México, 30 de enero.- La parte penal se cumplió. A cabalidad. Para la historia. Quedan pendientes el tema de la responsabilidad política y el tema de la culpa de la sociedad. Porque los hechos en Iguala no pertenecen únicamente al ámbito de las leyes.
Lo que sucedió la noche del 26 de septiembre del 2014 se vino gestando durante mucho tiempo. Por la complicidad criminal de muchos actores políticos, por la omisión igual de criminal de autoridades federales y fuerzas armadas.
Y, sobre todo, pudo suceder porque como sociedad no hemos sabido enseñar a nuestros jóvenes valores morales. Ni en la casa ni en la escuela ni la plaza pública, menos en los medios masivos de comunicación que festejan a delincuentes cotidianamente.
Los asesinos, basta escucharlos en los vídeos de la PGR, hablan de haber privado de la vida a más de 40 estudiantes como si fuese una fiesta dominical. Convencidos de que su trabajo era, precisamente, matar a otros seres humanos.
Eso es lo que nos queda como un pendiente tan irremontable que da miedo siquiera pensarlo. ¿Quiénes somos, qué hemos hecho y dejado de hacer, para que un grupo de seres humanos en situación vulnerable, sin acceso a la educación, se hayan convertido en asesinos sanguinarios de sus iguales?
En Iguala fracasó el sistema político mexicano. Y falló tremendamente este Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto.
Sus colaboradores, grandes sectores de varias instituciones, le fallaron al Presidente de manera tan brutal que no se explica por qué no ha hecho cambios de fondo en su Gabinete.
Fallaron, también, partidos políticos y leyes.
Todo eso, tanto que no se puede enumerar, es lo que falta por cambiar.
Los mexicanos no nos merecemos tener fuerzas armadas omisas que nos salgan con la babosada de no haber “escuchado los balazos” por la lluvia. No podemos permitir que la institución responsable de salvaguardar la integridad de la patria, de defender nuestro suelo ante cualquier enemigo, no sepa o no quiera que fuera todavía peor, defender las vidas de nuestros jóvenes.
Tampoco podemos o debemos tener policías federales que no hacen su trabajo, que no se presentan en una población donde seudo- policías tuvieron horas para perseguir y matar a inocentes.
Y menos todavía instituciones de inteligencia que no informan a sus jefes sobre lo que sucede, que no advierten de los riesgos de seguridad nacional como es su obligación.
Todo el Estado mexicano estuvo rebasado en Iguala.
Eso es lo que está por resolverse.
Eso y los otros muertos, las decenas de víctimas que fueron secuestradas y asesinadas antes que los estudiantes de la Normal en esa misma región del país, incluso bajo las mismas órdenes de los políticos perredistas. Con la complicidad y la estupidez del gobernador Ángel Aguirre siempre presentes.
Esos muertos, muchos, que pudieron haber sido calcinados o que están enterrados en otros “basureros” merecen el mismo respeto que Gobierno, que la PGR, que la sociedad han demostrado tener por los estudiantes normalistas. Merecen que sus asesinos sean castigados.
Mientras no comience un cambio de fondo en todo esto, mientras las leyes sigan sin determinar cuáles son las obligaciones de las fuerzas armadas, mientras los funcionarios federales se amparen en pretextos ofensivos para no cumplir con su obligación, mientras las autoridades estatales sigan siendo tan omisas e incapaces como lo es Rogelio Ortega, el expediente de Iguala seguirá abierto.
Y el precio político a pagar por la administración de Enrique Peña Nieto seguirá creciendo.
Se cumplió con la parte penal. Los responsables están detrás de las rejas. Queda enmendar todo el miasma presente en Guerrero, no solamente ahí, que permitió que un crimen tan horripilante pudiese darse.
Eso corresponde al Gobierno de la República, y sobre todo a Peña Nieto.
Queda la culpa, la inmensa responsabilidad que tenemos como sociedad generadora de asesinos…
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor