Entrampan errores caso de General

México, 26 de febrero (Reforma).- El Tribunal de Juicio Oral del Distrito de Tlalnepantla absolvió a los acusados de asesinar al ex Oficial Mayor de la Sedena, General Jorge Juárez Loera, aduciendo que las autoridades no solicitaron una orden de cateo para abrir el carro donde estaba la pistola con la que ejecutaron al divisionario.

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Los jueces de sentencia José Alfredo Cedillo González, Ignacio Darío Morales Sotelo y José Manuel Hernández Zacarías, no le dieron valor a ninguna de las pruebas contra Isaías Aarón García Estrada “El Pantera” y Antonio Martínez Torrijos, los presuntos homicidas.

El primero continúa internado en el Penal de Barrientos sometido a un juicio por un delito distinto a la acusación del homicidio de Juárez Loera, y el segundo quedó libre.

Los acusados estaban confesos ante la PGR de haber sido contratados por Luz del Carmen Solares de la Rosa, “La Viuda Negra”, por un millón 100 mil pesos, para ejecutar al General, derivado de sus disputas personales con la victimaria.

Hasta donde se pudo verificar, nunca, ni en la indagatoria ni en el juicio, los acusados alegaron haber sido torturados para autoincriminarse en las confesiones que rindieron acompañados de sus abogados.

Pero en el nuevo sistema oral acusatorio se encontraron con reglas que les fueron favorables, pues consiguieron la exoneración gracias a que la confesión ya no tiene ningún valor y a que las normas son más estrictas con el resguardo de la evidencia por parte de las policías.

La indagatoria del caso fue integrada por la PGR, pero por declararse incompetente un juez federal, el expediente terminó en la justicia del fuero común del Edomex.

La Procuraduría estatal ofreció como pruebas 11 testimoniales, 3 peritajes, 4 DVDs con videos, 2 informes bancarios, las fichas signalécticas de los acusados, un registro de llamadas de Nextel, un informe de la Secretaría de Economía y uno del Notario de Huejotzingo, Puebla. Nada resultó útil.

De acuerdo con la sentencia de los jueces en la causa penal 40-2012, del pasado 18 de febrero, los presuntos sicarios son inocentes porque el arma con la que fue asesinado el General es una prueba obtenida de manera ilícita, debido a que fue asegurada sin respetarse la cadena de custodia.

Al mismo tiempo, las redes de vínculos que unían las comunicaciones de radio Nextel de los probables responsables, así como depósitos bancarios con los que “La Viuda Negra” habría pagado sus servicios a los ejecutores, fueron declaradas por los jueces como “pruebas ineficaces”.

El rigor de los jueces se aplicó en principio al testimonio de Ricardo Hernández Herrera, un agente de la Policía Federal que descubrió el auto Jetta que usaron los presuntos homicidas y en donde oficialmente se dijo que estaba la pistola con la que mataron al General.

Cuando el policía compareció en el juicio oral, dijo que el vehículo no tenía seguros y abrió la puerta; enseguida halló la pistola en la guantera. Para los jueces, no debió abrirlo sin orden judicial.

“Como lo refiere el mismo elemento policiaco, no contaba con orden de cateo para llevar a cabo una revisión al interior del vehículo, ya que la circunstancia de que estuviera con los seguros arriba (abiertos) no le facultaba para acceder al vehículo, a lo que debe señalarse que no se expuso durante el juicio que se hubiera llevado una cadena de custodia respecto del vehículo asegurado y del arma de fuego también asegurada que garantizara que esa evidencia material fue recogida con las técnicas y procedimientos de cadena de custodia”, señala el fallo.

En el juicio, se señaló que un familiar del inculpado Antonio Martínez Torrijos recibió en su cuenta 1.1 millones de pesos, cantidad que Solares supuestamente pagó por el asesinato, sin embargo, los jueces tampoco le dieron valor a esta información.

“No se desprende de tal prueba, información concreta y precisa respecto de la participación de los que aquí se juzga, es decir, cuál es el acto en cooperación previa de cada uno de los ahora acusados que haya propiciado de alguna manera la concreción de un hecho.

“Las cuentas bancarias no resultan eficaces para establecer una forma de participación”, sentenciaron los juzgadores.

En este juicio la Dirección de Informática de la Secretaría de la Defensa Nacional ofreció un mapa de vínculos de llamadas de radio Nextel entre los presuntos responsables, sin embargo, los jueces también dijeron que la relación entre los sospechosos no probaba nada.

“No se desprende de tal experticial, información alguna que determine cómo es que el registro de esas llamadas entrantes y llamadas salientes de los identificadores de radiotelefonía Nextel, constituyen una cooperación previa de cada uno de los acusados, que hayan propiciado de alguna manera la concreción de un hecho”, concluyeron los jueces.

En conclusión, para el tribunal, la PGR no aclaró en qué momento los acusados resuelven asesinar al General, de qué manera eligen los medios entre ellos y las personas que debían realizar la privación de la vida, por lo que la imputación les parece “una conjetura y no un hecho probado”.

“Antonio Martínez Torrijos e Isaías Aarón Estrada García no estaban obligados a probar su inocencia, sino que la carga de la prueba no sólo del hecho delictuoso, sino además de la responsabilidad penal de las personas corresponde a quien acusa, en este caso al Ministerio Público”, concluye el fallo.

Abel Barajas

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