Historia detrás de una protesta en el penal militar de Mazatlán



Fue una huelga de hambre de seis días al interior de la prisión militar de Mazatlán, Sinaloa, que puso en evidencia de nueva cuenta el amaño que existe en los juicios contra oficiales del ejército acusados de delitos fundados en testimonios obtenidos vía tortura. El caso del teniente de caballería Roberto Armando Garibaldy Valdez, ilustra de nueva cuenta cómo operó la “justicia de mando” en el teatro de operaciones de Sinaloa durante la guerra contra el narco del calderonismo, que a la fecha se ventila en distintos juicios en país donde ha quedado de manifiesto lo que los procesados consideran una “perversión política” de uso indiscriminado de testimonios falsos para justificar crímenes que siguen impunes.

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México, 12 de octubre.- Era mayo del 2010 cuando el quinto batallón de fuerzas especiales llegó a Culiacán, procedente de su base en Tijuana. Su misión era apoyar las operaciones militares de “alto impacto” contra el narco, que por entonces se realizaban en Sinaloa. Cuando arribaron al cuartel de la novena zona militar en la capital del estado, el entonces comandante el general de brigada Noé Sandoval Alcázar, los reunió en la explanada donde les dio un mensaje.

—A mí no me gusta llamarle todos los días a mi general Galván (Guillermo Galván Galván) y decirle sin novedad. Yo siempre debo reportar resultados—decía Sandoval al comentar que el reporte diario al entonces secretario de la Defensa Nacional debería incluir siempre novedades.

Sandoval Alcázar era en aquel entonces comandante de la novena región militar en Culiacán, poco después fue ascendido a divisionario y enviado a Monterrey, donde se hizo cargo de la comandancia de la cuarta región militar. En esa posición fue uno de los aspirantes a ocupar el cargo de secretario de la Defensa Nacional, no le alcanzó y fue nombrado Oficial Mayor de la Sedena, tiempo después cuando pasó a retiro el general de división Virgilio Daniel Méndez Bazán quien era subsecretario, ocupó ese puesto hasta el año pasado cuando pasó a retiro.

La llegada en la primavera del 2010 del Quinto Batallón de Fuerzas Especiales a Culiacán, que entonces estaba al mando del coronel de infantería Miguel Ángel Campos Chavarín, era para realizar operaciones contra los dos bandos en los que se había fragmentado el cartel del Pacífico. De un lado los Beltrán Leyva, del otro las facciones del “Chapo” Guzmán e Ismael “el Mayo” Zambada. La captura en enero del 2008 de Alfredo Beltrán Leyva, atribuida a una delación de Joaquín “el Chapo” Guzmán, había provocado la ruptura al interior de la otrora Federación, donde junto a los Guzmán y los Beltrán, las cabezas eran los jefes de los clanes Esparragoza, Zambada y Carrillo.

En su paso por Sinaloa el registro de quienes integraban el batallón, recopilado por los oficiales subalternos, decía que en esa misión se obtuvieron “excelentes resultados, como aseguramiento de droga, armas, dinero en efectivo y vehículos”.

El contexto de la intervención de la unidad de fuerzas especiales en la capital sinaloense eran las balaceras, asesinatos continuos, y hallazgos de osamentas. Por esos días ocurrió la muerte de un par de civiles la cual fue atribuida a elementos del ejército, vino entonces una protesta que se transformó en manifestación a las afueras del cuartel de la zona militar. Los familiares de las víctimas aseguraban que los responsables habían sido soldados, quienes se los llevaron, los torturaron e incineraron adentro de una camioneta.

Aquella protesta caló en la opinión pública, la denuncia circuló en medios locales y en páginas de internet. A nivel nacional hubo eco de la protesta, que empataba por entonces con otras denuncias similares que ocurrían en distintos puntos del país como Chihuahua, donde también se realizaba una operación militar contra el narco.

El general Sandoval ordenó que se abriera una investigación a cargo de la Policía Judicial Federal Militar, donde un grupo llegó a Culiacán al mando del capitán Joel Sotelo Vázquez, un oficial que hoy día ya está retirado. Los reportes señalaban que 13 efectivos de tropa pertenecientes al batallón fueron detenidos. Testigos del caso acusaron que fueron torturados y obligados a firmar declaraciones hasta por tres ocasiones diferentes. Bajo presión los soldados culparon de la muerte de los dos civiles al teniente Roberto Armando Garibaldy Valdez y a su colega de rango Jaime Cruz Santiago.

Los tenientes Garibaldy Valdez y Cruz Santiago fueron detenidos y permanecieron durante ocho días incomunicados en las instalaciones de la novena zona militar, sometidos a presión y tortura. Fueron consignados en el verano del 2010 acusados de homicidio calificado, imputaciones mientras realizaban labores de seguridad pública por órdenes del general Galván.

Juicio amañado
A manera de protesta por el cúmulo de violaciones a sus garantías individuales, que asegura, han caracterizado el juicio en su contra, el teniente Garibaldy Valdez inició una huelga de hambre el pasado 5 de octubre en la prisión militar de la Tercera Región Militar, en Mazatlán, Sinaloa.

En una misiva enviada a este blog, el teniente Garibaldy Valdez, oficial de caballería, señala que van más de siete años en los que durante varios careos y diligencias, los soldados que lo acusaron negaron la historia ya que fueron obligados bajo tortura a firmar lo que les pusieron enfrente. Quedó claro en careos constitucionales que fueron obligados a mentir, asegura.

El proceso en todo momento ha sido obstaculizado, prueba de ello es que más de siete años después aún no hay sentencias en firme, señala. Con un fallo de un consejo de guerra que los condeno a 45 años de prisión, éste fue revocada porque la autoridad militar no resultó competente para conocer el caso, ya que había civiles involucrados. En el año 2012 la causa penal pasó al ámbito federal y quedó adscrito al juzgado segundo de distrito en procesos penales federales en Culiacán.

En el año 2015 el juez dictó sentencia por 30 años, la cual fue revocada por un tribunal unitario por violaciones en el procedimiento.

“Estas violaciones no han sido corregidas porque su naturaleza las hace imposibles de reparar, como es el hecho de que el juez se niega a desechar las pruebas obtenidas con ilegalidad, ya que existen muchos testimonios del propio personal militar testigo de la investigación irregular que hubo coacción y tortura para obtener las confesiones”.

La queja principal del teniente Garibaldy es contra la actuación del juez federal Pedro Jara Venegas, quien se niega a cerrar la causa penal con argumentos que no acatan lo dispuesto en el fallo del tribunal unitario.

El funcionario judicial esgrimió que no es procedente el cierre de la causa porque el coacusado el teniente Cruz Santiago, se niega aun a cerrar su causa. Este hecho según la defensa de Garibaldy de manera legal no es impedimento para que concluya su causa y sea sentenciado.

La historia detrás

El caso de los dos civiles que fueron asesinados presuntamente por militares, ocurrió en el área donde operaba el Quinto batallón de fuerzas especiales. Los primeros peritajes demostraron que las víctimas perdieron la vida por disparos de fusil AK-47, arma que no es de uso oficial en las fuerzas armadas.

La versión que los miembros del batallón conocieron en aquel momento fue que se buscó calmar la protesta de los civiles, y se optó por encarcelar a los dos oficiales por órdenes del general Sandoval Alcázar. Pese a que nunca se demostró que hubieran sido militares los que ultimaron a los dos individuos.

Las familiares se manifestaron diciendo que fueron personas vestidas de militares y preguntaron a la novena zona militar, la cual negó todo, con oficios y partes informativos de los movimientos de tropas. Después se aclaró que no estaban en la zona militar los civiles que buscaban. Después las familias pusieron denuncia donde decían que fueron militares, en exámenes de testigos señalaron que a ellos les dijeron que mencionaran que habían sido los soldados.

Había una certeza que por información de inteligencia se había corroborado desde tiempo atrás: los narcos ya usaban desde entonces uniformes similares a los del ejército, era su modus operandi. Se documentó también durante el juicio que el teniente Garibaldy se encontraba en otro lugar diferente al sitio que mencionaron y donde presumiblemente ocurrieron los hechos.

La hipótesis de los militares acusados, era que fue gente del narco quienes hicieron eso.

Fin de una huelga

La huelga de hambre del teniente Garibaldy Valdez orilló a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos enviara un visitador el pasado lunes 9 de octubre al penal castrense que se encuentra dentro de las instalaciones del cuartel de la Tercera Región Militar, en Mazatlán.

El visitador Benjamín Vergara, de acuerdo a la abogada Ana Lucía Zavala Rodríguez representante del oficial procesado, se comprometió a que la CNDH intervendría ante el Poder Judicial de la Federación para que se cerrara la instrucción y se pusiera el caso en vista para sentencia.

El pasado miércoles 11 de octubre el teniente Garibaldy fue notificado del cierre de instrucción que antecede al cierre de la causa y durante la tarde dio por finalizada su huelga de hambre. También levantó una protesta que mantuvo a las afueras de la CNDH en la ciudad de México la representante legal.

El visitador se entrevistó en el penal de Mazatlán con otros procesados que atraviesan por una situación similar de prisión preventiva prolongada. Entre los militares con los que platicó sobre su situación procesal se encontraban el mayor Alejandro Rodas Cobón, quien lleva ocho años en prisión preventiva; el subteniente Mauricio Esteban Pérez Landón, quien lleva 12 años; el sargento Alberto Alvarado Vázquez, con ocho años y el soldado Jorge Rojas Marroquín con cinco años.

 

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estadomayor.mx



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  1 para “Historia detrás de una protesta en el penal militar de Mazatlán

  1. julion
    12 de octubre del 2017 en 14:52

    en la cuarta región militar, el general Sandoval era una rata de primera nos quitaba todo lo que los empresarios nos daban, como vales de despensa de SORIANA, apoyo ecónomico y aparatos electrodomésticos para ser repartidos para el personal a su mando en apoyo al combate a la delincuencia organizada en los estados de nuevo, león y tamaulipas, pero todo se quedaba para su beneficio propio y todo era repartido para su familia y los muebles y aparatos los mandaba en un trailers para su ciudad natal culiacan y muchas cosas mas que hacia de la suya.

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