Cuarteleras

El primer escándalo de AMLO y Sedena por la liberación de cuatro civiles presuntamente pertenecientes a un grupo armado que atacó a un convoy militar, se da a la par de la aprobación para crear a la Guardia Nacional.

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Esta corporación tendrá la misión de acabar o controlar a la delincuencia en todas sus formas a partir de una dinámica policiaco-militar basada en el respeto a los derechos humanos, lo cual luce complicado, porque dicha agenda sigue siendo una barrera, un imposible de cumplir por parte de las fuerzas armadas en el marco de las operaciones de apoyo a la seguridad pública.

Lo ocurrido en torno a la muerte del teniente coronel José Guadalupe Barrientos Ortíz, segundo comandante del 33 batallón de Infantería, puede ser un lamentable ejemplo de que la cosa no mejora en la milicia, ya que sucede una y otra vez y se asemeja al caso Palmarito, el donde el sargento segundo de Policía Militar, José Isidro Gómez, fue acusado de la ejecución de un civil que ya estaba sometido, herido, desarmado y boca abajo cuando supuestamente el sargento se acercó a dispararle en la nuca, acto que fue captado por una cámara de video.

El sargento estuvo preso más de medio año mientras el proceso en su contra avanzaba. El militar fue liberado por dos razones fundamentales: el juez del proceso invalidó los videos como pruebas contundentes porque estaban editados y porque se desconocía su origen, además porque nunca quedó acreditado con absoluta certeza que el soldado que aparecía en las imágenes era el sargento José Isidro Gómez.

Sin embargo, el hecho era contundente y quedó plasmado en los vídeos captados aquella noche del 3 de mayo de 2017: un elemento de tropa ejecutó a mansalva a un civil desarmado, herido y sometido que estaba bajo control tras un enfrentamiento armado.

Al final, el asesinato cometido por un soldado en funciones de combate a la delincuencia quedó impune.

Palmarito reloaded

En el caso del teniente coronel asesinado por civiles en Pinzándaro, municipio de Buenavista Tomatlán, en Michoacán, amenaza con convertirse en el Palmarito del general Sandoval y el presidente López Obrador.

Aunque al momento no existe queja alguna ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por parte de los cuatro civiles detenidos por el ejército – y liberados luego un juez de control-, técnicamente la comisión podría iniciar una investigación a partir de datos o elementos de peso que hayan sido divulgados por medios de comunicación o de manera pública.

Con estos elementos se puede iniciar una investigación sin que haya queja directa de los afectados o de testigos directos de un presunto abuso de autoridad.

Varios medios de comunicación y en redes sociales dieron a conocer algunos detalles sobre la liberación de los cuatro detenidos y sus dichos en torno a que los militares atendieron primero y dieron toda la prioridad al teniente coronel Barrientos.

Incluso, al dar a conocer la liberación, espacios como el de Ciro Gómez Leyva revelaron los nombres de los civiles sobrevivientes al enfrentamiento y quienes aseguraron que no solo hubo supuesta negligencia militar, sino que los soldados presuntamente mataron a golpes a otro civil herido, más o menos como en Palmarito.

Ya con la Guardia Nacional aprobada y con la agenda de respeto a los derechos humanos sin surtir mayor efecto,  los escenarios para el combate a la delincuencia en todas sus formas y colores se antojan como el siguiente dolor de cabeza de la popular administración lopezobradorista.

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