Protocolos para “portarse bien”

México, 25 de Abril (Milenio).-A punto de terminar su gobierno, el presidente Felipe Calderón recibió los protocolos para el uso de la fuerza, preservación de evidencias y presentación de detenidos ante las autoridades.

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Dichos protocolos, que establecen los casos y condiciones en que la fuerza debe ser utilizada con “legalidad, oportunidad, racionalidad y proporcionalidad”, se derivan del convenio firmado por las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública.

Se trata, según explicó el propio presidente Calderón, de puntualizar cómo y en qué circunstancia debe usarse la fuerza del Estado contra presuntos delincuentes y las condiciones en que deben presentarse los detenidos ante las autoridades ministeriales y judiciales.

En dichos protocolos se establece igualmente el tratamiento correspondiente a las pruebas encontradas para que los jueces tengan elementos suficientes al imponer sanciones y de esta manera las dependencias firmantes cuenten con una base legal para realizar sus tareas.

Entre los protocolos se encuentran aquellos para el uso de la fuerza de las secretarías de Seguridad Pública, Defensa, Marina y Procuraduría General de la República. De esta manera, policías, soldados y marinos tendrán guías puntuales para su actuación en los enfrentamientos con los criminales.

Por otra parte, Human Rights Watch envió hace unos días una carta al presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República en la que presenta algunas observaciones sobre los distintos proyectos legislativos de reforma al Código de Justicia Militar que están siendo elaborados en la cámara alta.

Human Rights Watch sostiene que es sumamente positivo que los legisladores estén evaluando reformas que podrían abordar una de las causas fundamentales de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos cometidas por militares, “un problema que se manifiesta en México desde hace tiempo”.

En dicha carta se exponen tres principios que resultan indispensables para asegurar que presuntos abusos cometidos por personal militar sean investigados y juzgados en un sistema de justicia penal ordinaria, independiente e imparcial, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación.

Human Rights Watch dice haber documentado abusos cometidos por militares y miembros de otras fuerzas de seguridad contra civiles, especialmente aquellos perpetrados en el contexto de la iniciativa de lucha contra el narcotráfico impulsadas por el gobierno del presidente Calderón.

La andana que se soltó contra el Ejército indica que una de las principales causas por las cuales persisten los abusos militares es que los soldados que los cometen casi nunca rinden cuentas por sus actos. Y una de las razones fundamentales que permiten que no sean juzgados y castigados es que continúan siendo investigados y procesados en el sistema de justicia militar, “que carece de la independencia e imparcialidad necesarias para juzgar a sus miembros, y que no ha cumplido su obligación de garantizar un recurso judicial efectivo a las víctimas”.

Sin embargo, es el propio Presidente quien sale en defensa del Ejército, contra los de afuera y los de dentro, al señalar el pasado día 21, al conmemorarse el 98 aniversario del puerto de Veracruz y la ceremonia de Jura de Bandera de los cadetes del primer año de la Heroica Escuela Naval Militar: “Su esfuerzo y sacrificio es y será reconocido por todos los mexicanos, ya que los marinos salvaguardan la soberanía y la seguridad nacional”.

En esa oportunidad, Calderón destacó la importancia de los elementos de la Marina-Armada, del Ejército y de la Policía Federal en la lucha por la seguridad de las familias mexicanas.

Sostuvo que las fuerzas armadas cumplen con su deber constitucional combatiendo a los criminales con apego a la ley y respetando los derechos humanos.

En reconocimiento a esa labor, el Presidente pidió se guardase un minuto de silencio por quienes, en cumplimiento de sus labores perdieron la vida en manos de la delincuencia.

Y más aún, el Presidente aseguró que las instituciones encargadas de la seguridad en México no claudicarán en la protección de la población y la defensa de las instituciones ni se dará tregua a los criminales.

Sin que quede duda, el Presidente instruyó a las fuerzas armadas continúen trabajando y luchando por el México seguro, justo y próspero que la sociedad mexicana anhela.

Queden pues esos protocolos para la investigación policiaca, pues la labor del Ejército es otra muy diferente, es decir, si queremos tener un país más seguro, porque en aras de proteger los derechos humanos de los delincuentes, los legisladores están dejando sin marco legal para actuar a las fuerzas armadas y más aún, cuando actúan habrá consecuencias para los militares.

Javier Ibarrola

Opinión

Fuerzas Armadas

Milenio

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