Violencia

México, 10 de diciembre (Reforma).- La batalla campal afuera de las instalaciones de la Cámara de Diputados, las reyertas posteriores en el Centro Histórico y los incidentes con destrozos a propiedades privadas y públicas en avenida Juárez e inmediaciones, ocurridas el pasado 1o. de diciembre, enrarecieron el ambiente de la alternancia política.

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Inicialmente los hechos fueron condenados de manera prácticamente unánime, lo que generó una sombrilla para justificar detenciones grupales en la que pagaron justos por provocadores.

Posteriormente crecieron, sin que aún se acrediten a plenitud, las versiones de personajes infiltrados en ambos bandos, el policiaco y el de los activistas.

Al final han sido liberados 55 de 69 detenidos con evidencias de una indagatoria penal deficiente, sustentada en detenciones arbitrarias donde imperó una presunción de culpabilidad derivada de la vestimenta, el tatuaje, el piercing o el grito de enojo antes que la prueba contundente sobre la responsabilidad en los destrozos.

1) El operativo de seguridad federal alrededor del Palacio Legislativo evidenció impericias, ineptitudes y abusos. Los activistas ganaron la partida a las fuerzas policiacas desde la madrugada al desplazarse desde las cuatro y media de la mañana en marchas para ocupar zonas aledañas a las instalaciones parlamentarias.

Las zonas de resguardo fueron vulneradas, las vallas fueron superadas, y el ataque de los activistas con proyectiles, bombas molotov, cohetones con rondana, clavos y otros objetos convertidos en artefactos caseros de fragmentación mellaron a las fuerzas policiacas. La defensa de los elementos de seguridad por momentos se tornó desesperada con el lanzamiento de gases lacrimógenos y con las balas de goma, disparos que hasta ahora han negado las autoridades superiores de seguridad.

El operativo de San Lázaro no disuadió. Cuando mucho obtuvo un empate en la refriega aunque, en saldos, hubo más bajas del lado policiaco que del lado de los activistas.

2) La protesta de #YoSoy132 para el 1o. de diciembre estaba más que anunciada; fue preparada con esmero; era, podía decirse, ansiada. El ánimo beligerante de muchos activistas sonaba a desquite. Le acompañó -y puede documentarse- una radicalización del discurso.

Después de los acontecimientos no ha habido, de parte de #YoSoy132, un discurso común. E incluso, colectivos participantes, como los denominados anarquistas, han justificado los ataques contra policías como “autodefensa” en respuesta a lo que consideraron agresiones policiacas.

Lo que ha crecido como la humedad y debe ser motivo de reflexión entre las fuerzas de izquierda y los grupos que confluyen en #YoSoy132 es la proclividad a la violencia sustentada en un argumento político e ideológico.

Una de las consignas preferidas en las recientes manifestaciones del movimiento juvenil reza: “no somos guerrilleros pero pronto lo seremos”. Han ganado fuerza interna y pública aquellas que reivindican la vía armada como forma de acción política. En las protestas que realizan saben que ejercen en su lógica ensayos de asaltos, de brotes, de insurrecciones.

No es tampoco un asunto extraño. Tiene raíces en México dentro de las corrientes de izquierda que pregonan la necesidad de acciones armadas para derrocar a los gobiernos. Otras corrientes de la izquierda tímidamente han roto con esos propósitos pero mantienen interlocución, diálogo, cobijo y entendimiento con los sectores radicales.

3) Las investigaciones sobre la posible participación de personas ajenas al movimiento juvenil y cuerpos paramiltares que habrían catalizado la violencia el sábado 1o. de diciembre deben ir a fondo.

Deben proseguir para esclarecer si eso ocurrió o los enfrentamientos ocurrieron sin la necesidad de manos que mecieran los carritos de supermercado repletos de bombas molotov.

Pero hay algo de mayor fondo: la profunda insatisfacción con los procesos electorales y con las instituciones vigentes de parte de grupos juveniles urbanos y rurales. Y de cómo esa insatisfacción pretende encontrar canal de desfogue o de resistencia en actos violentos encadenados con proclamas guerrilleras.

Algo está resultando más convincente para algunos grupos juveniles que la sola participación en una organización, en el reclamo vía redes sociales o en la asistencia a manifestaciones callejeras.

En un país donde sobran armas y donde la impunidad reina en las ejecuciones -por cierto, de muchos jóvenes- no debe subestimarse la expansión de grupos que abiertamente reivindican la lucha armada como forma de cambio político en el país.

Esas motivaciones rebasan a presuntos provocadores o infiltrados. Los grupos existen y son protagonistas en protestas como las de normalistas o #YoSoy132. La receta no es sofocarlos sino convencerlos. Persuadir antes que descalificar. Expandir democracia y fortalecer la institucionalidad. Dar lugar a los jóvenes en el debate y la resolución de problemas. Llevarlos a la cárcel únicamente acicatea el resentimiento.

Roberto Zamarripa

Tolvanera

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