México, 3 de enero (La Jornada).- En el año 2006, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la inconstitucionalidad del arraigo penal, en razón de que violaba las garantías de libertad personal y de tránsito previstas en la Carta Magna; sin embargo, en el gobierno de Felipe Calderón la acción se convirtió en una de las principales herramientas en la guerra contra el crimen organizado. Seis años después, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, puso en duda la constitucionalidad y eficacia de dicha posibilidad…nota completa.
Jesús Aranda