México, 22 de julio.- Las razones del general Cienfuegos se pierden en la arena ansiosa de hallar culpables, harta de las incapacidades de funcionarios públicos, y sobre todo decepcionada de este Gobierno.
Sobre el fracaso, inmenso, de la fuga de “El Chapo” aparecen noticias militares que se sobreponen y aumentan el malestar social. Se produce una confusión extrema de mensajes que como resultado deja en situación vulnerable a las fuerzas armadas.
En este contexto, el discurso presidencial en su apoyo tiene efectos negativos.
Lo cierto es que el general Cienfuegos está cumpliendo con lo que expresó en sus recientes entrevistas: Poniendo a los militares en manos de la justicia civil.
El titular de la Sedena aseveró de forma intencional su oposición la derogación del fuero militar, que obliga a que militares sean juzgados por civiles, cuando haya protagonistas civiles en los incidentes a investigar. Este es el caso de Tlatlaya, donde Cienfuegos urgió a la conclusión del juicio e exigió, de ser inocentes, que se les exonerase públicamente.
Dos temas totalmente diferentes llevaron en estos días a los militares a la hoguera en leña verde mediática: Uno en Calera, Zacatecas donde el asesinato de siete jóvenes, presuntamente sicarios al servicio de un exmilitar, ha provocado oleadas de comentarios en contra.
El otro en Michoacán, en la población de Santa María de Ostula, donde a priori los responsabilizan de la muerte de un niño.
En cuanto a Zacatecas el general Salvador Cienfuegos tomó la difícil decisión de entregar a la justicia civil a un jefe, teniente coronel, y a tres soldados por haber hallado en la pesquisa militar presunta responsabilidad en el “levantón” y asesinato de estas personas.
Lo cual es de una gravedad inmensa en todas las aristas.
Y, hay que admitirlo, expresa una decisión militar de Cienfuegos muy difícil y digna del mayor encomio. Con la que envía un mensaje vital de “cero impunidad”. Excepcional en verdad.
Luego viene el tema de Michoacán, donde las decisiones políticas equivocadas han permitido la convivencia de hombres armados en funciones de policía, totalmente fuera de la ley. Se ha dicho que los problemas de inseguridad y violencia en esa entidad están resueltos. No es verdad. Muchas poblaciones, como la de Ostula, en el municipio de Aquila, están en manos de la ilegalidad.
Los políticos se equivocan, no saben cómo enmendar sus errores y mandan a los militares a darse de balazos. Cuidado con esto.
En Ostula se trataba de arrestar al líder de las “autodefensas”, y se hizo provocando una reacción armada de los mismos seudo “policías”. En esos enfrentamientos murió un niño de 12 años.
¿Se puede, se debe responsabilizar al Ejército de esta muerte? Lo que ningún medio está viendo, y vaya que circulan videos, es que las armas que se dispararon, automáticas, no son de uso exclusivo del Ejército.
De donde es muy probable que el niño haya muerto víctima de los disparos de la gente de esa comunidad que disparaba contra los soldados.
No nos resulta creíble, porque tenemos atragantado el asunto de Tlatlaya, porque se han discutido los “excesos” de fuerza de los militares, porque es políticamente correcto echarle todo el miasma a las fuerzas armadas. Y, sobre todo, porque hay una gran incapacidad de comunicación en el Gobierno.
Quien escuche las grabaciones de los enfrentamientos sabe que las armas que se dispararon son de “policía”, seguramente calibre .223, o sea de R-15. Las más fáciles de comprar ilegalmente. A estas armas corresponden los casquillos encontrados. Las primeras informaciones, serias, hablan de que el niño murió por el impacto de una bala calibre 22 lo que exculpa a los militares.
Surgen varias preguntas: ¿Por qué no se ha dicho esto con suficiente amplitud, con pruebas? ¿Podrá la PGR, que demostró con la presencia de Arely Gómez y su gente en Almoloya no respetar protocolos forenses, llevar esta investigación de manera seria y confiable? ¿Cómo convencer a millones de mexicanos, hartos de errores del Gobierno, de la verdad?
Y aquí surge la legítima exigencia del general Salvador Cienfuegos de que los militares que sean inocentes sean exonerados. Todos tenemos una gran necesidad de saber que contamos con un Ejército confiable e inocente. Decisión política y comunicación para decirlo es lo que hace falta.
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor MX
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