México, 11 de octubre (Milenio Diario).- Durante las precampañas, y luego ya al inicio de las campañas, se habló con insistencia de la posibilidad de la creación de un ministerio del interior. ¿Por qué? Evidentemente porque, bajo su formato actual, la Secretaría de Gobernación estaba (y está) rebasada, y porque no existe un centro articulador que concentre y atienda las funciones que antes hacía la Secretaría de Gobernación.
Esta fórmula del ministerio del interior (común en otros países) la planteó inicialmente Santiago Creel, y luego la retomó la candidata Josefina Vázquez Mota. En ese formato, el ministerio del interior debería tener control de las áreas de migración, aduanas, Policía Federal, sistema penitenciario, protección civil e inteligencia civil (Cisen). O sea, lo que tiene ahora la Secretaría de Gobernación, más las de Seguridad Pública.
Ahora bien, en ese contexto se especuló acerca de que el trato con el Congreso, con el Poder Judicial y las entidades federativas, partidos políticos, etcétera, podría corresponder a la Oficina de la Presidencia que, en esta eventualidad, debería alcanzar el rango de Secretaría de Estado. ¿Se aseguraría con ello la gobernabilidad del país? Difícil decirlo, pero una cosa es cierta: el formato actual no asegura ni la gobernabilidad, ni el control, ni una adecuada seguridad pública.
Por ello, no resulta extraño que hoy uno de los asuntos torales en el equipo del presidente electo, sea la reflexión y el análisis sobre el rediseño de la administración federal en las áreas de gobierno y seguridad pública.
Ayer, en Trascendió de MILENIO, se hablaba “sobre si habrá una suerte de ministerio del interior que concentre las relaciones con los poderes de la unión, los partidos y los estados, y tenga además el control de los órganos de inteligencia y seguridad pública. O si las relaciones políticas las concentra la Oficina de la Presidencia y se impulsa el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública”.
Lo cierto es que es notable una falla estratégica en el diseño actual, que tiene que ver con el hecho de que Gobernación mantiene casi todas sus funciones, tareas y facultades del pasado, pero carece de los instrumentos y los recursos para ejercer su papel; instrumentos y recursos que (algunos) pasaron a la Secretaría de Seguridad Pública federal y otros a la Oficina de la Presidencia, sin que quedara claro quién es la cabeza de sector en lo que se refiere a resguardar la seguridad interior y la gobernabilidad.
Recuérdese que en el proyecto original de la ley orgánica del Consejo Nacional de Seguridad Pública era al secretario de Seguridad Pública federal a quien correspondía presidir este consejo, pero el Legislativo corrigió oportunamente este desliz, al entender que un órgano de tal densidad estratégica en el momento actual no podía estar gobernado bajo una concepción básicamente policiaca de la situación, otorgándole por tanto la presidencia del CNSP al secretario de Gobernación.
Toda esta discusión no tiene nada que ver con la tradición o conseja del viejo régimen acerca de que el camino a la Presidencia pasaba por la Secretaría de Gobernación. Esa maldición o jefatura se rompió mucho antes de la transición democrática y la alternancia; luego se hicieron cambios en la estructura de la Segob para darle una cara “más amable”, en la idea de construir una candidatura presidencial desde esta base, pero los resultados fueron poco plausibles, pues nadie parecía querer hacerse cargo de las decisiones que supone cumplir con las responsabilidades de la gobernación, esto es, de velar por la gobernabilidad del país.
Solamente recuérdense la comedia de equivocaciones que fue el manejo del conflicto de Atenco (nuevo aeropuerto), para no hablar de Las Truchas, Oaxaca y de nuevo Atenco, cuando incluso se hizo público que el Ejército se negaba a intervenir si no mediaba una orden por escrito del presidente Fox.
Hoy se ha avanzado mucho en la construcción y depuración de cuerpos policiacos y militares capaces de enfrentar con éxito a los grupos de la delincuencia organizada. Pero sigue pendiente dar una respuesta conclusiva a la cuestión de la relación seguridad/gobernabilidad.
Reestructurar el enorme aparato de la administración pública federal es una tarea ingente, y todas las áreas tienen su importancia específica. Pero no habría que perder de vista que el tema central para el país hoy es el de la gobernabilidad, cuyo componente esencial es el de la seguridad interior o pública. Asunto que, en mi opinión y experiencia, no puede tener dos cabezas, a riesgo de perpetuar la falta de coordinación, los recelos, la innecesaria compartimentación, con sus funestas consecuencias.
Diódoro Carrasco
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