Modernización militar, opaca y sin control (I)



DSC_0175Al inicio de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió con las fuerzas armadas a sacar adelante sus urgentes proyectos de modernización, a cualquier costo. El plazo vence en 2018, el año en que Peña termina su mandato. Expertos en seguridad y armamentismo señalan los avances logrados, pero reconocen también graves fallas en la misión, tales como falta de transparencia y ausencia de mayor control en la compra de armamento.

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México, 8 de septiembre.- México se moderniza militarmente, pero lo hace con escasos controles civiles para tener una adecuada rendición de cuentas.

Sus gobiernos compran armas y equipo de manera discrecional, pasando por alto en muchas ocasiones las necesidades y requerimientos bélicos reales.

¿De veras está en un proceso irreversible y comprando lo necesario para tener unas fuerzas armadas que se codeen por igual con las de otros países como lo anticipó el secretario de la Defensa Nacional hace dos años?

En cuatro años de mandato, el gobierno federal ha autorizado presupuestos para el Ejército (incluyendo la Fuerza Aérea-FAM) y la Marina por un monto de al menos 370 mil 466 millones, 109 mil 709  pesos ($ 269 mil 571 millones, 894 mil 907 pesos para Sedena y 100 mil 894 millones, 214 mil 802 pesos para Marina), cantidad de la cual surgen algunos recursos para la compra de material bélico.

La parte sustantiva de estas compras proviene del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM), así como de mecanismos de financiamiento bancario para manejo de la deuda adquirida.

Los recursos del fideicomiso son concentrados en el Banco del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (Banjército), mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actúa como fideicomitente (quien trasmite el bien o bienes objeto del fideicomiso) en el FPAPEM.

El manejo final de todo el dinero y la supervisión de lo que se hace con el queda en manos de la Dirección General de Administración (DGA) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Para la compra de armas y equipo militar el esquema de Arrendamiento Financiero ha resultado idóneo en la cobertura de las necesidades del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. El Arrendamiento Financiero es operado por el Banco de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que compra el armamento y el equipo militar requerido, lo paga de inmediato, amortiza costos y asume el control del bien en tanto la dependencia cubre el monto en varias etapas.

Además, para el caso de las fuerzas armadas, existen otros mecanismos de adquisición o recepción de material y equipo bélico, como la Iniciativa Mérida, instrumentada en el sexenio de Felipe Calderón (diciembre de 2008) y reforzada en la actual administración para suministrar aeronaves, helicópteros, equipo y entrenamiento destinados al combaste al narcotráfico.

Los detalles y la forma en que operan el fideicomiso para compras militares, el mecanismo de arrendamiento financiero y la Iniciativa Mérida, son temas vedados a la opinión pública y a la prensa nacional y extranjera bajo el argumento del secreto fiduciario y de daños probables y posible a la seguridad nacional por difundir la manera en que se efectúan las compras bélicas.

En 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó los números de la Sedena con respecto a las aportaciones del gobierno de los Estados Unidos a la Iniciativa Mérida.

El Informe titulado Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 abordó lo referente a los mecanismos con los que el gobierno norteamericano manejaría los 1,400 millones de dólares iniciales para la operación de la iniciativa.

El documento de la ASF advertía desde entonces sobre las dificultades para darle seguimiento al destino y uso final de los recursos entregados por el gobierno estadunidense desde su propio origen. Existen al menos tres cuentas bancarias para mover el dinero de la iniciativa, pero el problema radica en que cada una de las agencias involucradas en el mecanismo de cooperación tiene sus propias reglas y formas de operar el dinero aportado, indicaba la ASF al hacer referencia a los señalamientos de la U.S. General Accountability Office (GAO) acerca de las irregularidades para conocer con claridad qué se hacía con el dinero enviado a la iniciativa.

