México, 26 de febrero (Reforma).- La aplicación de la reforma penal en México está en riesgo debido a irregularidades detectadas en su gestión financiera.
Uso del subsidio para fines distintos de los autorizados, falta de comprobación de gastos, negligencia u omisiones, son algunas de las faltas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La Secretaría Técnica (Setec) encargada del proceso de aplicación del sistema de justicia penal en los estados, fue uno de los órganos más criticados en la revisión a la Cuenta Pública de 2012.
“Las irregularidades, ponen en riesgo la implementación del Sistema de Justicia Penal en todo el territorio nacional, dentro del plazo previsto en la reforma Constitucional que establece que deberá estar operando en el año 2016”, informó la ASF.
El dictamen resultó negativo, por lo que la Auditoría determinó 12 observaciones, que generaron 7 recomendaciones, 9 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 3 pliegos de observaciones.
En dichos pliegos, el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, por un monto total de 3.9 millones de pesos.
“La Setec carece de información veraz y confiable para cuantificar y clasificar el avance real del proceso de implementación del sistema de justicia penal en las entidades federativas”, señala el informe.
En 2012, los Estados presentaron 412 proyectos para recibir el subsidio federal, de los que 411 fueron aprobados, pero de acuerdo a la metodología de la propia Setec, 297 tendrían que haber sido rechazados.
“En la evaluación realizada de los proyectos presentados por 28 entidades federativas, se observó que aportaron un avance que oscila entre muy bajo a un nivel medio, no obstante tampoco fue motivo de su rechazo”, dice el documento.
“Únicamente los proyectos que presentó el estado de Baja California fueron acordes con sus necesidades y congruentes con la etapa de implementación en la que se encontraba”.
Otro problema fueron los tiempos para la ministración de los recursos a los 30 estados con los que Setec firmó convenios.
De los 434 millones de pesos canalizados, 60 por ciento se entregaron entre el 11 y 27 de junio de 2012, cuando el plazo vencía el 15 de mayo, mientras que el 40 por ciento restante se liberó entre el primero de noviembre y el 28 de diciembre, cuando ya era demasiado tarde para ejecutar los proyectos.
La Setec argumentó en su defensa que las entidades tardaron demasiado en remitirle el recibo o comprobante de ingresos, y que en agosto de 2012, cuando solicitó liberar 177.3 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda solo autorizó 60 millones.
De los proyectos que recibieron fondos de la segunda ministración, 191 no tenían avances congruentes con los objetivos, según la ASF.
A fin de cuentas, de los 434 millones, las entidades devolvieron 32.3 millones de pesos. Aunque 24 entidades reintegraron fondos después del plazo legal -15 de enero de 2013- no se les cobraron intereses.
Víctor Fuentes y Antonio Baranda
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