Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/estadoma/public_html/wp-content/themes/magazine-premium/template-parts/content.php on line 13
Se avecina una nueva etapa judicial en el caso del general brigadier Ricardo Martínez Perea, procesado y sentenciado por supuestos vínculos con el narcotráfico, en un juicio donde la única prueba fue un anónimo. El militar que se ganó su ascenso al generalato tras romper todos los records de decomisos de droga a su paso por Tamaulipas, entre los años 1999 y 2000, busca dar una nueva batalla tras solicitar que comparezcan, entre otros, el ex presidente Vicente Fox y los ex titulares de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre y Gerardo Clemente García Vega.
México, 30 de junio.- Eran un par de médicos del penal de las Islas Marías quienes recibieron la orden hace unas semanas, de practicar una revisión al estado de salud del general brigadier Ricardo Martínez Perea, trasladado a ese centro penitenciario, el pasado mes de octubre. Tras los análisis concluyeron que el militar gozaba de buena salud sin embargo, pasaron por alto que había una serie de estudios previos a su llegada a éste lugar, donde se dictaminó la necesidad de colocarle un marcapasos debido a los problemas cardiacos que padece de tiempo atrás.
El dictamen clínico realizado en el complejo penitenciario de las Islas Marías, fue considerado por sus abogados defensores como parte de una estrategia de la autoridad jurisdiccional castrense que podría traducirse en una eventual negación de su traslado la ciudad de México para que sea atendido en el hospital central militar. Y por estos días han comenzado a aparecer otras señales que así parecerían indicarlo.
El pasado 12 de mayo se presentó un incidente de reconocimiento de inocencia ante los juzgados militares el cual, según lo señala la ley, la autoridad judicial tendría que haber fijado fecha de audiencia para desahogar pruebas en los siguientes cinco días hábiles. Algo que hasta los últimos días de junio no había ocurrido. De acuerdo a una consulta del expediente judicial del militar, detenido en el año 2001 cuando era comandante del 21 regimiento de caballería en Nuevo Laredo, acusado con base en un anónimo de vínculos con el narcotráfico, sus abogados solicitaron como medida precautoria la suspensión de la ejecución de la sentencia a su favor para que sea trasladado al nosocomio castrense de la ciudad de México “con carácter de urgente”.
La medida se basó no solo en las violaciones a las garantías individuales de las que fue objeto durante su juicio, concluido en instancias castrenses con un consejo de guerra que lo sentenció a 15 años de prisión en el año 2003, sino en una serie de irregularidades jurídicas que en su momento fueron desechadas sin que se analizaran a fondo. Diez años después, en medio de un problema grave de salud que padece en su reclusión en las Islas Marías, su caso revive con nuevas directrices jurídicas.
Piden citar a Fox, Cervantes y Vega García
¿Puede un militar que ascendió al generalato, en reconocimiento por sus méritos en el combate al narcotráfico, convertirse en menos de un año en un supuesto protector de capos? Él mismo lo dijo a sus allegados, a menos que “haya afectado otros intereses”.
Cuando en 1999 el entonces coronel Martínez Perea llegó a Nuevo Laredo para hacerse cargo de la comandancia del 21 regimiento de caballería, comenzó a desplegar un plan de movilidad de sus soldados a lo largo de los poco más de 150 kilómetros de frontera que le correspondían, lo que se tradujo en el decomiso continuo de cargamentos de marihuana y cocaína, pertenecientes al llamado cartel del Golfo, que entonces encabezaba Osiel Cárdenas Guillén.
Parte de su estrategia era que los puestos de control que estableció con sus tropas, para revisar y dar seguimiento a vehículos de carga, los colocaban en caminos de segundo orden, y su permanencia no duraba más de 24 horas, siempre eran móviles. Era una directiva avalada por la comandancia de la octava zona militar, por ese entonces aun con sede en Tancol, Tamulipas, la cual poco después sería trasladada a Reynosa. El plan de trabajo para el decomiso de droga, armas y labores de apoyo a la autoridad federal, le dio resultado a los pocos meses. En el último año de gobierno de Ernesto Zedillo como presidente de la república, y con el general Enrique Cervantes Aguirre de titular de la Defensa Nacional, rompió el record de incautaciones de droga a nivel nacional, lo que le valió su ascenso al grado de general brigadier en el año 2000 y un reconocimiento especial del alto mando.
