Ayutla de los Libres

México, 14 de enero (La Razón).- Las autodefensas nunca son una buena idea. Pueden responder a buenas o malas razones, pero siempre acaban por convertirse en un problema.

En Guerrero, en particular en Ayutla de los Libres, la situación se muestra en toda su complejidad.

Las comunidades de la región están cansadas de la presencia del crimen organizado y de las presiones que genera, entre ellas la extorsión, el secuestro y el homicidio.

Por medio de la Policía Comunitaria colocaron retenes y tienen encarceladas a 45 personas que presuntamente son delincuentes.

Piensan establecer un tribunal popular para juzgarlos, con todo lo que ello implica.

Las autoridades estatales han respondido en dos sentidos: reforzando el operativo Guerrero Seguro y abriendo una investigación sobre lo que está ocurriendo y sus probables consecuencias.

Ayutla de los Libres es un ejemplo de lo que llega a significar la falta de control territorial.

En lugares donde la autoridad es débil, los criminales van expandiendo su capacidad predatoria.

Los ciudadanos no tienen muchas opciones ante escenarios que los rebasan y para los que no están preparados.

Los testimonios señalan que los delincuentes exigen pagos de cuotas y que el incumplimiento se puede pagar con la vida.

La región es pobre y la desesperación es grande.

Dicen que las autoridades no les responden y por ello toman cartas en el asunto.

La solución también tendrá que ser política, si no se quiere que la violencia aumente y para donde nadie quiere.

Una de las tareas más importantes de todos los órdenes de gobierno es garantizar la seguridad y el Estado de Derecho.

En Ayutla de los Libres el gobierno del estado tiene que dar respuesta, y pronta, a las necesidades de los pobladores y al mismo tiempo se debe impedir que establezcan tribunales y juzguen a quienes consideran delincuentes, porque eso es ilegal y muy peligroso.

Por supuesto que la insistencia en el apego a las leyes puede sonar extravagante ante ciertas situaciones, pero no hay de otra.

Recordemos que en la selva de la ilegalidad los más pobres no suelen ser los leones.

El crimen organizado fue evolucionando hasta disputar el control territorial para asumir funciones de gobierno, como el cobro de “impuestos”.

Hace años, en  lugares de difícil acceso, alejados de los centros urbanos, las faltas a la autoridad y las infracciones menores podían procesarse desde la esfera comunitaria. La policía, en esos contextos, tenía una presencia más bien esporádica.

Las cosas cambiaron y los delincuentes también. En la actualidad están bien armados y son más peligrosos.

La construcción de una Gendarmería Nacional responde, en parte, a este tipo de desafío.

En el propio Pacto por México, y en los planes de la Secretaría de Gobernación, se contempla la creación de una corporación que fortalezca el control territorial ahí donde se requiera.

Una de las claves de la eficacia de la Gendarmería radicará en dar respuesta a fenómenos como los que están ocurriendo en Guerrero y Michoacán, por citar sólo dos de los casos más relevantes.

Julián Andrade

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