México, 9 de noviembre (La Razón).- En las últimas semanas todos los funcionarios federales, del presidente para abajo, se han esmerado, algunos con muy poca elegancia, en hacer un balance de sus gestiones y en dar explicaciones de lo que hicieron o dejaron de hacer, como buscando la salvación de su alma, o, en algunos casos, vacunarse contra eso que se llama el juicio de la historia… o, por las dudas, de los jueces.
Recientemente, altos mandos del Ejército y de la Marina han evaluado la estrategia de seguridad de la actual administración, quizá con la finalidad de hacer más o menos inteligible cómo y porqué participaron en una acción para la cual nunca estuvieron realmente preparados, en la que se cometieron violaciones evidentes a los derechos humanos y con la cual nunca se sintieron cómodos. Hasta allí, es muy comprensible.
Lo que es menos claro es si la formulación pública de críticas y de recomendaciones es correcta por parte de funcionarios castrenses, entre otras razones porque dentro de la cultura y la norma a la que están obligados ante la autoridad civil y, de hecho, ante el país, actitudes así parecen un exceso, y porque, como argumenta Javier Cercas, “en el trato con sus superiores un militar no quiere razones, sugerencias ni intercambio de pareceres, sino órdenes, y en el Ejército cualquier cosa que no sea una orden corre el riesgo de ser interpretado como un síntoma de debilidad”.
El titular de Marina, por ejemplo, llamó hace semanas al nuevo gobierno a “tratar de que haya lo menos de violencia, evitar utilizar masivamente a las Fuerzas Armadas” y a tener, en estas tareas, a “grupos más selectos”. Más tarde, uno de los subsecretarios de la Defensa afirmó algo parecido.
Pues bien, con independencia de que algo de eso pueda sonar razonable, ese enfoque tiene dos problemas. Uno es que no está claro si es indispensable declarar ante los medios su parecer. Y el otro es que si el Presidente de la República usa o no a las fuerzas armadas es su decisión porque es una facultad constitucional que sólo a él le corresponde. Es un principio de orden constitucional y normalidad democrática.
Todos los miembros de la milicia y la armada integran una dependencia del Ejecutivo Federal; están sujetos, por ello, tanto a las normas constitucionales y legales como a sus reglamentos específicos; sus principales mandos son designados por el Presidente de la República, a cuyo gobierno deben lealtad, obediencia y disciplina. No son, pues, sino un poder subordinado a los poderes públicos constituidos.
Si de lo que se trata es de lanzar un mensaje que prevenga a ambas instituciones contra posibles acciones judiciales por su participación en la llamada “guerra” contra la delincuencia o es una advertencia o es una solicitud, entonces estamos ante un escenario distinto y no de menor calado porque tiene que ver con la atmósfera prevaleciente dentro de dichos cuerpos. Parece saludable, y urgente, despejar esa incógnita.
Otto Granados
Opinión
La Razón