsables de la Policía Municipal de las poblaciones más afectadas por la violencia criminal.

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Al hacerlo, con años de distancia, demuestran que estuve en lo correcto al crear el “Modelo Coahuila” bajo esas mismas características, con mayor número de jefes militares, durante el gobierno de Humberto Moreira.

A su vez surgen preocupaciones sobre su viabilidad en la realidad de esa entidad agraviada por el crimen organizado.

De entrada, el anuncio no informa si se trata de jefes militares en situación de retiro, o que vienen del activo como el actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública en esa entidad.

Hay una diferencia importante.

Tampoco comunican si éstos serán coroneles o generales.

Doble diferencia.

Surge una gran interrogante: ¿Conforme a qué criterios fueron seleccionados estos jefes militares? Porque hay generales, coroneles, tenientes coroneles que definitivamente no sirven para realizar labores policiacas.

¿Serán carne de cañón, susceptibles de ser encarcelados en un futuro cercano por capricho civil? ¿Pueden, por carácter y capacitación, comprender los riesgos de la función que habrán de desempeñar?

Y sobre todo no nos avisan si los jefes militares, que están seguramente ya nombrados, vienen bajo el mando de la Comandancia de la Región Militar, actuarán como militares o como civiles, obedecerán o no al gobernador que sustituye al que eligieron los ciudadanos.

Todo esto es tan importante como los salarios que devengarán, los apoyos económicos para salvaguardar su integridad física, el armamento, vehículos blindados y acceso a información de seguridad que deberán tener.

“El Modelo Coahuila” estuvo inserto en una gran libertad de acción, supeditado al mando “moral” y la coordinación voluntaria del comandante de la Región Militar correspondiente.

Nos faltó, por las condiciones políticas de enfrentamiento con autoridades federales, coordinación con policías federales y otras instancias de aplicación de justicia y/o combate al crimen organizado. En ese tiempo la Semar no tenía presencia propiamente hablando en Coahuila.

Los jefes militares que tienen la encomienda de proporcionar seguridad a distintas poblaciones al tiempo que limpian, profesionalizan a los policías bajo su mando, necesitan garantías para el ejercicio de su responsabilidad. En lo político, en lo legal, en lo castrense.

Ese es un paso importante. En Coahuila las tuvieron de sobra.

Requieren también de un “Plan Maestro” que tenga reglas de conducta idénticas para todos ellos, sin importancia de jerarquía. Todos los jefes militares deben tener igualdad de salario. Esto se dio en Coahuila.

Subordinación. Si no hay una organización superior que coordine sus esfuerzos, sea el mismo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, general en activo, y que permita una cotidiana colaboración abierta, pública, de confianza con los cuerpos militares ahí destacamentados, no habrá avance posible.

Habrá que estructurar esto en base a temas de violencia, de incidencia criminal, de geopolítica, y no de población. Una jefatura de policía municipal con cien elementos puede ser mucho más importante en el organigrama criminal que otra de quinientos. Y así debe ser visualizada.

Presupuesto. Los jefes militares que serán secretarios municipales de seguridad pública necesitan recursos extraordinarios. Para exámenes de confianza, labores de inteligencia, patrullajes, incluso para el despido y contratación de policías.

Estos presupuestos no están insertos en el gobierno municipal. La burocracia en su asignación es la razón del fracaso de muchos militares dentro de la vida civil.

Se requiere de un “coordinador” civil que entienda y traduzca su lenguaje militar para “facilitarles” toda la tramitología, burocracia civil. De un gestor con verdadera fuerza y vocación castrense que sepa vencer los obstáculos del día a día del gobierno estatal y federal para que los problemas prácticos no ocupen su tiempo y, sobre todo, impidan su trabajo cotidiano. Ese fue mi papel en Coahuila.

En Coahuila tuvimos 16 jefes militares en funciones de seguridad pública. En una primera etapa en los mandos de las policías estatales y en municipios de acuerdo a distribución estratégica territorial. Al cambio de gobiernos municipales, por elecciones donde el PRI recuperó posiciones, esta distribución se cambió por otra de acuerdo a consideraciones de número de habitantes. Funciona mejor por estrategia territorial.

Los jefes militares, no echar en saco roto, deben tener gente de su confianza, militar en situación de retiro o en el activo, para realizar labores de inteligencia, administrativas y de escolta. Para esto se necesitan también sobresueldos acordes al grado de peligrosidad vigente.

De igual forma debe ser solucionado el tema de vivienda para evitar colocar a los jefes militares en situación de violencia. Y evitar, definitivo, la presencia de las familias.

Lo más importante es que no importa qué inteligente sea este nuevo “plan piloto de seguridad” en Michoacán, que es copia del “Modelo Coahuila”, si no existe un apoyo total de parte del gobernador y funcionarios de primer nivel para erradicar corrupción e ineficiencia, no habrá ningún resultado positivo. Y si se ahondará el desgaste a que está sometido el personal militar que hace funciones de policía, por vocación o por orden superior.

Isabel Arvide

@isabelarvide

Estado Mayor

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