México, 5 de noviembre (La Razón).- La flota de la PGR está destruida. De las cientos de aeronaves que la integraban sólo ocho están funcionado y es un decir.
El tema siempre fue delicado.
Los resultados son de claroscuros, y desde hace décadas, porque los programas eficaces, con los que se logró disminuir el trasiego aéreo de drogas, siempre estuvieron amenazados por la corrupción.
Varios procuradores enfrentaron la podredumbre de un área que, sin embrago, es muy importante para las labores que realiza el Ministerio Público.
La procuradora Marisela Morales acaba de realizar una profunda limpia en la dirección de Servicios Aéreos, luego de auditorías que revelaron la situación penosa y de riesgo en la que se encuentran los aparatos.
Pero lo que ocurrió en los últimos años tiene que ver también con un modelo en el que se privilegió a la Secretaría de Seguridad Pública y permitió que la PGR perdiera o mitigara algunas de sus funciones.
Desde el inicio del mandato del presidente Felipe Calderón las tensiones entre el procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, fueron más que evidentes y respondían a la concepción misma de la ruta a seguir en el combate a grupos criminales que estaban demostrando una capacidad de fuego y logística hasta ese momento desconocida. Ganó García Luna y perdió la Procuraduría.
La utilización de las fuerzas armadas, en tareas de seguridad pública, contribuyó, también, a que algunas de las tareas de la Procuraduría se hicieran irrelevantes.
El problema fundamental consistió en la renuncia a un esquema de seguridad que se fue elaborando a lo largo de décadas y que tenía lógica, la que permitió, por cierto, sellar la frontera sur y prácticamente detener los vuelos clandestinos de los narcotraficantes colombianos y de modo particular los de la organización de Pablo Escobar, quien revolucionó el mercado justo por la capacidad de trasportar toneladas y toneladas de droga con su flota de aviones.
Pero respecto a la destrucción del equipo aéreo de la PGR, en una mezcla de negligencia y corrupción, deben dar explicaciones puntuales y, en su caso, sanciones para quien resulte responsable de la pérdida de patrimonio nacional.
Ya se está avanzando por esa ruta, aunque parece insuficiente el cese de funcionarios de servicios aéreos para dar cuenta de un problema que podría ser de grandes dimensiones.
Se debe reconocer el valor de la procuradora Morales, pero sospecho que eso no será suficiente.
En unas semanas el presidente, ahora electo, Enrique Peña Nieto, propondrá el Senado al próximo titular del Ministerio Público.
Una de la tareas más urgentes e importantes será la de rescatar funciones que la ley le confiere a la Procuraduría.
A estas alturas es evidente que la PGR no representó una prioridad dentro de la estrategia de combate a la criminalidad.
Definir si el Ministerio Público requiere de una flota aérea no es un asunto menor y debe ser visto a la luz de un proyecto integral que aliente la colaboración entre dependencias y no su enfrentamiento.
Julián Andrade
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