Cuarteleras



México, 6 de diciembre.- A estas alturas del juego, no queda duda sobre la molestia que han causado entre las fuerzas armadas las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre la idea de una amnistía de su gobierno, cuando sea presidente de México, al crimen organizado.

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Las descalificaciones y ataques a los que ya está acostumbrado López Obrador no tienen mayor valor que el de servir como una suerte de referencia circunstancial para palpar lo que siente una parte del conglomerado virtual que se expresa en las redes sociales. Nada más.

Pero en donde la situación es completamente diferente es justo en el corazón de uno de los actores fundamentales de la guerra contra el crimen organizado: las fuerzas armadas.

Ahí caló fuerte del pronunciamiento de AMLO, no solo por las 530 muertes de soldados -sin contar a marinos- en combate al narcotráfico registradas desde diciembre de 2006 por la Sedena. La cifra es mucho mas elevada pero la secretaría no toma en cuenta los registros de otros 543 fallecidos, contabilizados por la S-2 y la S-7 desde 1976 hasta finales de 2007.

Así, la cifra de muertes militares en combate al narco, en sus distintas fases y operaciones desde hace 41 años, es de 1,073 efectivos fallecidos. Los datos de la Sedena demuestran que la mitad de los caídos en las filas castrenses han fallecido en los dos últimos sexenios.

Más de la tercera parte de esos militares han muerto en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Lo que encendió los focos rojos en las oficinas de Cienfuegos y Soberón fue la cadena de escenarios que se desatarían si una idea así prosperara. En la Marina la reacción no fue de incredulidad, sino de un reposado, “se los dije”, en referencia a las expectativas que ya había despertado la muy probable llegada de Obrador a la silla presidencial.

En la Sedena la reacción fue más marcada y abierta, toda vez que el general Cienfuegos lleva la voz cantante en el bloque de las fuerzas armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina) y ha sido el en cargado de protestar, elevar la voz y sembrar ultimátums entre la clase política y entre el poder judicial para ganar terreno colocar el discurso militar en la agenda política nacional.

Si López Obrador quería atraer reflectores y llamar la atención de civiles y uniformados desinflando al mismo tiempo a un demagogo José Antonio Meade, lo consiguió y con creces y carambola de tres bandas.

El Peje envió la pelota al otro lado de la cancha y le cedió el turnio a los militares. Cienfuegos y Soberón pudieron (y debieron) guardar silencio, ser institucionales, respetar sus rangos. No lo hicieron. Mordieron el anzuelo tabasqueño y criticaron fuertemente a Obrador, quien tiene muchas posibilidades de convertirse en Presidente de la República y con ello en Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Mientras el almirante Soberón calificaba de “simplista” la forma en que AMLO estaría percibiendo soluciones o vías de salida al problema de la inseguridad, el general Cienfuegos advertía que sería un “gravísimo error” pensar siquiera en esa posibilidad, porque “esa gente le ha hecho mucho daño al país”.

López Obrador y su gente civil analizan las reacciones y replantean escenarios, mientras los encargados de abrirles puertas en las principales oficinas del Ejército y la Marina vuelven a picar piedra para ser atendidos sin uniforme de por medio.

Y mientras esto ocurre, justo en el día en que en el Senado de la República se discute la Ley de Seguridad Interior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanza como dardo al pecho su Recomendación 54/2017 contra la Sedena, por violaciones graves cometidas por personal del Tercer Batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas e contra de tres civiles, en enero de 2016.

¿Así o más claro?



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