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México, 3 de junio (El Universal).- Lo más valioso que hemos logrado construir colectivamente en este hemisferio para defender y expandir los derechos humanos y las libertadas públicas corre serio peligro. Se trata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -para muchos observadores imparciales-, unas de las pocas instituciones con credibilidad y que funciona en la OEA. La comisión y se Relatoría Especial para la Libertad Expresión (mecanismo de los más importantes progresos alcanzados en ámbitos tan diversos como la despenalización de calumnias e injurias y derogación de normas descriminatorias.
Pues bien, si este órgano ha sido tan exitoso, ¿por qué se ha desatado una verdadera campaña en su contra? Muy sencillo: por que ha tocado intereses importantes de gobiernos con claras tendencias autocráticas o lo suficientemente poderosos como para creer que tienen el peso para no rendir cuentas de sus políticas o prácticas a un órgano de supervisión regional. Lamentablemente, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en lugar de ejercer liderazgo para proteger a esta importante institución, en la práctica, se ha sumado a esfuerzos que la debilitan, Si la OEA reunida en Bolivia, apruebal el informe elaborado por el secretario, se reducirá la independencia de la Comisión, al otorgarle a la Asamble General poderes para redefinir lo que la Comisión y sus relatorías puedan hacer o no.
Insulza propone reformar el estatuto de la Comisión en áreas clave para la protección como son las intervenciones urgentes de la Comisión, la tramitación de los casos y algo que incomoda a quienes más violan los derechos humanos, como son los informes de los países. Por ejemplo, en este último punto, el secretario general propone que los mismos Estados monitereados por la Comisión sean quienes definan los términos de esa supervisión con la posibilidad, además de dilatar hasta por un año la publicación de estos informes, condenándolos a la irrevelancia, Lo ciertos es que estos ataques no son nuevos.
Desde 1993 se vienen registrando esfuerzos para desacreditar o recrotar las facultades de la Comisión, Gobiernos de distinto tinte ideológico, pero con nostalgia para la soberanía y el principio de no injerencia, descrubieron la fórmula perfecta; grupos de trabajo eufemísticamente se les llama en la OEA de “fortalecimiento del sistema de derechos humanos”, cuando lo que realmente buscan es su debilitamiento y, si pudieran, hasta su sustitución. En estas instancias conviven gobiernos que abiertamente intentan limitar las principales atribuciones más dañinas; lo cual sumado al apoyo de la sociedad civil, ha permitido a la Comisión sortear con relativo éxito estos procesos inquisitoriales.
Ha costado un gran esfuerzo mantener esta discusión dentro de ciertos cauces, bajo el supuesto que se trata de elaborar recomendaciones no vinculantes. Durante más de 30 años no se ha tocado el estaturo, primero, por que no se justifica y segundo, por que no hay condiciones políticas con gobiernos declarados enemigos de la Comisión. No es sorpresa para nadie que los gobiernos del ALBA estarán muy complacidos de participar en un proceso de reforma de la Comisión y su Relatoría. Lo que sí se puede sorprender a muchos es que a Brasil también apoye esta estrategia.Es decepcionante que un país que aspira a asumir responsabilidades globales, incluso en derechos humanos, y que jura adhesión al multilateralismo, siga boicotando a la Comisión después que ésta tuviera la osadía de solicitarle información sobre el impacto de un proyecto hidroeléctrico para comunidades indígenas del Amazonas.
El secretario genetal justifica este nuevo camino sosteniendo que generará más seguridad jurídica y mejor protección. A juzgar por el récord de algunos gobiernos con sus propios ciudadanos -especialmente aquellos que buscan perpetuarse en el poder- me temo que el secretario está equivocado.
José Miguel Vivianco es director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Opinión
El Universal.