Un general en el destierro

El General Martínez Perea. Foto: Especial¿Puede un militar que ostentó el récord de decomisos de droga hace una década, seguir encarcelado por una acusación basada en un anónimo? La historia del general Ricardo Martínez Perea revive uno de los episodios más bochornosos de la era del panismo en el gobierno de la república, donde tres oficiales fueron juzgados y sentenciados en medio de circunstancias poco claras y con violaciones a sus garantías de un juicio imparcial.

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México, 4 de marzo.- Se llama “Laguna del Toro”, es un campo de máxima seguridad dentro del complejo penitenciario de las Islas Marías. A este lugar fue trasladado el pasado 12 de octubre el general brigadier Ricardo Martínez Perea, ex comandante del 21 regimiento de caballería motorizada, que operaba en Tamaulipas, acusado de delitos contra la salud. El caso es emblemático por su origen: la acusación se basó en un anónimo por el que fue sentenciado a 15 años de prisión en el año 2003 en un consejo de guerra donde se denunciaron una serie de irregularidades que, de acuerdo a sus defensores, violaron sus garantías individuales y su derecho a tener un juicio imparcial.

Martínez Perea es un oficial de caballería que hasta aquel año del 2002 era de los pocos mandos tácticos, es decir un militar hecho en operaciones en el terreno que no pasó por la Escuela Superior de Guerra y no ostentaba el acrónimo DEM (Diplomado de Estado Mayor), a quien el alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional le entregó varios reconocimientos antes de su detención, por su “destacada labor” contra el narcotráfico. Además, la unidad bajo su mando, llegó a ostentar en aquellos años el récord nacional de decomisos de cocaína.

Algo ocurrió, algún interés no revelado afectó con su accionar el general, se comentó en aquellos días de finales de marzo del 2003 cuando se celebró el consejo de guerra en el campo militar número uno de la Ciudad de México, para que de la noche a la mañana se borraran los palmarés por sus resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico, y pasara a convertirse en un probable responsable de “delitos contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera en el fomento para posibilitar el narcotráfico”, cargo cuya única evidencia se basó en aquel anónimo.

Un anónimo que salió en el año 2002 de una papelería localizada a la vuelta del edificio que entonces era la sede de la Unidad de Investigación contra la Delincuencia Organizada de la PGR, en la Plaza de la República, y cuya veracidad y soporte legal, de acuerdo a las pruebas que aportó la defensa del militar, eran nulas. Por el contrario, como evidencias a su favor estaban las cartas de felicitación del entonces titular de la Sedena, testimonios de jefes, compañeros y subordinados donde corroboraban el actuar del brigadier. Y un dato que cualquiera dentro de la milicia sabe que no se puede ocultar, los bienes, el patrimonio. Junto con su esposa y su familia, el general Martínez Perea siempre vivió en la modestia que su haber de militar le proporcionaba. Una casa de interés social en San Luis Potosí y un auto que con ayuda de sus amigos terminó de pagar. En abril del 2003 la periodista Isabel Arvide escribió, una vez concluido el consejo de guerra donde hubo libre acceso a la prensa, que “el juicio militar contra el general Martínez Perea, el capitán Pedro Maya y el teniente Javier Antonio Quevedo estuvo plagado de anomalías desde el punto de vista civil. Inaceptables en una cultura de protección a los derechos humanos, como es la presión e inmediato encarcelamiento de testigos a favor de los acusados bajo el argumento de que habían “mentido”.

Todos los días en su reclusión de las Islas Marías, Martínez Perea —quien tiene  67 años de edad y vive aquejado por  problemas del corazón, próstata y artritis—tiene que caminar más de un kilómetro para acarrear agua en dos cubetas para su aseo personal. Vive rodeado de reos sentenciados por narcotráfico que sirvieron a organizaciones que él afectó, como lo que entonces era el Cártel del Golfo.

 

Medio siglo de su Antigüedad

La madrugada del 9 de mayo del 2009 Martínez Perea fue sacado de su celda en la prisión del Campo Militar Número uno para ser llevado al centro de readaptación social federal no. 4 en Tepic, Nayarit. Por esos días varios escritos que circulaban por Internet de familiares de reclusos, señalaban que el general era muy apreciado por otros internos porque los asesoraba o aconsejaba de cómo llevar sus procesos. Rumores de un motín, desavenencias con sus coacusados, dos oficiales que estuvieron bajo su mando, y otros dichos sin corroborar, circulaban en los días previos a su traslado.

El maltrato de los celadores y sus problemas de salud, en aquel momento estaba por ser intervenido quirúrgicamente para colocarle un marcapasos, orilló a que lo llevaran al centro federal de reinserción psicosocial, en Ciudad Ayala, Morelos, un lugar catalogado por las autoridades como para enfermos mentales. El 21 de mayo del 2011, de nuevo fue sacado de su celda para de vuelta internarlo en el penal federal de Tepic. Un año y medio después, fue enviado a las Islas Marías.

“Me trasladaron como un vil perro de Tepic, Nayarit, hasta las Islas Marías, donde actualmente estaré terminando de purgar mi sentencia, que se basó en un maldito anónimo”, escribió en un mensaje hecho llegar a sus familiares.

Por estos días circula por Internet una carta de una de las hijas del general, donde relata la situación jurídica y las condiciones en las que vive su padre en el archipiélago de María Madre, la de mayor extensión de las tres islas, y donde se encuentra el complejo penitenciario. La misiva está dirigida a la antigüedad 1963-1966 a la que perteneció el brigadier y la cual cumple este año medio siglo de haber ingresado del Colegio Militar. En el documento relata lo que fue público hace casi ya una década durante la celebración del consejo de guerra, que la acusación junto al anónimo se basó en testimonios de oídas, que los peritos encargados de los análisis no estaban certificados por la autoridad que les correspondía, y que el juez violó en varias ocasiones los derechos del procesado con omisiones a las solicitudes de la defensa.

“Los defensores de oficio que fueron cambiados constantemente los arrestaban cada que defendían a mi padre, incluso la última teniente la mandaron hasta Chiapas y los defensores particulares fueron perseguidos y amenazados para que dejaran el caso (…). Al último abogado que venía desde Tijuana, fueron a dejarle una corona de muertos a su despacho con su nombre y una tarjeta diciéndole que era un anticipo de lo que le iba a pasar y recibió una llamada para que dejara la defensa”.

La autora de la misiva relata que fueron varios días y semanas en los que tuvo que sortear la burocracia judicial militar para poder acceder al expediente de su padre. Cuando por fin pudo revisarlo lo encontró muy maltratado, con fojas que ya no eran legibles, algunas remarcadas y otras extraviadas. Hubo un hecho que le sorprendió. Fueron una serie de oficios judiciales anexados al expediente que hacía referencia a Gilberto García Mena, un capo apodado “el June” ,operador del Cártel del Golfo detenido en aquella época, quien fue favorecido en el año 2010 por un amparo, ratificado por un tribunal colegiado, y obtuvo su libertad en cuanto a los delitos de “contra la salud en la modalidad de contribuir, fomentar, transportar, venta, compra y cualquier medio de contribuir al uso de narcóticos”. Al general se le acusó, recordó, de supuestamente proteger a este individuo. Y se pregunta en la carta: “resulta inverosímil que si este hombre es inocente cómo es posible que mi padre siga purgando una sentencia de “delitos contra la salud” porque protegía a este hombre”.

Martínez Perea hizo saber a su familia, para que lo transmitieran a sus colegas de armas, que si la fiscalía militar encontrara “una prueba fehaciente de que él es un narcotraficante”,  entonces pide le sea aplicada “la pena de muerte para ejemplo de todos sus compañeros de armas por haber sido un traidor a las fuerzas armadas”. De momento, la solicitud que sus familiares hacen es que sea regresado al Campo Militar número uno, entre otras cosas para ser atendido de sus problemas de salud, y reabrir el caso.

Juan Veledíaz

Estado Mayor

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