Como testigo de su labor, y de los reconocimientos que recibió, se solicitó en días pasados al juzgado militar donde se lleva el caso, que citen a comparecer al general Cervantes Aguirre, militar en retiro y ex secretario de la Defensa Nacional. También se pidió que sea requerido el ex presidente Vicente Fox, dado que en el verano del año de 2001, en los días en que fue detenido el general Martínez Perea, durante una gira en Cali, Colombia, se refirió a su caso con el dicho que se aplicaría todo el peso de la ley, con referencias a que estaba involucrado con el narcotráfico aun sin haber sido juzgado. En la lista de los personajes que se pide al juez castrense mande citar a comparecer, también se encuentra el ex secretario de la Defensa, Gerardo Clemente Vega García, para que dé cuenta de la información que le hicieron llegar sobre el caso al momento de la detención del brigadier.
Otros militares que se pide sean citados a comparecer en la reapertura del juicio son, el general de división retirado Juan Heriberto Salinas Altés, ex jefe de estado mayor de la Defensa en la administración que encabezó Cervantes Aguirre; el general de brigada Arturo Olguín Hernández, ex director de la Escuela Superior de Guerra, quien ordenó el cese de un hijo de Martínez Perea, oficial de caballería que cursaba el Diplomado de Estado Mayor, por el solo hecho de su parentela. Otros de los que se solicitó su comparecencia son los mandos superiores del brigadier cuando estuvo en Nuevo Laredo, entre ellos se encuentra el hoy general de división retirado Ramón Arrieta Hurtado, entonces comandante de la cuarta región militar que comprende los estados de Tamaulipas y Nuevo León.
Un ministerio público “por consigna”
Su actuación pareció la de un histrión que buscaba mostrar que con su actitud era imbatible. Se llama Gerardo Salazar Bolaños y fue, durante más de seis años, el fiscal “a modo” que utilizó el general Rafael Macedo de la Concha, cuando fue procurador militar y durante su paso posterior al frente de la PGR, para armar los casos “relevantes” que le fueron encomendados.
Salazar Bolaños no es militar de carrera, es un abogado que al darse de alta en el ejército recibió grado de oficial y sus ascensos, lleva más de 14 años con el rango de mayor, han sido por el tiempo que ha estado en el área del servicio de justicia militar.
Uno de los argumentos del general Martínez Perea para cuestionar los dictámenes del fiscal militar que lo acusó, fue que Salazar Bolaños desconoce la naturaleza táctico-técnica de las operaciones militares “pues no es militar de carrera, ni de arma, ni de guerra”. Desde su ignorancia operativa, añadió en uno de sus nuevos argumentos asentados en el expediente, “se atrevió a cuestionar la técnica empleada en el combate al narcotráfico”, que había sido avalada por los comandantes de zona, en este caso la de Tamaulipas, y de región, que abarca esta entidad y Nuevo León.
El mayor Salazar Bolaños, declaró en una de las audiencias públicas del consejo de guerra celebrado en abril del 2003 en el campo militar número uno de la ciudad de México, que se había actuado en contra del general Martínez Perea “por órdenes del general secretario” que en ese momento era Vega García. En uno de los documentos del expediente, al que se tuvo acceso, el brigadier recuerda que en todo momento el abogado de formación y sin carrera dentro del ejército, hizo “gala de prepotencia y soberbia” durante el sumario y se burló de manera pública de su jerarquía militar, además de faltarle el respeto a su familia e intimidar con sus aseveraciones a su defensora de oficio, una teniente de menor rango. Su papel llegó a tal nivel de desmesura, añade el general, que amenazó a los integrantes del consejo de guerra con iniciarles una averiguación penal si no sentenciaban al acusado pues era “orden superior”.
La desmesura del fiscal militar, que en su momento fue señalada sin que se procediera en su contra por violentar la disciplina castrense, e incluso insubordinarse ante sus superiores que actuaban como integrantes del consejo de guerra, quedó exhibida y pasó a formar parte de la llamada “justicia de mando” o “de consigna”, donde el caso Martínez Perea fue uno de los varios que se ventilaron en aquellos años.
Juan Veledíaz
@velediaz424
Estado Mayor
16 comments for “Las batallas de un general desterrado”