“La GAO señala en su informe la dificultad en el seguimiento de las erogaciones de los recursos destinados a la Iniciativa Mérida, debido a que las agencias estatales de EUA llevan diferentes métodos para el seguimiento de los recursos presupuestales ejercidos, así como distintas condiciones presupuestarias y distintas bases de datos para la administración de los recursos, ya que en EUA no se cuenta con una base de datos consolidada para el seguimiento de los recursos de la Iniciativa Mérida”, indicaba el documento de la ASF.

En 2015 la ASF entregó el informe sobre el cumplimiento a las observaciones hechas a diversas secretarías y dependencias gubernamentales en años anteriores. El documento titulado Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas, con fecha de cierre al mes de septiembre, reveló manejos irregulares en el FPAPEM en una parte del procedimiento en la compra del avión presidencia, un jet Boeing-787 cuyo costo fue superior a los siete mil millones de pesos.

La acción promovida por la ASF fue la 12-9-07100-02-0340-08-003, dirigida al Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedena para que investigara a los militares responsables de haber seleccionado el jet Boeing-787 Dreamliner, sin haber consultado otras opciones y sin contar con elementos técnicos para sustentar la selección.

La ASF planteó así la solicitud al OIC militar, que emitió una Resolución Definitiva:

“Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, elaboraron el estudio denominado “Adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor”, sin contar con los elementos técnicos y económicos suficientes que acrediten la selección de la aeronave que sirvieran de base para evaluar el proyecto de inversión; además, de que el proceso para seleccionar a la aeronave B-787-8 fue regularizado, toda vez que siete meses antes de que se elaborara el estudio denominado “Adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor, ya se habían llevado a cabo reuniones con personal de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y del proveedor con el fin de adquirir un avión B-787.

La Sedena, a través del director del OIC, contestó en el Oficio A.Q.26345 del 31 de octubre de 2014, que el asunto se archivaba en definitiva porque “no existieron elementos de prueba que acrediten de forma fehaciente que algún servidor público adscrito a la SEDENA haya cometido actos u omisiones de carácter administrativo de los señalados en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”.

(http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/Camara_Diputados/2015/300915/contenido/Entidades/07_SEDENA.pdf)

El informe documenta otros casos de uso indebido del FPAPEM, como la ampliación del nuevo estacionamiento de la Sedena, hecha con recursos del fideicomiso para compra de armamento y equipo militar. La ASF pidió una investigación argumentando que los recursos del fideicomiso no debieron utilizarse para dicha obra ya que esos no son los fines ni la naturaleza del FPAPEM.

Nuevamente el OIC de la Sedena contestó archivando en definitiva el asunto por no existir elementos de responsabilidad del personal encargado de la obra.

Poca claridad

La doctora Victoria Livia Unzueta, asesora en seguridad nacional y fuerzas armadas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, sostiene que la modernización de las fuerzas armadas es un hecho pero que se da en condiciones de enorme opacidad, como nunca antes había sucedido.

Uno de los ejemplos más claros lo vemos en la Iniciativa Mérida, mecanismo que en realidad obliga al gobierno mexicano a establecer compromisos comerciales una vez que se comienza a recibir la asistencia militar y técnica por parte de los Estados Unidos, asegura la especialista.

Lo que sucede con la iniciativa es que terminan cambiándola por especie; ellos te dan el dinero y al final te dicen qué comprar y a quién comprarle, explica la asesora en seguridad nacional.

“En realidad no te están dando el recurso así nada más, lo que están haciendo es darte lo que ellos quieren que tengas para que más adelante te obligues a comprarles refacciones, adiestramiento y todo lo que conlleva tener los aparatos”, agrega.

En el caso del arrendamiento financiero contratado con Banobras, sus procedimientos tampoco son transparentes, dice, porque constituye una forma de deuda pública que al final no es contabilizable, “porque no es una deuda contratada, es una renta de financiamiento; es un mecanismo no muy claro que más bien tiene que ver con el encubrimiento de la deuda real, agrega Unzueta”.

En sentido contrario, el especialista en comercio internacional de armas, Iñigo Guevara, considera que las compras han sido definitivamente coherentes ya que se ha buscado, en la medida posible, la homogeneidad de las plataformas.

