México, 4 de marzo .- El jueves 27 de febrero fueron enviados a Estados Unidos de forma expresa y sin mayor trámite, 29 líderes y destacados operadores del narcotráfico mexicano. Las biografías de algunos de ellos resumen 40 años del crimen organizado como el caso de Rafael Caro Quintero, acusado de la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar ocurrido en marzo de 1985. Otros como el de los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, retratan la pesadilla de barbarie y terror que significa para el país la organización paramilitar denominada Los Zetas, que encabezaron al caer sus líderes fundadores.
La noticia sacudió la agenda informativa binacional y hasta esta primera semana de marzo, no quedaba claro si el objetivo para el cual se aludió a un asunto de seguridad nacional, sirvió para aquilatar la presión estadounidense que amenaza con asfixiar la economía mexicana por medio de los aranceles que arrancarán este martes 4 para algunos productos mexicanos. El envío de 29 líderes y operadores del narcotráfico mexicano a los Estados Unidos fue bien recibido por las agencias de seguridad norteamericanas y por Marco Rubio, titular del Departamento de Estado. También le dio un respiro a la relación bilateral ante el peso simbólico y significado que tienen algunos de los reos que aterrizaron en distintos aeropuertos de la Unión Americana durante la tarde del jueves 27 de febrero.
La lista la encabezó Rafael Caro Quintero, un aristócrata del narco mexicano, miembro de una familia donde él representó a la tercera generación de traficantes en una época donde el auge de la cocaína y el peso de la geopolítica marcaron el último tramo en libertad de su carrera criminal. Cuando en febrero de 1985 fue seuestrado en Guadalalara el agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar, cuyo cuerpo apareció con huellas de tortura el 6 de marzo en un predio aledaño a un rancho en los límites de Jalisco y Michoacán, la agencia lo convirtió desde entonces en su objetivo principal. Durante cuatro décadas buscó llevarlo ante la justicia estadounidense por el asesinato de “Kiki”, algo que festejaron el mismo día que se anunció que estaba camino a Nueva York, donde compareció el viernes por primera vez, y donde se declaró no culpable de los cargos de tráfico de drogas.
La historia detrás del secuestro, torturas y asesinato de “Kiki” Camarena ha sido en cuatro décadas un rompecabezas donde el gobierno mexicano y sus principales dependencias de seguridad, la secretaría de Gobernación por medio de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), la secretaría de la Defensa Nacional y el Estado Mayor Presidencial (EMP), son piezas que aparecen en algun momento de la trama. El caso podría iniciar con el crimen en mayo de 1984 del periodista Manuel Buendía, quien de acuerdo a libros como “Buendía. El primer asesinato de la narcopolítica en Méxioco”, del finado periodista Miguel Angel Granados Chapa, aporta datos sobre cómo el columnista –considerado el mejor informado y mas importante de la época—recopiló diversa información que daría a conocer sobre el rancho el Búfalo, que tenía un cantidad importante de hectáreas semabradas de marihuana y otras tanta con naves industriales para almacenarla en el municipio de Allende, Chihuahua. El dato era que estaba custodiado por militares y por agentes de la DFS.
A la muerte de Buendía siguió la de Camarena, donde sale del “anonimato” Caro Quintero y se visibiliza más en los medios de comunicación figuras como Miguel Angel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo “don Neto”, señalados de ser líderes de lo que la DEA llamó “cartel de Guadalajara”, que en realidad era una confluencia de redes de familias, en su mayoría sinaloenses, que se conocían de décadas atrás y que por las operaciones militares de la “Fuerza de Tarea Cóndor” que bajo este concepto iniciaron en la sierra sinaloense y en Culiacán en 1977 para combatir el tráfico de drogas, salieron de su estado para establecerse en la capital tapatía. A la muerte de Camarena comienza a mencionarse que el móvil no solo era que fue quien identificó desde el aire del rancho de Caro Quinrero y socios, sino que además la CIA intervino para eliminarlo en virtud de la sospecha que pudo obtener información de una operación clandestina de la que a la fecha periodistas como Jorge Fernández Menéndez, Isabel Arvide y Rusell Bartley junto a Sylvia Erickson han mencionados en columnas y libros.
El primero refiere que Estados Unidos siempre sospechó que detrás de la muerte de “Kiki” estaban personajes como Manuel Bartlett. “Pero también había detrás un acuerdo de la CIA y los cárteles mexicanos para canjear armas por drogas, y asi, respaldar a la Contra nicaragüense en su base de Honduras; un acuerdo de la inteligencia estadounidense con la DFS y el cartel de Guadalajara que fue lo que detonó el asesinato de Camarena (y también el del periodista Manuel Buendía)”, escribió en su columna del pasado viernes 28. Por su parte Arvide contó en su libro “Mis Generales”, que en cierta ocasión viajó en la comitiva del presidente Miguel de la Madrid, invitada por el entonces jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP) Carlos Humberto Bermudez Dávila. La decana de la fuente militar cuenta que se percató que en una de las aeronaves del EMP venían cajas con armas que serían enviadas a Veracruz. En ese momento no supo más ni su amigo Bermúdez le dijo nada. Al tiempo sabría que pudo tratarse de una pista de esta trama.
Bartley y Erickson documentaron en “Eclipse of the Assassins. The CIA and the Slaying of Mexican Journalist Manuel Buendía”, el rol que tuvo la agencia detrás del crimen del columnista y en la información que tenía sobre la operación de armas para la Contra y droga para los cárteles. El papel de la CIA en el caso Camarena y de las armas quedó de nuevo expuesto por ex agentes de la DEA en la serie documental “The Last Narc”, estrenada por una plataforma de streaming en 2020.
ZETAS, JUAREZ, CNJG
La noticia del envío de los 29 líderes y personajes relevantes en las organizaciones del tráfico de drogas que estaban con pedido de extradición por Estados Unidos, se dio el mismo día que seis altos funcionarios del gobierno mexicano estaban de visita en Washington en reunión con el secretario de Estado Marco Rubio, el titular de Defensa Pete Hegseth y la fiscal general Pam Biondi. Al salir de la reunión Juan Ramón de la Fuente declaró que la cita había sido “muy positiva” al cumplirse todas las expectativas. Lo acompañaron en esa reunión los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana así como el fiscal general.
Después de Caro Quintero quien acaparó el reflector fueron los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, líderes de la banda criminal conocida como “los Zetas”, acusados de ser los autores intelectuales del asesinato del agente del Departamento de Seguridad Interior Jaime Zapata, acribillado cuando viajaba por carretera en San Luis Potosi en 2011. Ambos individuos estan sujetos a diversos procesos por tráfico de drogas, lavado de dinero y asesinato en una Corte de Distrito en Washington DC.
A Nueva York junto a Caro Quintero, llegó también sujeto a juicio por tráfico de drogas Vicente Carrillo Fuentes, ex líder del cártel de Juárez y hermano de Amado Carrillo Fuentes.
En la lista también estaba Erick Valencia Salazar, “el 85”, considerado cofundador del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido por segunda ocasión en 2022. Viajó junto a Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, señalado como operador financiero de esta organización además de ser hermano del líder y fundador del grupo criminal apodado “el Mencho”.
Las historias que saldrán en los próximos meses de las comparecencias judiciales y procesos de estos reos entregados por el gobierno mexicano, servirán para enterarse más de la parte oculta de los arreglos criminales donde el ingrediente gubernamental es omnipresente.
Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx