México, 9 de julio (Reforma).- El Poder Judicial prepara los pasos definitivos para implementar el sistema de justicia oral acusatorio.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitirá esta semana el acuerdo para designar a los nuevos jueces de control y lanzará la convocatoria para dichas plazas, en un procedimiento donde privilegiará a los secretarios por encima de los actuales jueces, por reunir un perfil más favorable al cambio de prácticas.
Al mismo tiempo, en los próximos dos años desaparecerán 21 de los 246 juzgados de distrito en procesos penales federales del País y será el Distrito Federal donde más se adelgace la estructura, pues dejarán de existir 11 de los 18 órganos jurisdiccionales en la materia.
La reducción del número de juzgados tradicionales responde a la reorganización de espacios y personal que serán reubicados en 44 centros de justicia penal que serán construidos en todo el territorio nacional, a partir de estas fechas y antes de junio de 2016.
El consejero de la Judicatura Federal, José Guadalupe Tafoya, dio a conocer que para cumplir con el calendario de la reforma de juicios orales y sortear el problema de los recursos, el CJF elaboró un “Plan B” que permitirá contar este año con infraestructura adecuada en 12 estados.
El Plan Maestro de la Implementación de la reforma de juicios orales proyecta construir centros de justicia penal en Durango, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Tlaxcala y Chiapas, que este mismo año estarían laborando.
“Tenemos también un ‘Plan B’ que nos va permitir salir en este mismo año, los primeros días de noviembre, para echar a andar seis lugares más con estas salas orales: Zacatecas, Puebla, Culiacán, Mexicali, Mérida y Nezahualcóyotl.
“En éstos tenemos la ventaja de que ya contamos con los inmuebles, sólo vamos a hacer adaptaciones. Tendríamos siete marchando, ya juzgando, y los otros cinco en construcción a muy poco tiempo de echarlos a andar, estaríamos hablando de 12”, dijo el consejero.
Comentó que el CJF conformó un grupo de cuatro consejeros que tomará a partir de ahora el control de todas las áreas que llevarán a cabo la implementación de la reforma penal.
Tafoya advirtió que el presupuesto puede convertirse en un obstáculo para cumplir con los plazos marcados con la reforma.
Comentó que en los próximos dos años necesitarán 20 mil millones de pesos para transitar al nuevo sistema de justicia.
“Teníamos calculado un presupuesto de alrededor de 20 mil millones de pesos, y habíamos pedido para este ejercicio más de 4 mil millones de pesos para la implementación de la reforma penal. No nos lo dieron, pero no fue obstáculo, hemos buscado por otros medios, de manera que no falten los recursos.
“Si no nos dotan de recursos, no podemos salir en los tiempos y en la forma”, dijo el consejero en relación a que en junio de 2016 vence el plazo para tener lista toda la infraestructura física y legal para los juicios orales.
Abel Barajas