De esa manera, explica, el UH-60M Black Hawk se convierte en el helicóptero multipropósito estándar para los tres servicios aéreos. Al mismo tiempo, el avión de fabricación estadunidense T-6 Texan II, se ha convertido en el principal aparato de apoyo táctico para la FAM y Marina.

Guevara, quien también es analista en la publicación británica especializada en temas militares Jane´s, no ve en la compra de aeronaves o material bélico compromisos o presiones políticas y comerciales para México. Todo obedece a un pragmatismo operativo y a un pensamiento a largo plazo, dice.

“El equipo estadounidense y europeo por lo general es más costoso de adquirir, pero cuenta con un ciclo de vida mucho más largo que el ruso. Como ejemplo, todos los Mi-8 adquiridos alrededor de 1994 ya han sido dados de baja, lo mismo con los Mi-26 adquiridos en 1999 y 2000, mientras que los Mi-17 comprados en 1997-1999 llegarán al final de su ciclo de vida en 2017-2019”.

En cuanto a los seis aparatos UH-60 Black Hawk adquiridos por la FAM entre 1991 y 1994, señala que estos continúan en servicio y “tras una ligera modernización estarán listos a continuar otros 15 a 20 años”.

Miguel Tierno Anaya, forista especializado en temas bélicos desde 2003, coincide en que la modernización del ejército y la fuerza aérea “comienza a tener congruencia” con la compra de aviones y helicópteros multipropósito, cuyas características tienden a una homogeneización entre las tres fuerzas armadas.

Sobre la compra en el pasado de material aéreo de la ex Unión Soviética, señala que a partir de 1993 o 1994 aproximadamente, la Secretaria de Marina abrió el camino con la incorporación de aeronaves rusas y posteriormente siguió la FAM al adquirir hasta 36 helicópteros Mi-8/Mi-17, 4 Mi-2 y 2 Mi-26.

Sin embargo, dice, desde que terminó el sexenio de Ernesto Zedillo, la Fuerza Aérea  no ha vuelto a adquirir ninguna aeronave nuevo o usada de origen ruso.

Esto se debe a que “no ha habido la necesidad de hacerlo, aunque para el bienio 2009/2010 la FAM empezó a dar de baja los helicópteros Mi-8 por haber llegado al final de su vida útil”.

Por eso se buscó un modelo nuevo, moderno y que además su fabricante comprometiera inversiones en México. Tal fue el caso de la firma Eurocopter, que le ofreció a la Sedena su modelo EC-725 Cougar, del cual se compraron 12 unidades. ¿Qué factores pudieron haber influido pues son factores políticos, geográficos, económicos, compensaciones industriales. De todo un poco, añade.

Iñigo Guevara, Miguel Tierno y Victoria Livia Unzueta coinciden en señalar que la opacidad y la falta de mecanismos para que desde el ámbito civil se supervise a detalle la compra de armamento por parte del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina sigue siendo una constante en el tiempo.

Guevara insiste en que se debe mejorar la calidad de la transparencia en este tema y agrega que “si bien la mayoría de la información está disponible en diversas bases de datos del gobierno, debe de ser explicito el número y modelo de activos que se adquieren, el precio y las condiciones de llevaron a su selección, (así como) los otros modelos y propuestas consideradas”.

La idea de que revelar esta información daña o pone en peligro a la seguridad nacional “no es precisa”, dice.

Jorge Medellín

@JorgeMedellin95

Estado Mayor MX

 



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  1 para “Modernización militar, opaca y sin control (I)

  1. Jose Santiago
    09 de septiembre del 2016 en 15:51

    Ahora mismo es importante iniciar ya el proceso de análisís de los futuros jets de pelea y mientras tanto un sistema de defensa antiaérea. Aumentar la dotación de equipos Igla y RPG-29 para la infantería de las fuerzas armadas y considerar munición LAHAT para la artillería de 105 y 106 mm.

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