Fragata

El almirante Ojeda Durán arrastra la pesada agenda de violaciones a los derechos humanos cometidas por la Infantería de Marina y las Fuerzas Especiales de la institución en tiempos del secretario Vidal Soberón.

Anuncios

No solo se trata de la herencia dejada por su antecesor en materia de irrespeto a los derechos humanos; se trata, además, de la necesidad y de la urgencia de aclarar hechos oscuros de abuso y de impunidad, temas que serán un lastre duro de llevar en los tiempos de compromiso y transformación para serenar a un país quebrado por la violencia y la incapacidad para frenarla incluso con la ultima barrera, el último recurso del Estado: sus fuerzas armadas.

Hace una semana la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH) publicó el informe “Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006-2017)”, en el que se revisan “las violaciones graves a derechos humanos y crímenes graves cometidos durante la guerra contra las drogas” iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto con intensidades y saldos negativos.

De acuerdo con el informe, entre diciembre de 2007 y junio de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 790 Recomendaciones, de las cuales 204 fueron analizadas ya que forman parte del universo analizado en el que las fuerzas federales fueron acusadas de cometer violaciones graves a los derechos humanos.

Las 204 recomendaciones emitidas por la CNDH a las fuerzas armadas y a diversos cuerpos policiacs refieren la existencia de 1,069 víctimas de las acciones denunciadas. A su vez, de las 1,069 víctimas reportadas 929 fueron sometidas a torturas, malos tratos, fueron asesinadas y otras fueron desaparecidas. Otro tanto fue objeto de detenciones arbitrarias, o bien de violación a su derecho de propiedad por los robos y/o los daños causados a sus casas a la hora de las detenciones de sus familiares, indica el documento en su conteo.

La revisión de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por fuerzas federales -principalmente por las fuerzas armadas- revela un patrón de actuación en el que sistemáticamente se abusa del uso de la fuerza con procedimientos propios de una situación de guerra y no de una dinámica de colaboración y apoyo a la seguridad pública.

Detenciones y cateos arbitrarios, tortura, lesiones, amenazas y saqueos a domicilios se suman a interrogatorios y traslados ilegales en los que, en algún momento, soldados, marinos y policías pasan por encima de cualquier protocolo de uso de la fuerza y someten a los detenidos a toda clase de abusos.

Como era de esperarse la Marina emitió un comunicado en respuesta a la difusión del informe, señalando el esfuerzo para capacitar a “casi 37 mil elementos, a través de 37 Cursos Talleres, 42 academias, 22 Jornadas Jurisprudenciales, 37 Conferencias y 5 diplomados en Derechos Humanos, a la fecha”.

La Semar insiste en que el trabajo de sus elementos se da “en apego al respeto a la dignidad humana, a la vida y la igualdad, derechos esenciales para la consolidación de una nación libre, democrática y con una sólida base jurídica”, en una labor coordinada desde la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos que encabeza el Vicealmirante Hilario Durán Tiburcio, quien repite en el cargo al que llegó desde el final de la administración del presidente Felipe Calderón y del almirante Francisco Saynez.

El problema de fondo en cuanto al respeto a los derechos humanos por parte de la Marina, en el marco del combate a la delincuencia organizada y común, sigue radicando en la doctrina aplicada a sus integrantes y la forma en que ésta es retomada por la tropa y sus jefes y oficiales en el contexto del combate al crimen.

En el gobierno del presidente Felipe Calderón, el iniciador de la era de violencia por su idea de enfrentar militarmente al narco, la Marina recibió 23 Recomendaciones. Con Enrique Peña Nieto la cifra fue de 26 Recomendaciones por violaciones a los derechos humanos (incluyendo Violaciones Graves-VG).

Pese a que en la Semar se insiste en marcar diferencias entre las Recomendaciones recibidas por hechos ocurridos en administraciones anteriores para tratar de matizar el origen y número de agravios de los marinos, al final queda patente que las prácticas de abuso, tortura, ejecuciones, desapariciones, cateos, amenazas y violencia sexual siguen imperando entre elementos enviados a operar en favor de la ciudadanía y contra los delincuentes.

Si con Calderón la Marina recibió 23 Recomendaciones y con Peña Neto le enviaron 26, algo sigue estando mal, muy mal en el comportamiento del personal naval hacia la población no relacionada o vinculada con la delincuencia.

A pesar de los más 37 mil marinos capacitados una y otra vez para estar conscientes de los abusos y de cómo evitarlos, la agenda del respeto a los derechos humanos en la Marina sigue en los terrenos de la opacidad y de la resistencia a la rendición de cuentas.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, por ejemplo, sigue en el aire el caso de las desapariciones y ejecuciones de civiles aparentemente perpetradas por personal naval operando en vehículos oficiales y en unidades civiles.

Los pronunciamientos de instancias internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidiendo a México aclarar los abusos de la Marina en la frontera norte recibieron atención inmediata hasta que las denuncias tuvieron eco en el extranjero.

El almirante Soberón ordenó retirar a 257 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Marina para concentrarlos en la Ciudad de México en el marco de las investigaciones sobre las desapariciones y ejecuciones en Nuevo Laredo.

No se supo más sobre este tema y las consecuencias que tuvo al interior de la Marina. No se dio información acerca de la situación de los 257 marinos o de alguna otra unidad bajo investigación. Silencio y opacidad, antes y hoy.

El tema cobrará enorme relevancia en poco tiempo, sobre todo con la aprobación de la Guardia Nacional ya en puerta y con la continuidad del despliegue naval en el combate al narco en forma paralela a lo que será la actuación de los futuros guardias contra la delincuencia común.

El almirante Ojeda Durán debe resolver de fondo esta situación o de lo contrario el expediente de violaciones a los derechos humanos cometidos por los marinos como parte de su forma de operar seguirá creciendo, sobre todo si la Guardia Nacional y la Marina ven una mayor expansión en sus atribuciones como entes para-policiacos, cobijados por una legislación contraria al respeto a los derechos humanos.

Jorge Medellín/@JorgeMedellin95/Estadomayor.mx

Anuncios

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *