Era cuestión de días para que la acusación contra cinco militares, entre ellos tres generales, acusados por “testigos protegidos” de brindar protección al narcotráfico, quedara sin efecto al no tener ningún sustento. Detrás del anuncio de su reincorporación a la institución quedó clara también, la estrategia de intentar recomponer la imagen deteriorada de la milicia durante el régimen del panista Felipe Calderón.
México, 10 de julio.- El primero en aparecer tras las mallas que rodean los accesos al penal de máxima seguridad del Altiplano fue el general de brigada Ricardo Escorcia Vargas, antiguo comandante de la zona militar en Morelos, cargo que desempeñó en los meses en que el capo Arturo Beltrán Leyva hizo de Cuernavaca su guarida para enfrentar los embates de sus antiguos socios del cartel de Sinaloa. Un poco atrás apareció su colega, el brigadier Roberto Dawe González, ex comandante del Cuerpo de Guardias Presidenciales, y casi al parejo salió el otro general, Rubén Pérez Ramírez, ex comandante de la guarnición militar de Cancún, junto a ellos caminaba el teniente coronel Isidro Silvio Hernández. Esa madrugada del pasado viernes 5 de julio, no se vio al otro coacusado, el mayor Iván Reyna Muñoz, de quien se dijo fue trasladado al penal de Querétaro donde enfrenta un proceso por una supuesta extorsión.
Frente al bullicio provocado por los representantes de los medios de comunicación, los generales no ocultaron su satisfacción. Era una cuestión de justicia elemental, dijo uno de ellos. Escorcia señaló que era de agradecer al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el que haya empujado para “democratizar la justicia”. Y apunto, “que no se espante la población, porque hay mucha injusticia en México, porque no tenemos policía. No tienen por qué espantarse”, indicó mientras abrazaba uno a uno a sus familiares que acudieron a recibirlo a las afueras del penal.
Uno de los abogados fue directo en sus aseveraciones, dijo que debería haber una investigación que acredite quiénes estuvieron detrás de “esta perversidad”. A la luz de los acontecimientos, donde la acusación en su contra se desvaneció por falta de elementos, solo existió la imputación basada en el dicho de Roberto López Nájera, alias “Jennifer”, el cual resultó al paso del tiempo, según la autoridad, en una falacia, se preveía el anuncio de una demanda contra quienes armaron el expediente, pero cada uno de los generales, por separado, señalaron que esperarían la resolución final y dar por concluido el pleito. Dawe fue más claro al enfatizar que su único plan era volver a reincorporarse a las filas del ejército tan pronto le fuera posible.
La rehabilitación
Al final se hizo justicia, declaró el martes 9 de julio en Aguascalientes el Secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda. El militar hizo un anuncio que más que vuelta al principio, a decir de los observadores en materia de seguridad y defensa, significó la rehabilitación de los cinco militares detenidos en el último trecho del gobierno panista de Felipe Calderón acusados de supuestos vínculos con el narcotráfico. El divisionario fue entrevistado a las afueras del congreso del estado, donde acudió a la develación en letras doradas de un muro en honor al ejército en la sede del legislativo estatal, y ahí señaló que una vez que han sido exculpados volverán a sus funciones.
“Es una cuestión de justicia, a nosotros nos parece que se hizo justicia, y que estos generales serán reivindicados y entrarán a trabajar nuevamente con nosotros”, manifestó ante los medios de comunicación. Más que una vuelta al servicio, en el caso del general Escorcia Vargas, su vuelta solo será para términos de retiro ya que de acuerdo a su hoja de servicios, en su calidad de general de brigada, le toca pasar a esta condición en virtud de que cumplió los 63 años de edad. No es el caso todavía para Dawe y su colega Pérez Ramírez, quienes en su calidad de generales brigadier, aun les falta tiempo para pasar a situación de retiro.
El anuncio del general Cienfuegos fue visto también como un mensaje de confianza hacia la procuración de justicia que en menos de siete meses del nuevo régimen, se desistió por falta de pruebas, de continuar con el juicio en contra del general de división Tomás Ángeles Dauahare, ex Subsecretario de la Defensa liberado en abril pasado, y quien fue detenido semanas después de que en una reunión de la Fundación Colosio del PRI, criticó la política de seguridad del régimen calderonista. Al igual que sus colegas, solo que con meses de antelación, Ángeles fue acusado por “Jennifer” de haber brindado protección a la organización de los Beltrán Leyva.
La intención quedó clara, según analistas en materia de seguridad consultados al respecto, se trata de resarcir la imagen del ejército dañada de manera severa durante la administración de Felipe Calderón, porque al incremento de denuncias por violaciones a los derechos humanos contra la institución, se exhibió a un grupo de generales sin pruebas, y fueron objeto de señalamientos que pusieron en duda su honorabilidad y sus años de servicio en filas.
Juan Veledíaz
@velediaz424
Estado Mayor
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