México, 23 de octubre (Reforma).- Con su habitual criterio periodístico que en espacios aledaños ofrece al lector informaciones contrastantes y/o complementarias sobre un mismo tema, los editores de Reforma publicaron el sábado 13 de octubre de 2012 dos noticias contrapuestas y referidas al mismo asunto: la delincuencia organizada.
Decía el titular principal: “Busca Peña bajar 50% homicidios”. El otro titular, rodeado por la información anterior, señalaba: “Debatiría Mancera legalizar drogas”. Las posturas discrepantes de uno y otro personajes invitan a contrastar posiciones de izquierda y derecha, pero tal cosa posee escasa relevancia frente a las dimensiones que la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico, ha adquirido en México. Lo que sí importa discutir es la racionalidad de esas posiciones.
Fijarse como meta la reducción del número de homicidios supone aceptar la fatalidad, como si hubiera que resignarse a las muertes masivas. Si bien la fatalidad es connatural a la muerte, no lo es respecto de la muerte violenta. Dicho de otro modo: “nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir” (Manrique), pero ese mar y ese morir no tienen por qué ser necesariamente violentos.
La meta de reducir 50% el número de homicidios figura en el documento “Breve diagnóstico sobre la seguridad pública”, elaborado en el equipo de transición de Peña y en el cual se prevé también la creación de una “gendarmería nacional” y la transferencia de 40 mil militares a la Policía Federal. Es claro que se trata de proyectos, pero apuntan a que en el nuevo sexenio se continuará la errónea política de combatir a sangre y fuego a la delincuencia organizada, a pesar del fracaso del actual gobierno federal. Sesenta mil o más muertes, el incesante trasiego de droga al extranjero, el aumento del consumo interno de enervantes y la desestabilización en amplias zonas del país no bastan para convencer a nuestros políticos de que el camino no es la represión. ¿Es racional continuar el desangramiento de una parte de nuestras juventudes, principalmente para evitar que lleguen a Estados Unidos productos que ahí se quiere consumir?
Por todo ello, resulta contrastante el planteamiento del jefe de Gobierno electo del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera: discutir la legalización. Aun cuando tal posicionamiento suene tímido frente a lo que debiera ser una acción urgente, el debate es una buena manera de abrir camino hacia la regulación (y no la persecución) de la producción, transporte y comercio de las drogas hoy prohibidas. Ante lo polémico del tema, resulta útil que Mancera incluya en su perspectiva una política diferente a la seguida por Calderón y preanunciada por el equipo de Peña. Y mientras la regulación llega (al menos así lo entiendo), el próximo titular del GDF propone un equilibrio entre las medidas preventivas y las represivas, así como combatir la corrupción y el lavado de dinero.
Unos días después de conocerse los divergentes posicionamientos, el ex secretario general de la ONU Kofi Annan afirmó que la estrategia en contra del narcotráfico emprendida por Calderón no ha funcionado, y llamó a un debate global sobre la legalización de las drogas (Reforma, 19/10/12). En el mismo sentido se han pronunciado jefes y ex jefes de Estado, intelectuales, economistas, investigadores, periodistas… Pero hasta ahora la irracionalidad inherente al prohibicionismo sigue viento en popa, impulsada por EU, cuyo subsecretario de Estado, William Brownfield, acaba de hacer una declaración risible, al decir que en México se está viendo el comienzo del fin de la industria del narcotráfico (Reforma, 21/10/12). Cabría preguntarse si el consumo en EU ha disminuido dramáticamente, si ese país ha diversificado sus proveedores o si su producción interna es tan alta que le permite importar menos drogas. Porque si el trasiego México-EU continúa en dimensiones iguales o crecientes respecto de 2006, no tiene base alguna la afirmación de Brownfield.
OMNIA
Aun cuando se extrañan candidatos procedentes de ámbitos diferentes al Poder Judicial, sobre todo de la academia, en las ternas de juristas enviadas por Felipe Calderón al Senado para designar a dos ministros de la Corte, destacan dos nombres: Alberto Pérez Dayán y Pablo Monroy Gómez, poseedores ambos de carreras prestigiosas, diferentes y valiosas. Es lamentable que hayan quedado en la misma terna, porque no podrán llegar los dos a la Corte, dicho sea esto sin menoscabo de la otra candidata, Andrea Zambrana.
Eduardo R. Huchim
Opinión
Reforma
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