México, 23 de mayo (Milenio Diario).-Si los cuatro militares que fueron detenidos por supuestos nexos con el narcotráfico están sufriendo la fuerza de la justicia militar, el secretario de la Defensa Nacional y hasta el Presidente de la República, en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas, habrán de sufrir sangre, sudor y lágrimas en la opinión pública.
Sobre todo el general Tomás Ángeles Dauahare, un militar con impecable expediente a través de todos sus cargos, hasta llegar a subsecretario de la Defensa Nacional, que tendrá que luchar a fondo contra las acusaciones que le ha hecho la Procuraduría General de la República, sin que hasta ahora se haya especificado claramente de qué se le acusa.
Por qué ahora, en estos tiempos electorales, el Ejército se descubre diciendo que Tomas Ángeles Dauahare tenía nexos de amistad con el priista Enrique Peña Nieto y con grupos delincuenciales, cuando hacia dentro de las fuerzas armadas se sabe que en todo caso no sería el único militar en tenerlos.
Por lo demás, tampoco es el único general que incluso ha sido procesado por sus nexos con el narcotráfico. Ahí están Jesús Gutiérrez Rebollo, Francisco Quiroz Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro.
También hay que contar al general Alfredo Navarro Lara, a Arturo Cardona Pérez, enlace de Gutiérrez Rebollo, y un buen número de militares que purgan sentencia sin que la prensa se haya ocupado mucho de sus casos.
Otro asunto que fue muy sonado fue la Operación Casablanca, donde intervinieron varios banqueros en transacciones de lavado de dinero y en el que se involucró al general Cervantes Aguirre. En ese entonces, según el periódico The New York Times, el gobierno de Estados Unidos truncó la investigación a Cervantes Aguirre. Funcionarios estadunidenses dijeron confiar en que “el general es irreprochable”.
Un vocero de la Secretaría de la Defensa en aquella época (1988), el teniente coronel Francisco Aguilar Hernández, calificó de “mentiras convenencieras” las acusaciones de los narcotraficantes contra Cervantes Aguirre.
¿Será este el mismo caso? Porque no se entiende que en estos tiempos se exhiba al Ejército encarcelando a militares sin un motivo específico, sobre todo cuando ocurre a unos meses de que termine la administración.
No se puede más que pensar, entre otras cosas, que estos movimientos provocarán pérdida de moral en las fuerzas armadas. El grado que alcanzó Tomás Ángeles Dauahare, sin ánimo de encubrir a nadie, merecía ser juzgado hacia el interior de las fuerzas armadas y comunicar el resultado del juicio tan pronto se tuviera.
Por otra parte, a pesar de que el presidente Calderón insista en que la seguridad debe ser cuidada a toda costa, las matanzas como la de Cadereyta siguen en su apogeo, todo ello no obstante la vigilancia del Ejército.
Las acusaciones contra los cuatro militares pueden inscribirse igualmente en la insistencia de varios sectores de regresar a los soldados a los cuarteles.
Porque es evidente que en algunas regiones del país la delincuencia se apropió de las instituciones del Estado y, ya en ese apoderamiento, diversificó sus ominosas actividades para despojar a la sociedad de lo que por derecho le corresponde, generando un clima de violencia inusitado.
“Es evidente que en aquellas latitudes del territorio nacional el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasada”. Es menester, ha dicho el alto mando, reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra seriamente amenazada.
Riesgoso pues resulta que el Ejército realice purgas como la que está ocurriendo, pues con ello parece rendir la plaza ante quienes insisten en que los soldados regresen a sus cuarteles.
Es contrastante que el general Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional y quien autorizó la detención de Dauahare y otros tres militares más, haya dicho hace poco que “México tiene, en este siglo XXI, un instituto armado confiable que todos los días trabaja para defenderlo con firmeza”.
DE IMAGINARIA
Según la encuesta que publica Fuerzas Armadas en su sitio www.fuerzas-armadas.com sobre las posibilidades de generales y almirantes que pueden alcanzar la titularidad, apunta en primer término al general Salvador Cienfuegos; después Luis Arturo Oliver Cen, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; Carlos Demetrio Gaytán, subsecretario de la Defensa, y Augusto Moisés García Ochoa, director de Administración.
En la Marina-Armada de México va adelante José Santiago Valdez Álvarez, jefe del Estado Mayor Naval; Jorge H. Pastor Gómez, subsecretario de Marina; Guillermo Colina Torres, comandante de la Fuerza Naval del Golfo, y Carlos Federico Quinto Guillén, director del Centro Superior de Estudios Navales.
Javier Ibarrola
Fuerzas Armadas
Opinión
Milenio Diario