México, 13 de diciembre (Crónica).- Las expectativas que tengo para el gobierno de Mancera y Peña Nieto están en un rango de relativo optimismo. La verdad es que con la herencia que cargan están obligados a trabajar de tiempo completo. Las administraciones federal y capitalina pasadas se caracterizaron por un elevado de autoritarismo y por la integración de gabinetes mediocres y altamente mutantes e inestables como el de Felipe Calderón.
La mexicana ha madurado y está más informada. Las han contribuido a ensanchar las vías de comunicación de manera horizontal en distintas frecuencias y grados. Es que se siguen repitiendo algunas taras del pasado, pero ya hay sociales que permiten decantar la información y contrarrestar el efecto Babel que se produce en el entramado digital.
Una acción que tendrá que ser visible en el gobierno de Peña Nieto es la disminución en los índices de violencia. Hay en la sociedad civil una serie de organismos que estarán monitoreando y comparando ambas gestiones.
A de otras épocas, los candados informativos combinados con cifras alegres, gacetillas pagadas y periodismo oficioso, enfrentan nuevos donde además de cuestionarse la veracidad de la información dirigida, se gesta trabajo documentado que la contrasta y con frecuencia la desmiente. El monitoreo civil de las de gobierno es un hecho que le conviene al propio gobierno. Fotografías y videos que circularon recientemente por internet, dieron cuenta, por ejemplo, que muchos casos de detenidos por las acciones del llamado 1D fueron consecuencia de abusos de la policía capitalina todavía bajo el mando de Ebrard.
El reconocimiento al padre Alejandro Solalinde que se ha jugado la vida por los derechos humanos de los migrantes y sobre el que pesan serias amenazas de muerte es un premio de la sociedad que pocos se atreverían a cuestionar, recibirlo de manos de Peña Nieto reviste un contenido simbólico que podría quedarse en demagogia como muchos actos protocolarios de Calderón o podría marcar el inicio de una relación más fructífera entre los defensores de derechos humanos y el Estado.
La pronta promulgación de la Ley de Víctimas en los términos originales en los que colaboró Javier Sicilia antes de que la congelara Calderón mediante una controversia constitucional, será, más que una señal simbólica, un hecho político en el que debería encauzarse la acción de una administración pública de resultados: demostrar que sí es posible el trabajo rápido y coordinado entre los tres órdenes de gobierno.
En materia de seguridad el gobierno de Peña Nieto tiene que seguir escuchando las voces de la sociedad. Una versión remaxterizada de lucha contra el crimen sin atender causas sociales y si atacar los recursos financieros del crimen no va a servir para nada.
El caso de HSBC es prístino. En ese contexto los sicarios son sólo una parte de una larga cadena de corrupción e impunidad global que se tiene que atacar de raíz y en la que hay múltiples actores. No es posible que las instituciones financieras que están poniendo en aprieto a muchos países y están obligando a sus gobiernos a recortar el gasto social, sean las mismas que colaboren con los criminales a lavar dinero. No hay que darle muchas vueltas al asunto si de verdad se quiere atacar un problema de raíz que distintos organismos civiles nacionales e internacionales se lo plantearon a Calderón una y otra vez.
David Gutiérrez