México, 20 de octubre (Reporte Indigo).- Cuando se declara la guerra al enemigo hace falta algo más que la confrontación por la violencia.
Es menester del buen estratega estudiar con cuidado al rival para vulnerarlo en sus puntos débiles. Hay que despojarlo de todo aquello que lo sostiene y que lo fortalece. No hay otra forma de consumar su caída.
Cuando en diciembre del 2006 el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, sus consejeros y estrategas creyeron que la voluntad sería suficiente para acabar con esa hidra de mil cabezas.
Nadie menospreciamos esa voluntad presidencial. Por el contrario, la elogiamos y esperábamos, como todo mexicano bien nacido, que culminara con éxito.
Pero con una fuerte dosis de buena fe, y mucho más de ingenuidad, se apostó a que el solo uso de la fuerza bastaría para postrar al enemigo. Craso error.
Poco se preocuparon en minar sus dos ejes clave. Uno, el reclutamiento de sicarios. Y dos, la provisión de su financiamiento.
Por el contrario. En ambos casos no solo no se combatieron, se alentaron. Y acabaron por empoderar aún más al enemigo.
O que pensar de que en este sexenio se limitaron las oportunidades de decenas de miles de jóvenes que no pudieron ingresar a las universidades.
Fue el sexenio en el que se acuñó el término de “los ninis” para identificar a los muchachos sin oficio ni beneficio. Los que ni estudiaban ni trabajaban. Y no por falta de ganas. Sencillamente por falta de oportunidades.
Muchos de esos jóvenes fueron la carne de cañón propicia para crear los ejércitos de sicarios, que recibieron del crimen organizado lo que el Estado y la sociedad les negábamos. Es decir, oportunidad y esperanza.
Y crecieron exponencialmente. No solo en número, sino en rencor social. Y de menudístas de drogas se diversificaron hacia el secuestro y el cobro de piso. El enemigo, lejos de menguarse, creció y se sofisticó. Todo un caso de estudio para el IPADE.
El otro error fundamental fue el dejar intactas las fuentes de financiamiento de los capos. Peor aún, fortalecerlas para facilitarles el lavado de dinero.
Y para muestra ahí está el absurdo de que seis años después de iniciada la guerra contra el crimen organizado –y dos legislaturas después– apenas se esté aprobando una nueva ley contra el lavado de dinero.
En el camino, el gobierno hizo exactamente lo contrario. Cuidó que las mafias contaran con el camino libre para blanquear sus finanzas.
O cómo se le puede llamar al explosivo crecimiento de los casinos, que son en su mayoría la banca negra del crimen organizado.
Si de verdad los estrategas calderonistas lo hubieran querido, bastaba que la Secretaría de Gobernación cerrara la llave de los permisos a los casinos.
Pero no fue así. Ni las 52 muertes del Royale en Monterrey fueron suficientes para contener la proliferación de esas “lavanderías”.
Y qué decir de las regulaciones en la banca. El vergonzoso caso del lavado de siete mil millones de dólares fincado a HSBC México, y ventilado en Estados Unidos, evidenció la laxitud que se vive en nuestro país en la vigilancia de los flujos de dinero. La absurda multa que le aplicaron al banco lo confirma.
Y no es que fuera imposible vigilar con rigor. Era inconveniente. Actuar sobre los dineros de las mafias implicaría lesionar no solo los intereses del narcotráfico; también los de los políticos corruptos que necesitan legitimar sus comisiones.
Ojalá que el nuevo gobierno que inicia en diciembre rectifique y entienda que sin educación, sin empleo y sin castigo ejemplar, la lucha contra el narcotráfico continuará atrapada en un baño de sangre sin fin.
Ramón Alberto Garza
Opinión
Reporte Indigo

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