México, 10 de mayo.- Dos muchachos, hijos de familia, fueron asesinados hace días por la negligencia de la autoridad de Chihuahua y la impunidad consentida desde la oficina del propio gobernador.
Los hijos del periodista David Páramo fueron ultimados con una pistola nueve milímetros que ya había sido usada en otro hecho violento.
¿Qué significa esto?
Antes que nada la falta de voluntad de la autoridad estatal para evitar que criminales se muevan libremente por la entidad armados.
Esto se traduce en ausencia de controles. De todo tipo. Desde el más sencillo de tránsito, que lleva a la detención de vehículos e individuos sospechosos, hasta de la incapacidad y/o complicidad de la policía investigadora para detener a delincuentes.
Porque a los hermanos Páramo los mataron sicarios, delincuentes, criminales que venían actuando como tal. Es decir, que ya habían matado, delinquido antes.
Cuando hay complacencia con quienes están fuera de la Ley, cuando no se pone atención en la investigación y captura de delincuentes, cuando como sociedad no somos capaces de exigir que las policías y todas las autoridades hagan su trabajo con eficiencia suceden estos crímenes.
Estas tragedias cuya dimensión escapa a cualquier descripción.
Este es el verdadero meollo de la muerte de dos jóvenes en Chihuahua, hijos de dos periodistas, independientemente de cualquier vínculo que pudiesen o no haber tenido con la venta de droga al menudeo. Y todavía no se ha profundizado lo suficiente para eliminar la hipótesis de cualquier eventual relación entre estos asesinatos y el papel de su madre, periodista también, como editora de un periódico especializado en temas policiacos en Chihuahua.
No es aceptable, desde ningún punto de vista, la justificación del gobernador César Duarte asegurando que las víctimas las mataron porque debían dinero producto de la venta de droga. ¿Y eso qué?
No es el tema. Incluso si así fuese quienes están en falta son las autoridades, lo que está en entredicho es el repetido, machacón discurso del gobernador Duarte en contra de la violencia, anunciando un cambio en Chihuahua.
Y, no restarle importancia, el asesinato sucedió en la capital del Estado, en una ciudad que se reconoce con problemas menores de inseguridad.
Lo que falta, a todas luces, es el trabajo del gobierno. Y esto es impedir que los hechos criminales queden impunes y que quienes los realizan, criminales ellos, anden libremente por las calles. Esta es la asignatura pendiente en muchos Estados del país, por no decir que casi en toda la República.
La inmensa queja que tenemos contra el poderoso país vecino, frontera con Chihuahua, es contra la venta de armas a cualquiera. Armas que son usadas en nuestro país. Si somos congruentes con esta posición oficial tendríamos que instaurar una política de cero tolerancia a las armas, subir la penalización para su portación y hacer controles estrictos para que la gente no pueda andar armada como si fuese un juego.
A partir de esto, de la verdadera penalización sobre el tráfico y uso de armas, es que habrá menos crímenes.
Los hermanos Páramo eran muy jóvenes, admitamos que pudiesen haber cometido el error de relacionarse con gente indebida, eso no es una justificación para su asesinato. Ellos iban desarmados. Ellos fueron víctimas de una acción criminal perpetrada por uno o más individuos que estaban armados, contaban con complicidad policiaca para sus movimientos y vivían instalados en la impunidad.
Ahí es donde se concentra el gran quiebre social de nuestro tiempo. En la suma perversa de impunidad y negligencia oficiales sobre el aumento de la violencia criminal.
Isabel Arvide
Estado Mayor
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