México, 12 de diciembre (Excélsior).- Hace dos semanas que contamos con un nuevo Presidente. Tenemos también un Pacto por México y, sobre la mesa, una reforma educativa. Todo eso está muy bien. Pero no olvidemos que la tarea fundamental de cualquier gobierno es proveer seguridad. Hasta ahora, con relación a este tema, la administración de Peña ha subrayado la restructuración de la Secretaría de Gobernación, la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, la armonización de los códigos penales estatales, un programa nacional de prevención del delito y la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país.
No obstante lo anterior, valen algunas preguntas: ¿Qué acciones concretas ejecutará el presidente Peña para encarar la inseguridad que nos agobia? ¿Volverán eventualmente los soldados y marinos a sus bases y cuarteles? Durante su campaña, Enrique Peña anunció que crearía una gendarmería nacional, la cual cumpliría las labores de seguridad pública que hoy en día llevan a cabo, de manera extraordinaria, el Ejército y la Armada. Perfecto: ¿Para cuándo se planea tener en pie a dicha gendarmería? ¿La Policía Federal se incorporará a la misma? De ser así; de hecho, tendría que ser así, ¿no habrá un proceso de depuración de personal antes de que quienes ahora son policías sean gendarmes? ¿Ya se nos olvidó lo que hicieron algunos federales en Tres Marías y en el aeropuerto del DF?
De la misma forma, ¿cuál es la diferencia entre una gendarmería y una policía, en todo sentido, y por qué es necesario que la Policía Federal, la cual nos costó millones de pesos y años de trabajo, desaparezca? Urge que las autoridades correspondientes contesten estas preguntas. Eso sí: celebro que la policía actual y la eventual gendarmería estén bajo control de la Secretaría de Gobernación, pues lo que estaba pasando es que teníamos tres fuerzas armadas en el país, las cuales tenían el mismo nivel jerárquico ya que sus responsables eran, los tres, secretarios de Estado: el Ejército y la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía Federal, situación nada deseable; no es prudente que exista un cuerpo armado, profesionalizado y equipado, que sea paralelo e independiente de las Fuerzas Armadas tradicionales. Y eso es justamente en lo que se había convertido la Secretaría de Seguridad Pública por medio de la Policía Federal. Así, es muy sano que dicha secretaría desaparezca y que el titular de la entidad que la sustituirá no tenga el rango de secretario de Estado.
Además de lo señalado, es importante que el gobierno entrante aclare cómo valorará el uso de declaraciones de testigos protegidos, es decir, de delincuentes que, a cambio de evitar penas de gran severidad, colaboran con la autoridad. Por ejemplo, no se vale que algunos generales estén ahora mismo en prisión como resultado de, precisamente, declaraciones de criminales mientras que el señor Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, ni siquiera haya sido investigado cuando el capo conocido como La Barbie lo acusó de recibir dinero de mafiosos. No estoy diciendo, enfatizo: no estoy diciendo, que el señor García Luna sea culpable de algo. Lo que quiero resaltar es que “o todos coludos o todos rabones”: si la palabra de un delincuente bastó para encerrar a los generales, ¿por qué no es siquiera suficiente para investigar al ex secretario en cuestión? De nuevo: ¿Qué hará el gobierno de Peña ante situaciones como las aquí descritas?
Otros aspectos relevantes en torno al tema de la seguridad son los siguientes: qué hacer ante la incapacidad y/o corrupción de ministerios públicos y jueces; cómo solventar la terrible debilidad de las policías municipales; qué uso se le darán al Cisen y a Plataforma México; qué hacer frente a la naturaleza transnacional del crimen organizado y, en particular, con relación a la legalización de la mariguana en algunas entidades de Estados Unidos.
El gobierno de Peña Nieto ha comenzado bien. Sin embargo, es apremiante que haya claridad y definiciones en torno a la seguridad. Apremiante, sí.
Armando Román Zozaya
Excélsior