México, 4 de febrero (Reforma).- El arraigo fue utilizado a diestra y siniestra en el sexenio anterior.
Y es que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, antes SIEDO) usó esta medida cautelar contra 21 personas diariamente, en promedio, durante el Gobierno de Felipe Calderón, una incidencia que, de acuerdo con expertos, representa un abuso de esta figura.
Estadísticas de la propia Procuraduría General de la República (PGR) indican que los jueces emitieron 2 mil 227 órdenes para retener temporalmente a 7 mil 739 personas.
Año con año, la SEIDO incrementó el uso de esta medida. Además, durante todo el sexenio, los jueces sólo negaron 4.7 por ciento de las solicitudes de arraigo.
Durante el Gobierno pasado, la SEIDO tuvo 4 titulares: Noé Ramírez, Marisela Morales, Patricia Bugarin y Cuitláhuac Salinas.
“El arraigo es muy útil, pero no se puede abusar de él porque sirve para violar las garantías individuales de los ciudadanos porque son privados de su libertad. Es una figura de mucho cuidado”, alertó Omar Fayad, de la Comisión de Justicia del Senado.
Desde diciembre, el Procurador Jesús Murillo Karam se pronunció por ir desechando poco a poco el uso del arraigo y acordó la semana pasada con senadores del PRI revisar esta figura durante el actual periodo legislativo.
Hace una semana, Murillo señaló que el arraigo sólo debe usarse en casos excepcionales, en la perspectiva de salvar una vida o cuando la seguridad nacional corra el peligro de ser vulnerada.
“Pueden estar convencidos de la responsabilidad de las personas, pero, si no tienes pruebas, ¿qué vas a hacer? Por eso se abusó del arraigo (en el sexenio pasado)”, aseguró Samuel González Ruiz, primer jefe de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, antecesora de la SEIDO.
“El abuso del arraigo es consecuencia de la manera de investigar que tenía García Luna (ex Secretario de Seguridad Pública) o Felipe Calderón. Decían: ‘Deténganlos y luego los investigan'”.
En enero de 2009, el Poder Judicial de la Federación creó siete Juzgados Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones para resolver todas las solicitudes de medidas cautelares en el País. Antes, en 2007 y 2008, las órdenes se tramitaban en juzgados de distrito, como se venía haciendo desde 1996, cuando entró en vigor la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Conceden 9 de cada 10 arraigos
Los jueces federales que durante el sexenio pasado resolvieron las solicitudes de medidas cautelares concedieron casi todo lo que pidió la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
De acuerdo con cifras oficiales, de diciembre de 2006 a octubre de 2012, el Poder Judicial de la Federación otorgó el 95.2 por ciento de las solicitudes de arraigo tramitadas por la SEIDO, el 91.3 por ciento de las de cateos y el 96 por ciento en el caso de intervenciones de comunicaciones privadas.
Es decir, los órganos de impartición de justicia consideraron que había justificación legal en el 93 por ciento de las medidas cautelares requeridas por el Ministerio Público Federal. Las negativas fueron una excepción que confirmó la regla.
El alto porcentaje de fallos favorables a la PGR divide opiniones.
Érika Hernández