México, 27 de julio (Reforma).- El visitador en Tierra Caliente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (CEDHM), Jaime Pérez Torres, dijo que la población de esta región, actualmente envuelta en la violencia del crimen organizado y grupos de autodefensa, denuncia constantemente violaciones a sus garantías individuales.
“A todas luces (…) se violenta el derecho a la seguridad pública, el derecho a la tranquilidad, el derecho a la paz de la personas, el derecho incluso al libre tránsito (…) el derecho de libre comercio.
“Hay una serie de violaciones a los derechos más graves, como es el tipo de detenciones ilegales, revisiones ilegales, cateos a domicilios”, añadió.
En entrevista con REFORMA vía telefónica desde Apatzingán, el funcionario dijo que las denuncias de iolaciones son contra autoridades federales y municipales.
Asimismo, aseguró que los hechos desmienten los informes sobre el restablecimiento del orden en esa zona.
“Pues aquí sí usted misma sabe lo que (señalan) las declaraciones de las autoridades respectivas en cuanto que hay orden, que hay paz, que ya está controlado esto. Sin embargo, bueno, pues yo no diría más, mas que los hechos por sí mismos hablan”, apuntó el visitador.
Además, consideró que desde la aparición de los grupos de autodefensa, a principios de año, se multiplicaron las quejas vinculadas con violaciones de autoridades federales por abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, cateos injustificados y diversos abusos.
“Este año llevamos 44 quejas relacionadas con todo este asunto (las autodefensas), alrededor de 30 expedientes que hemos abierto y otros diez, catorce, de otros asuntos aislados.
“Se reparten este número Policía federal y Ejército Mexicano (…) y los motivos de queja, uno de ellos, es una omisión manifiesta por parte de esas autoridades a brindar una efectiva y real protección y seguridad pública a la población; otras de ellas, pues el mismo abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, injustificadas”, detalló.
Estas quejas, al estar involucradas autoridades federales, han sido remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sin ninguna conclusión.
Asimismo, dijo, la visitaduría de Tierra Caliente ha recibido quejas también contra autoridades municipales, sobre todo por cobros ilegales y detenciones sin ninguna orden de algún juez.
Finalmente, consideró que las autoridades deberían preocuparse también por atender las condiciones económicas.
“También debiera haber una incursión económica porque no hay que perder de vista las causas”, indicó.
Guadalupe Irizar
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